Reunión de seguimiento de medidas cautelares ordenadas por el CIDH
*Debido a las amenazas de muerte, de las que continúan siendo víctimas defensores de derechos humanos y personal del Albergue para Migrantes La 72, ayer en ese refugio tendría lugar una reunión de seguimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dichas medidas, cabe recordar fueron emitidas luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las del Mecanismo de la Ley de Protección para Defensores/as de Derechos Humanos y Periodistas fueron incumplidas.
Informaron lo anterior más de 30 organizaciones civiles integrantes del Foro Migraciones y defensores de derechos de los migrantes, quienes en un comunicado de prensa informaron que “se mantendrán atentos al desarrollo de la reunión citada y al cumplimiento en tiempo y forma de los compromisos que resulten”.
El Foro Migraciones denuncia que, a pesar de contar con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 19 de abril, los hechos recientes ocurridos en el Albergue para migrantes “La 72” en Tenosique, Tabasco, muestran el incumplimiento de las mismas y las consecuencias graves de no salvaguardar la vida de las/os defensores que ahí laboran.
Se recordó que el mes pasado se informó de la salida del albergue, por tiempo indefinido, de Rubén Figueroa, debido a que su vida estaba en alto riesgo y se dio a conocer que el lunes 1 de julio se registró una amenaza de muerte en contra de un voluntario del albergue por parte de un sujeto que amenazó con “darle piso”. Lo anterior, dice el comunicado, demuestra los riesgos que implica laborar en un albergue en la ruta migratoria y velar por la seguridad de las personas albergadas.
Desde el año 2011, se denuncia, Fray Tomás Gonzáles, responsable del Albergue, y su equipo de colaboradores, han sufrido una serie de continuas amenazas no sólo por la atención que ofrecen a personas migrantes en tránsito por el Estado de Tabasco, sino también por las denuncias judiciales y públicas en contra de agresores de migrantes y de autoridades que han violado de manera grave, los derechos humanos, las cuales se han intensificado desde el segundo semestre del 2012. Tales agresiones serían prevenibles si autoridades de los tres niveles de gobierno cumplieran con su deber de poner fin a la colusión con criminales, la participación en actos de agresión y la impunidad en la que los delitos cometidos contra migrantes y sus defensores han quedado sumergidos, agrega el Foro Migraciones.
