En sexenio de Granier, retroceso total en Derechos Humanos: Codehutab
En el sexenio por concluir, hubo un retroceso total en materia de derechos humanos, en los dos gobiernos anteriores se dieron casos muy graves, pero el de Andrés Granier los superó de manera alarmante, declaró ayer el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco.
Al opinar respecto al desempeño del gobierno estatal actual, en cuanto al respeto de los derechos humanos al término de su quinto año, Efraín Rodríguez León, sostuvo que durante esta administración no solo se violaron los derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales.
Salta a la vista de todo el mundo, dijo, que en este sexenio por terminar, hay un retroceso total en el campo de los derechos humanos, que este gobierno se ha caracterizado precisamente por ser el mayor violador de los mismos.
En los gobiernos anteriores al de Andrés Granier, se dieron casos muy graves, pero en este fueron superados, de manera alarmante, aseguró.
Es vergonzoso que un problema como el de la tortura, que se creía erradicado, no solo floreció de nuevo y se ha incrementado de manera considerable.
Nosotros desde el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), afirmo hemos venido denunciando ese fenómeno desde el inicio de este sexenio y atendido casos de tortura, pero no solo nosotros, Human Rigth Watch, en su informe del año pasado lo confirmó.
Tabasco según esa organización internacional defensora de los derechos humanos, sostiene en ese informe, que Tabasco se encuentra entre los cinco de los treinta y dos estados del país, más recurrentes en cuanto a tortura, afirmó el abogado.
Si hay un total reproceso de los derechos humanos en el estado.
Hay que recordar, mencionó, que el sexenio de Andrés Granier Melo se inició con un hecho de tortura, detención arbitraria y encarcelamiento de militantes del PRD, el día de las elecciones de las que emergió como Gobernador y que ocasionó la primera recomendación de la CNDH en su contra. Dese ahí.
Por otra parte está, el total abandono en el que este gobierno populista dejó a personas de la tercera edad, madres solteras y discapacitados, al suspenderles la ayuda económica que les proporcionaba a través de uno de sus programas asistencialistas.
Programa que creo solo para que los beneficiados, al inicio del gobierno granierista “le hicieran la cama” y ya cuando se sintió totalmente acomodado, lo suspendió, es decir jugó con la necesidad del pueblo.
Pero además el de Granier Melo ha sido un gobierno que se conduce con arrogancia y desafortunadamente todavía nos queda un año para aguantarlo.
Cuando afirmamos que no solo se han violado los derechos civiles y políticos de los tabasqueños, sino además sus derechos económicos, sociales y culturales, es por los daños ocasionados por inundaciones consecutivas, no naturales sino dirigidas tanto por el gobierno federal como estatal.
Han sido tragedias ocasionadas por la mano de los gobiernos, afirmó, porque ellos son los que determinan en Tabasco qué hacer con el agua y la gente.
Después de la primera inundación, la del 2007, cuando el gobierno federal ordenó la entrega de vales, el estatal los repartió de manera discrecional, lo cual ocasionó la protesta de la gente con cierre de carreteras, en Tierra Colorada, Samarkanda, El Sauce, entre otras colonias y la respuesta fue garrote y cárcel para los inconformes.
Los afectados se habían dado cuenta que los vales de 10 mil pesos se entregaban a personas afines al gobierno y no a quienes verdaderamente habían perdido todo por causa de la inundación.
Cárcel y garrote ha sido la práctica de este y los dos anteriores gobiernos, afirmó Rodríguez León, porque después la aplicó contra los campesinos y productores que se opusieron a que se abriera la ventana del Tintillo.
Sin ni siquiera avisar a los habitantes de las comunidades de esa zona del municipio del Centro, personal de la Conagua apoyados por empleados del gobierno estatal y antimotines, llevaron la maquinaria para llevar a cabo las obras emergentes para salvar de una nueva inundación al Villahermosa
De nuevo con antimotines quitaron de en medio a los inconformes, con un enfrentamiento que dejó lesionados y encarcelados.
Otra violación grave, recordó el abogado, fue el desalojo de los habitantes, primero de Casa Blanca, después en Los Sauces, Samarkanda, Lagartera, Medellín y otras comunidades, que prácticamente se convirtió en un robo del patrimonio de esas familias.
Luego los afectados, fueron materialmente “botados” al fraccionamiento llamado Bicentenario para que vivieran en construcciones pequeñas, las cuales no pueden llamarse casas, si se comparan con las que perdieron.
Ni siquiera se puede decir que se las entregaron a cambio de las que los despojaron, porque ni siquiera les han entregado esas propiedades, se las dieron en calidad de posantes, bajo una serie de condicionantes que en caso de incumplirlos, el Instituto de Vivienda de Tabasco “con la mano en la cintura” los puede desalojar de las mismas.
