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  • Miércoles 04 de Marzo de 2026

“Sería un honor ir a la cárcel por servir al pueblo”: May

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JUAN MANUEL DIEGO


VILLAHERMOSA, TABASCO. 06 DE DICIEMBRE DE 2010. Como hace más de un año cuando intentaron desaforarlo por haber usado la fuerza pública de Comalcalco para calmar un intento de desestabilización a su gobierno, hoy como dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tras su última cuenta pública reprobada en “venganza” porque nunca se tomó la foto con Andrés Granier y Humberto Mayans, dupla que controla el poder local, Javier May Rodríguez lo volvió a decir; “sería un honor ir a la cárcel por servir al pueblo”.
Si hay una orden de aprensión en mi contra no me ampararé, dijo, y hasta adelantó que se entregará a las autoridades para facilitarles el trabajo. Tampoco habrán movilizaciones, anotó.
            Sin embargo, dio de nuevo los argumentos que a su decir muestran que la reprobación de su cuenta pública, correspondiente al 2009, fue una injusticia.
En presencia de militantes perredistas que acudieron a la rueda de prensa que ofreció en la sala de juntas de la casa que opera como sede de la dirigencia perredista, May Rodríguez reprochó que a los ex alcalde de Cunduacán y Paraíso, Francisco Sánchez Soberano y Francisco Santo Magaña, se les hayan aprobado sus cuentas públicas del año pasado, cuando dejaron deudas de 16 millones y 10 millones de pesos, respectivamente, mientras que a él que dejó en caja unos 3 millones de pesos, se le reprobó.
            Comparó que mientras su sueldo fue de 50 mil pesos mensuales, el del ex edil Gregorio Arias Pérez fue de 165 mil, además de que su gobierno en ninguno de los tres años pagó aguinaldos de 90 días, como sí lo hizo su antecesor.
Expuso que en su gobierno la pavimentación de cada kilómetro de camino salió más barata que a como la reportó el gobierno del estado.
Por la mañana, en un programa de radio, el ex tesorero de Comalcalco, Héctor Peralta Grappin, expuso que el 95 por ciento de las supuestas irregularidades detectadas por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) fueron vía los procedimientos especiales sancionadores, los cuales se presentaron a destiempo, por lo que no deberían tener validez legal.
En esos procedimientos especiales sancionadores hubieron observaciones documentales por 35 millones de pesos, y el OSF se negó a aceptar las solventaciones, bajo el argumento de que se hicieron a destiempo.