Respalda PAN que Rullán Silva comparezca ante el Congreso
VILLAHERMOSA, TABASCO, 29 DE ABRIL/ Diputados del PRI y PAN respaldaron el planteamiento de su homólogo del PRD, Jesús González, para que el fiscal superior, Francisco Rullán Silva, comparezca ante el Congreso y explique por qué razón un juez federal liberó al ex alcalde de Jalapa, Antonio Priego Jiménez, cuando su cuenta pública fue reprobada por supuestos malos manejos, con base al expediente que el OSFE entregó a la correspondiente Comisión Inspectora de Hacienda.
Advirtieron que es fundamental conocer cuáles fueron las supuestas irregularidades que encontró el OSFE, de qué manera las sustentó y que dieron pie para la reprobación de su cuenta pública del 2008, porque es “inexplicable” que el ex edil haya sido excarcelado y no vaya a resultar que se haya mandado a prisión a un “inocente” al que se le tendrá que ofrecer “disculpas”. El tema lo llevó a tribuna el diputado perredista, quien pidió la comparecencia de Rullán Silva para que “de manera clara, informe y explique la razón por la cual no se aportaron las pruebas suficientes para configurar el delito de peculado en contra de Antonio Priego Jiménez”.
Según el legislador el Órgano Superior de Fiscalización del Estado “dejó a las autoridades juzgadoras sin elementos para configurar el referido delito”, por lo que de “manera dolosa y negligente” el OSFE no aportó las pruebas “que en su momento se debieron haber exhibido, tal y como se le requirió al apoderado legal del Ayuntamiento de Jalapa, al dictarse el auto de término constitucional en contra del referido funcionario”.
Por ello, exigió que el fiscal superior comparezca y diga por qué motivo no se aportaron las pruebas para configurar el delito de peculado en contra de Priego Jiménez. La diputada del PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, consideró que se trata de un tema “delicado e importante”, porque es responsabilidad del Congreso calificar las cuentas públicas de los municipios, por lo que sí es necesaria la comparecencia de Rullán Silva para que informe a esta legislatura los hechos presuntamente delictuosos que se le imputaron a Priego Jiménez y los elementos de pruebas que se aportaron a la autoridad competente para demostrar la culpabilidad del ex edil jalapaneco. No vaya a resultar, dijo, que le hayamos reprobado la cuenta pública a un inocente al que se le tendría que ofrecer disculpas. Tenemos que saber, agregó, qué pasó en este caso, por qué de la “inexplicable” liberación de Priego Jiménez, por lo que no se trata de un asunto menos, sino de un hecho preocupante. Por su parte, el diputado del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, señaló que su preocupación porque este asunto puede sumir en el “descrédito” a una institución como el OSFE, porque con esta liberación se está mandando el mensaje de que los alcaldes o funcionarios públicos pueden hacer y deshacer sin ser castigados o que tienen “licencia para robar” y para que al final se declare que “no pasó nada”. Expresó que el Congreso representa la parte más “vulnerable” del proceso de fiscalización del gasto público, porque trabaja únicamente con la documentación que le envía el OSFE y su papel sólo consiste en revisar esos papeles y con base a ellos aprobar o reprobar las cuentas públicas.
Hoy, expuso, el ex edil de Jalapa, está libre, por lo que es evidente que el trabajo del órgano de fiscalización falló. En su turno, el diputado del PRI, Fernando Valenzuela Pernas, planteó que, independientemente del informe que deberá rendir al respecto el fiscal superior, también se debe pedir al Ayuntamiento de Jalapa que explique los elementos de prueba que presentó ante la autoridad ministerial. El también legislador priista, Humberto Villegas Zapata consideró que, por ser un asunto público, también se debe solicitar información al Poder Judicial para conocer los elementos que tuvieron para liberar al ex presidente municipal de Jalapa.
Advirtieron que es fundamental conocer cuáles fueron las supuestas irregularidades que encontró el OSFE, de qué manera las sustentó y que dieron pie para la reprobación de su cuenta pública del 2008, porque es “inexplicable” que el ex edil haya sido excarcelado y no vaya a resultar que se haya mandado a prisión a un “inocente” al que se le tendrá que ofrecer “disculpas”. El tema lo llevó a tribuna el diputado perredista, quien pidió la comparecencia de Rullán Silva para que “de manera clara, informe y explique la razón por la cual no se aportaron las pruebas suficientes para configurar el delito de peculado en contra de Antonio Priego Jiménez”.
Según el legislador el Órgano Superior de Fiscalización del Estado “dejó a las autoridades juzgadoras sin elementos para configurar el referido delito”, por lo que de “manera dolosa y negligente” el OSFE no aportó las pruebas “que en su momento se debieron haber exhibido, tal y como se le requirió al apoderado legal del Ayuntamiento de Jalapa, al dictarse el auto de término constitucional en contra del referido funcionario”.
Por ello, exigió que el fiscal superior comparezca y diga por qué motivo no se aportaron las pruebas para configurar el delito de peculado en contra de Priego Jiménez. La diputada del PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, consideró que se trata de un tema “delicado e importante”, porque es responsabilidad del Congreso calificar las cuentas públicas de los municipios, por lo que sí es necesaria la comparecencia de Rullán Silva para que informe a esta legislatura los hechos presuntamente delictuosos que se le imputaron a Priego Jiménez y los elementos de pruebas que se aportaron a la autoridad competente para demostrar la culpabilidad del ex edil jalapaneco. No vaya a resultar, dijo, que le hayamos reprobado la cuenta pública a un inocente al que se le tendría que ofrecer disculpas. Tenemos que saber, agregó, qué pasó en este caso, por qué de la “inexplicable” liberación de Priego Jiménez, por lo que no se trata de un asunto menos, sino de un hecho preocupante. Por su parte, el diputado del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, señaló que su preocupación porque este asunto puede sumir en el “descrédito” a una institución como el OSFE, porque con esta liberación se está mandando el mensaje de que los alcaldes o funcionarios públicos pueden hacer y deshacer sin ser castigados o que tienen “licencia para robar” y para que al final se declare que “no pasó nada”. Expresó que el Congreso representa la parte más “vulnerable” del proceso de fiscalización del gasto público, porque trabaja únicamente con la documentación que le envía el OSFE y su papel sólo consiste en revisar esos papeles y con base a ellos aprobar o reprobar las cuentas públicas.
Hoy, expuso, el ex edil de Jalapa, está libre, por lo que es evidente que el trabajo del órgano de fiscalización falló. En su turno, el diputado del PRI, Fernando Valenzuela Pernas, planteó que, independientemente del informe que deberá rendir al respecto el fiscal superior, también se debe pedir al Ayuntamiento de Jalapa que explique los elementos de prueba que presentó ante la autoridad ministerial. El también legislador priista, Humberto Villegas Zapata consideró que, por ser un asunto público, también se debe solicitar información al Poder Judicial para conocer los elementos que tuvieron para liberar al ex presidente municipal de Jalapa.