En cuanto a las violaciones a los derechos de las mujeres, dijo, apenas en el año que acaba de concluir, se vieron pequeños avances, que se lograron no por voluntad del gobierno del estado sino por la presión de la sociedad civil, porque aquel no ha dado muestras de querer actuar.
-La Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha informado en varias ocasiones que son los policías ministeriales los que más incurren en el delito de tortura, se menciona al asesor jurídico del Codehutab.
Paradójicamente en el lugar donde se supone se debe procurar justicia, resulta que es donde esta se vende al mejor postor y uno de los lugares en donde más se violan los derechos humanos de las personas y se aplica la tortura, respondió.
Es la impunidad lo que provoca que los actos de tortura en Tabasco se multipliquen, dijo.
Hay que reconocer que son autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las que con mayor frecuencia cometen actos de tortura, pero también las que tienen que resolver y castigar a los responsables, es decir la PGJE se convierte en juez y parte.
Entonces resulta ilógico que cuando hay que sancionar a los que cometen tortura, quienes deben aplicar el castigo es la misma institución, porque si bien es cierto que son los agentes ministeriales los que con más frecuencia incurren en la tortura, a final de cuentas tanto ellos como los agentes de los ministerios públicos son dependientes de la PGJE.
Un ejemplo de tortura e impunidad es el caso de de Joaquín Miguel López Díaz, al que Codehutab le está dando seguimiento. Precisamente dijo, mostrando un escrito, en estos momentos estamos elaborando una solicitud de amparo en contra de la PGJE, en nombre de esta persona que fue objeto de tortura. Existe una denuncia penal en contra de varios policías ministeriales por tortura en contra de Joaquín Miguel López y llama la atención que por sr funcionarios de la misma PGJE, la institución los dote de impunidad, resolviendo el no ejercicio de la acción penal en contra de ellos.
Promovimos un recurso de inconformidad en el área de archivo y amparo de esa procuraduría, pero esta confirmó el no ejercicio de la acción penal, lo cual nos obligó a recurrir ante la autoridad judicial federal, para solicitar un juicio de amparo para tratar de revocar las resoluciones de la PGJE que son ilegales e ilegitimas, aseguró.
-¿Tiene confianza en que la recomendación 061 de la CNDH, en relación a las afectaciones causadas por las inundaciones las cumplan los tres niveles de gobierno?
Por voluntad del gobierno definitivamente no, respondió; por lo pronto la Conagua no la aceptó y el gobierno estatal dijo que si, pero no de qué manera, su respuesta más bien fue para quedar bien ante la opinión pública, porque hasta el día de hoy no está haciendo nada para atender dicha recomendación.Creo que a la larga si se logrará algo, pero no por voluntad de los gobiernos, reiteró, sino porque jurídicamente ya hay recursos, herramientas que los ciudadanos podemos utilizar para obligar a los gobiernos.
Codehutab, en red con otras organizaciones civiles, como dimos a conocer a los medios de comunicación en días pasados, solicitamos al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que, en uso de las atribuciones que la Constitución le confiere pida al Senado que cite a comparecer a todos los funcionarios involucrados para que funden y motiven su acción respecto a esa recomendación.
También para que, en caso de que no cumplan, la CNDH facultades para de interponer denuncias penales en contra de estos funcionarios y ellos están obligados a comparecer ante el Senado.
Al opinar respecto al desempeño del gobierno estatal actual, en cuanto al respeto de los derechos humanos al término de su quinto año, Efraín Rodríguez León, sostuvo que durante esta administración no solo se violaron los derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales.
Salta a la vista de todo el mundo, dijo, que en este sexenio por terminar, hay un retroceso total en el campo de los derechos humanos, que este gobierno se ha caracterizado precisamente por ser el mayor violador de los mismos.
En los gobiernos anteriores al de Andrés Granier, se dieron casos muy graves, pero en este fueron superados, de manera alarmante, aseguró.
Es vergonzoso que un problema como el de la tortura, que se creía erradicado, no solo floreció de nuevo y se ha incrementado de manera considerable.
Nosotros desde el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), afirmo hemos venido denunciando ese fenómeno desde el inicio de este sexenio y atendido casos de tortura, pero no solo nosotros, Human Rigth Watch, en su informe del año pasado lo confirmó.
Tabasco según esa organización internacional defensora de los derechos humanos, sostiene en ese informe, que Tabasco se encuentra entre los cinco de los treinta y dos estados del país, más recurrentes en cuanto a tortura, afirmó el abogado.
Si hay un total reproceso de los derechos humanos en el estado.
