Sanjuana, a un paso de recuperar su libertad, tras 15 años de prisión

San Luis Potosí, Cimacnoticias, 16 de junio de 2024.- Tras 15 años de prisión por un secuestro que no cometió, Sanjuana Maldonado Amaya, está a un paso de recuperar su libertad, toda vez que las comisiones de Justicia y Gobernación del Congreso del estado de San Luis Potosí aprobaron el pasado jueves, por unanimidad, el dictamen que le otorga el indulto.
Sanjuana Maldonado fue sentenciada en 2009 a 30 años de prisión por el delito de secuestro en el que, según evidencia su expediente, ni siquiera participó. Sin embargo, una deficiente defensa y la, entonces presente, “guerra contra el narcotráfico”, explican que no se haya probado su inocencia.
A inicios del presente año, la asociación civil Perteneces, tomó su caso e impulsó una campaña para la liberación de Sanjuana a través de la figura de indulto, dado que judicialmente ya no hay forma de revertir la sentencia impuesta.
La solicitud de indulto fue presentada por la organización el pasado 15 de febrero ante el Congreso del Estado y en abril se entregaron 17 mil 500 firmas como respaldo a la petición.
El pasado jueves, en sesión de las comisiones de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado de San Luis Potosí se analizó el proyecto de decreto que, “sustentado en los artículos 57 fracción XLV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 20 fracciones II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, concede el indulto a Sanjuana Maldonado Amaya”, de acuerdo con información otorgada por la propia AC.
El dictamen fue aprobado por unanimidad por ambas comisiones y, de acuerdo con el trámite, pasó a pleno para su análisis. Se espera que este dictamen se discuta en la próxima sesión plenaria del Congreso del estado, a realizarse el jueves 20 de junio. Para su aprobación requiere la votación a favor de, al menos, 15 congresistas. (mayoría simple, es decir, la mitad del pleno más uno).
Sanjuana Maldonado, actualmente se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social de “El Xolol” en Tancanhuitz, San Luis Potosí, y en caso de aprobarse la solicitud de indulto, sería liberada de manera inmediata una vez que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.
El caso de Sanjuana Maldonado se dio a conocer a profundidad en una serie de reportajes de investigación sobre Justicia Patriarcal, desarrollado por CIMAC en 2019:

Antecedente
Sanjuana, San Luis Potosí, 30 años de prisión por un secuestro que no cometió
“Les pido perdón si en algo me equivoqué, si tomé una mala decisión, y les pido una segunda oportunidad para estar con mi hijo”.
Es la solicitud que hizo Sanjuana Maldonado Amaya, potosina sentenciada a 30 años de prisión por secuestro agravado, un delito que asegura no cometió.
Su caso enfrentó irregularidades como no haber sido llevada directamente ante una autoridad; una defensoría deficiente que, pese a las pruebas ofrecidas, no pudo comprobar su inocencia, y la inaplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género.
Sanjuana vivió hasta los 18 años en la localidad de Charco Cercado, en el municipio de Guadalcázar. A esa edad emigró para estudiar la licenciatura en informática en el Instituto Tecnológico de Matehuala.
Le faltaba un semestre para concluir la carrera cuando conoció en noviembre de 2008 a José Cruz de la Rosa Rodríguez, quien se convirtió en su pareja.
Ella nunca supo con certeza en qué trabajaba, pero cuando fue detenido declaró que era lavacoches.
“Yo estaba sola ahí, en Matehuala, trabajaba (como cajera en una tienda de autoservicio) y estudiaba. Yo veía que él llegaba constantemente a la tienda y me preguntaba: ‘¿Cómo estás, hija, qué tienes, qué te hace falta, quieres que te lleve a la escuela, quieres que vaya por ti?’ Cosas de esas, detallitos que yo sí agradecía. Él tenía 36 años en ese entonces, yo tenía 21, iba a cumplir 22 apenas”.
Con el tiempo, José Cruz ejerció un control absoluto sobre Sanjuana, lo que afectó su desempeño en la escuela y la relación con su familia. Es por eso y porque “se exaltaba” que Sanjuana pensó en separarse.

EL TEMOR DE
SANJUANA
“Lo que me causó un poco de temor fue cuando lo dejé y me fui para el rancho.
Él no sabía dónde vivía, pero ese mismo día llegó hasta la puerta de la casa de mis papás, y yo dije: ¿cómo supo dónde vivo, cómo dio con mi familia?”.
Sanjuana relata que aceptó volver a su lado porque la amenazó con suicidarse si no lo hacía.
El chantaje, además de la violencia psicológica, fueron constantes en su relación, que duró siete meses. Ella se sentía comprometida con José Cruz porque siempre pensó que se casaría con la primera persona con la que tuviera relaciones sexuales.

