Sacudimos las viejas estructuras del poder
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, acusa una “intensa campaña de desacreditación” de las investigaciones en el caso Ayotzinapa, defiende las mismas y reitera que se seguirá avanzando en la “búsqueda de la verdad y la justicia“
Ciudad de México, nov 6 de 2022.– Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, acusó una “intensa campaña de desacreditación” de las investigaciónes que la Comisión de la Verdad (a cargo de él) ha realizado en torno al caso Ayotzinapa. Al mismo tiempo, defendió las mismas y reiteró que se seguirá avanzando en la “búsqueda de la verdad y la justicia“.
Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el funcionario destacó que ya se esperaba que hubiera “ataques” contra las indagatorias, ya que con éstas “se han sacudido las viejas estructuras del poder“. Al mismo tiempo señaló que “quienes apuestan a la impunidad” del caso “no se imaginaron que se tomarían acciones” para intentar esclarecer la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala.
Encinas señaló que pese a los “tropiezos”, la Comisión de la Verdad, así como la Fiscalía especializada, y el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), continuarán el trabajo para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“Queremos conocer la verdad de los hechos, encontrar a los muchachos y que haya justicia. Nuestro mandato es conocer la verdad. Mantenemos una estrecha relación con las familias, con la Fiscalía especial y en particular con el nuevo Fiscal”, sostuvo.
Finalmente, el Subsecretario reconoció que hay diferencias con el GIEI, sin embargo, dijo que conjuntamente están construyendo una ruta de trabajo conjunto y “nuevas líneas de investigación”.
“Nuestro trabajo es fortalecer este proceso de verdad y a diferencia del pasado, no buscamos construir un único e inatacable. Buscámos la verdad, conocer el paradero de los normalistas y dar satisfacción a la demanda de los padres y de la sociedad mexicana”, terminó el video.
Los dichos del funcionario federal surgen a seis días de que la mitad del GIEI anunciara que salía del grupo de investigaciones en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, ya que “el intento del Gobierno mexicano por acelerar los resultados del caso generan una mayor incertidumbre y enorme malestar, y ponen en riesgo la investigación”.
Por ello, el Grupo informó que se presentó una propuesta al Gobierno federal que significa su parcial salida de México. De aceptarse, sólo dos miembros del grupo se quedan el país y otros dos se retiran del caso.
Francisco Cox Vial, integrante del GIEI, dijo que el análisis forense a los mensajes de WhatsApp alerta que podrían ser falsos y “no pueden considerarse una prueba digital” porque tampoco puede confirmarse que fueron emitidos de los celulares de los que supuestamente salieron. Las capturas de pantalla sugieren que pudieron ser falseados.
Ángela María Buitrago alertó al Gobierno de México, a nombre del Grupo Interdisciplinario, que “la función de la asistencia técnica ha sido proporcionar evidencia contrastada” y que los informes presentados por el GIEI hasta ahora son el documento básico para las indagatorias.
Los expertos destacaron que hay una grave confusión en relación a las 83 órdenes de aprehensión que se giraron por el caso, entre ellas 20 de militares, y el desistimiento de mandatos judiciales por presiones del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero. Además, reiteraron su preocupación por la renuncia de Omar Gómez Trejo. Los integrantes del GIEI solicitaron de igual forma que las omisiones, filtraciones o intento de cambiar ciertas pruebas, deben de ser objeto de investigación.
EL PAÍS REVELA MÁS DETALLES SOBRE TEORÍA DE LA FGR
El documento del caso Ayotzinapa donde la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a 83 personas de participar en la desaparición de los 43 normalistas detalla cómo el grupo criminal Guerrero Unidos organizó una cacería el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, tratando de evitar que delincuentes rivales se escaparan del municipio. Todo con el apoyo de policías municipales, federales y militares, según revela el diario El País.
En el reportaje firmado por el periodista Pablo Ferri, y publicado la tarde del 5 de noviembre, se revela también que entre todos armaron un cerco alrededor de Iguala, acabando con la vida de al menos 26 personas, tres estudiantes normalistas, un futbolista, un taxista y su pasajera.
El documento de la FGR, al que El País tuvo acceso y que fue presentado ante un Juez en agosto pasado, detalla que “la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) pedía la detención, por diferentes delitos, de 20 militares, entre ellos los comandantes de los dos batallones de Iguala en la época, 25 policías de Huitzuco, una docena de policías estatales y de la Fiscalía de Guerrero, el Fiscal del Estado entonces, el jefe de Policía de Guerrero e integrantes de Guerreros Unidos, entre otros”.
De acuerdo con El País, el documento se basa principalmente en las declaraciones de nueve testigos protegidos, entre ellos cuatro antiguos integrantes de Guerreros Unidos, y mensajes de Blackberry intercambiados por miembros del grupo criminal interceptados por la DEA en Estados Unidos en la época del ataque.
La mayoría de los 83 señalados son acusados de delincuencia organizada o desaparición forzada, pero hay dos casos adicionales: dos expolicías de Guerrero acusados de tortura y homicidio por el caso del normalista Julio César Mondragón y a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y a dos informáticos del poder judicial del Estado señalados por obstrucción a la justicia.
El País revela que un choque entre el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, y el Fiscal General, Alejandro Gertz, a raíz de los tiempos de la detención de Murillo, acabó afectando el trabajo de la unidad.
Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el funcionario destacó que ya se esperaba que hubiera “ataques” contra las indagatorias, ya que con éstas “se han sacudido las viejas estructuras del poder“. Al mismo tiempo señaló que “quienes apuestan a la impunidad” del caso “no se imaginaron que se tomarían acciones” para intentar esclarecer la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala.
Encinas señaló que pese a los “tropiezos”, la Comisión de la Verdad, así como la Fiscalía especializada, y el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), continuarán el trabajo para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“Queremos conocer la verdad de los hechos, encontrar a los muchachos y que haya justicia. Nuestro mandato es conocer la verdad. Mantenemos una estrecha relación con las familias, con la Fiscalía especial y en particular con el nuevo Fiscal”, sostuvo.
Finalmente, el Subsecretario reconoció que hay diferencias con el GIEI, sin embargo, dijo que conjuntamente están construyendo una ruta de trabajo conjunto y “nuevas líneas de investigación”.
“Nuestro trabajo es fortalecer este proceso de verdad y a diferencia del pasado, no buscamos construir un único e inatacable. Buscámos la verdad, conocer el paradero de los normalistas y dar satisfacción a la demanda de los padres y de la sociedad mexicana”, terminó el video.
Los dichos del funcionario federal surgen a seis días de que la mitad del GIEI anunciara que salía del grupo de investigaciones en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, ya que “el intento del Gobierno mexicano por acelerar los resultados del caso generan una mayor incertidumbre y enorme malestar, y ponen en riesgo la investigación”.
Por ello, el Grupo informó que se presentó una propuesta al Gobierno federal que significa su parcial salida de México. De aceptarse, sólo dos miembros del grupo se quedan el país y otros dos se retiran del caso.
Francisco Cox Vial, integrante del GIEI, dijo que el análisis forense a los mensajes de WhatsApp alerta que podrían ser falsos y “no pueden considerarse una prueba digital” porque tampoco puede confirmarse que fueron emitidos de los celulares de los que supuestamente salieron. Las capturas de pantalla sugieren que pudieron ser falseados.
Ángela María Buitrago alertó al Gobierno de México, a nombre del Grupo Interdisciplinario, que “la función de la asistencia técnica ha sido proporcionar evidencia contrastada” y que los informes presentados por el GIEI hasta ahora son el documento básico para las indagatorias.
Los expertos destacaron que hay una grave confusión en relación a las 83 órdenes de aprehensión que se giraron por el caso, entre ellas 20 de militares, y el desistimiento de mandatos judiciales por presiones del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero. Además, reiteraron su preocupación por la renuncia de Omar Gómez Trejo. Los integrantes del GIEI solicitaron de igual forma que las omisiones, filtraciones o intento de cambiar ciertas pruebas, deben de ser objeto de investigación.
EL PAÍS REVELA MÁS DETALLES SOBRE TEORÍA DE LA FGR
El documento del caso Ayotzinapa donde la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a 83 personas de participar en la desaparición de los 43 normalistas detalla cómo el grupo criminal Guerrero Unidos organizó una cacería el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, tratando de evitar que delincuentes rivales se escaparan del municipio. Todo con el apoyo de policías municipales, federales y militares, según revela el diario El País.
En el reportaje firmado por el periodista Pablo Ferri, y publicado la tarde del 5 de noviembre, se revela también que entre todos armaron un cerco alrededor de Iguala, acabando con la vida de al menos 26 personas, tres estudiantes normalistas, un futbolista, un taxista y su pasajera.
El documento de la FGR, al que El País tuvo acceso y que fue presentado ante un Juez en agosto pasado, detalla que “la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) pedía la detención, por diferentes delitos, de 20 militares, entre ellos los comandantes de los dos batallones de Iguala en la época, 25 policías de Huitzuco, una docena de policías estatales y de la Fiscalía de Guerrero, el Fiscal del Estado entonces, el jefe de Policía de Guerrero e integrantes de Guerreros Unidos, entre otros”.
De acuerdo con El País, el documento se basa principalmente en las declaraciones de nueve testigos protegidos, entre ellos cuatro antiguos integrantes de Guerreros Unidos, y mensajes de Blackberry intercambiados por miembros del grupo criminal interceptados por la DEA en Estados Unidos en la época del ataque.
La mayoría de los 83 señalados son acusados de delincuencia organizada o desaparición forzada, pero hay dos casos adicionales: dos expolicías de Guerrero acusados de tortura y homicidio por el caso del normalista Julio César Mondragón y a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y a dos informáticos del poder judicial del Estado señalados por obstrucción a la justicia.
El País revela que un choque entre el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, y el Fiscal General, Alejandro Gertz, a raíz de los tiempos de la detención de Murillo, acabó afectando el trabajo de la unidad.