OBLIGADA A HACER UN COBRO
De acuerdo con la declaración de Sanjuana, consignada en la toca 1198/2011, el 22 de mayo de 2009 fue a buscar a José Cruz y lo encontró en compañía de su sobrino Jonathan. Estaban los tres juntos cuando se aproximaron un par de vehículos, de los que descendieron dos hombres. Uno se acercó a Sanjuana.
“Me preguntó mi nombre completo, se lo di. Que si traía credencial, a lo que respondí que sí, se la di porque pensé que eran policías, y me pidió que si le podía hacer un favor de retirar un dinero de Elektra, que iba a obtener una ganancia, porque él no traía identificación, a lo que respondí que no, porque no sabía de dónde era ese dinero. Y en ese momento me abrazó y me dijo que cooperara, que ellos ya sabían todo acerca de mí y de mi familia, y que si no, les harían daño, y le respondí que sí, por miedo”.
Sanjuana preguntó a su novio si sabía quién era esa persona. Él le dijo que no, pero que mejor “le hiciera el favor”.
En su declaración, José Cruz confesó que lo conocía por su apodo del Negro, ya que era su cliente desde hacía un año, pues le compraba cocaína.
José Cruz detalla que, ese día, el Negro le pidió el nombre y la credencial de elector de tres personas para realizar el cobro de un depósito, ya que él no podía hacerlo por no tener el documento.
“En ese momento le di el nombre de mi novia Sanjuana Maldonado y Jonathan de la Rosa (su sobrino)”.
Cuenta José Cruz que incluso el Negro le proporcionó un celular para que se mantuvieran en contacto. “Quiero aclarar que el Negro nunca nos dijo cuánto dinero nos iban a depositar y por qué concepto eran los depósitos y a mí tampoco se me ocurrió preguntarle (…) solo le iba a hacer el favor porque me iba a pagar la cantidad de 300 pesos, al igual que a mi novia”.
El día en que se efectuaría el cobro, relata Sanjuana en su declaración, José Cruz pasó a buscarla para ir a una tienda de autoservicio. Ahí se encontraron a Jonathan; en ese momento, Sanjuana preguntó a dónde se dirigían, y José Cruz contestó que a cobrar un dinero.
Refiere que, al llegar a Elektra, José Cruz y Jonathan fueron a recoger el depósito, pero ella se negó a hacerlo.
“Yo no iba a cobrar ese dinero porque no sabía de quién era y de qué se trataba (…) me quedé afuera a esperarlos, fue cuando ellos se fueron a la tienda y primero sale su sobrino Jonathan sin percatarme si traía el dinero ni cuánto era y fue cuando en ese momento nos detienen, nos tiran al piso y nos dicen el porqué de la detención (…) ahí me pude dar cuenta que venía igual mi novio detenido con nosotros y fue cuando nos trasladaron aquí a donde me encuentro (…) la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada)”.
En la SIEDO —Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)—, Sanjuana permaneció esposada, con los ojos vendados.
En los interrogatorios, con jaloneos y gritos le pedían que revelara “para quién trabajaba”.
En el expediente del caso se revela que el dinero que cobrarían Sanjuana, José Cruz y Jonathan era el pago de un rescate.
Fueron acusados de secuestro agravado en contra de Gerardo de la Rosa Hernández, comerciante de ropa en ferias y tianguis.
Su esposa, Marisol Sánchez, declaró que recibió llamadas telefónicas en las que le pedían inicialmente un pago de cinco millones de pesos.
Aunque en el expediente se comprueba que a Sanjuana —al igual que a su novio y a Jonathan— solo se le pidió el “favor” de hacer un cobro a cambio de 300 pesos, fue encontrada culpable del delito de secuestro agravado.
El 18 de abril de 2011, dentro de la causa penal 59/2009, el juez primero mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en Matehuala le dictó una condena de 30 años de prisión y una sanción pecuniaria de 103 mil 900 pesos.
Se interpuso una apelación y, el 28 de noviembre de 2011, el juez Álvaro Eguía Romero, de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, ratificó la sentencia.
Lo único que relaciona a Sanjuana con el hecho y que bastó para que el juzgador la considerara responsable, es que su nombre fue utilizado para cobrar una parte del rescate por el secuestro de Gerardo de la Rosa Hernández.
Su esposa logró reunir 77 mil 000 pesos, que depositó en dos montos.
Aunque el envío se realizó a su nombre, Sanjuana no cobró ese dinero, ya que desconfiaba del origen.

VÍCTIMA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS
Para Fabiola Rivera Rojas, abogada experta en derecho penal, género y derechos humanos, quien supo del caso hace seis años, los jueces que condenaron a Sanjuana no contaban con elementos suficientes para vincularla con el secuestro, pues ni privó de la libertad a una persona, ni buscó un lucro y/o remuneración por este hecho, ni participó en el delito con tres o más personas o hizo que se prolongara más de tres días.
Ninguna de estas acciones punibles se cumplió en su caso; más aún, insiste, sin existir la primera, no podrían culparla del resto.
“Lo que hizo que Sanjuana tuviera una sentencia condenatoria, sin duda, fue la ausencia de un análisis jurídico con perspectiva de género.
Me parece, y es sumamente importante señalarlo por la fecha en que se da la sentencia, noviembre de 2011, cuando (en junio se hizo) la reforma constitucional de derechos humanos que obligaba a las y los jueces y a las y los magistrados de todos los niveles a revisar las condiciones específicas de Sanjuana”, señala Rivera Rojas.
“Nadie se da cuenta de que ella era víctima de las circunstancias porque era pareja de un sujeto que trabajaba para la criminalidad organizada. Sanjuana no lo sabía y no estaba obligada a saberlo porque había un contexto que determinaba su particularidad y que ella estuviera en esa relación, pero que nada tenía que ver con la situación de criminalidad de su pareja, algo que sabemos que le pasa a muchísimas mujeres en este país”.
Para Sanjuana, esta condena ha frustrado su proyecto de vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Al ratificarse su sentencia decidió convertirse en madre.
En 2017 nació su hijo; su padre es un reo que conoció mientras participaba en talleres de capacitación en el Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, donde actualmente se encuentra.