Hay que recordar, mencionó, que el sexenio de Andrés Granier Melo se inició con un hecho de tortura, detención arbitraria y encarcelamiento de militantes del PRD, el día de las elecciones de las que emergió como Gobernador y que ocasionó la primera recomendación de la CNDH en su contra. Dese ahí.
Por otra parte está, el total abandono en el que este gobierno populista dejó a personas de la tercera edad, madres solteras y discapacitados, al suspenderles la ayuda económica que les proporcionaba a través de uno de sus programas asistencialistas.
Programa que creo solo para que los beneficiados, al inicio del gobierno granierista “le hicieran la cama” y ya cuando se sintió totalmente acomodado, lo suspendió, es decir jugó con la necesidad del pueblo.
Pero además el de Granier Melo ha sido un gobierno que se conduce con arrogancia y desafortunadamente todavía nos queda un año para aguantarlo.
Cuando afirmamos que no solo se han violado los derechos civiles y políticos de los tabasqueños, sino además sus derechos económicos, sociales y culturales, es por los daños ocasionados por inundaciones consecutivas, no naturales sino dirigidas tanto por el gobierno federal como estatal.
Han sido tragedias ocasionadas por la mano de los gobiernos, afirmó, porque ellos son los que determinan en Tabasco qué hacer con el agua y la gente.
Después de la primera inundación, la del 2007, cuando el gobierno federal ordenó la entrega de vales, el estatal los repartió de manera discrecional, lo cual ocasionó la protesta de la gente con cierre de carreteras, en Tierra Colorada, Samarkanda, El Sauce, entre otras colonias y la respuesta fue garrote y cárcel para los inconformes.
Los afectados se habían dado cuenta que los vales de 10 mil pesos se entregaban a personas afines al gobierno y no a quienes verdaderamente habían perdido todo por causa de la inundación.
Cárcel y garrote ha sido la práctica de este y los dos anteriores gobiernos, afirmó Rodríguez León, porque después la aplicó contra los campesinos y productores que se opusieron a que se abriera la ventana del Tintillo.
Sin ni siquiera avisar a los habitantes de las comunidades de esa zona del municipio del Centro, personal de la Conagua apoyados por empleados del gobierno estatal y antimotines, llevaron la maquinaria para llevar a cabo las obras emergentes para salvar de una nueva inundación al Villahermosa
De nuevo con antimotines quitaron de en medio a los inconformes, con un enfrentamiento que dejó lesionados y encarcelados.
Otra violación grave, recordó el abogado, fue el desalojo de los habitantes, primero de Casa Blanca, después en Los Sauces, Samarkanda, Lagartera, Medellín y otras comunidades, que prácticamente se convirtió en un robo del patrimonio de esas familias.
Luego los afectados, fueron materialmente “botados” al fraccionamiento llamado Bicentenario para que vivieran en construcciones pequeñas, las cuales no pueden llamarse casas, si se comparan con las que perdieron.
Ni siquiera se puede decir que se las entregaron a cambio de las que los despojaron, porque ni siquiera les han entregado esas propiedades, se las dieron en calidad de posantes, bajo una serie de condicionantes que en caso de incumplirlos, el Instituto de Vivienda de Tabasco “con la mano en la cintura” los puede desalojar de las mismas.
En cuanto a las violaciones a los derechos de las mujeres, dijo, apenas en el año que acaba de concluir, se vieron pequeños avances, que se lograron no por voluntad del gobierno del estado sino por la presión de la sociedad civil, porque aquel no ha dado muestras de querer actuar.
-La Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha informado en varias ocasiones que son los policías ministeriales los que más incurren en el delito de tortura, se menciona al asesor jurídico del Codehutab.
Paradójicamente en el lugar donde se supone se debe procurar justicia, resulta que es donde esta se vende al mejor postor y uno de los lugares en donde más se violan los derechos humanos de las personas y se aplica la tortura, respondió.
Es la impunidad lo que provoca que los actos de tortura en Tabasco se multipliquen, dijo.
Hay que reconocer que son autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las que con mayor frecuencia cometen actos de tortura, pero también las que tienen que resolver y castigar a los responsables, es decir la PGJE se convierte en juez y parte.
Entonces resulta ilógico que cuando hay que sancionar a los que cometen tortura, quienes deben aplicar el castigo es la misma institución, porque si bien es cierto que son los agentes ministeriales los que con más frecuencia incurren en la tortura, a final de cuentas tanto ellos como los agentes de los ministerios públicos son dependientes de la PGJE.
Un ejemplo de tortura e impunidad es el caso de de Joaquín Miguel López Díaz, al que Codehutab le está dando seguimiento. Precisamente dijo, mostrando un escrito, en estos momentos estamos elaborando una solicitud de amparo en contra de la PGJE, en nombre de esta persona que fue objeto de tortura. Existe una denuncia penal en contra de varios policías ministeriales por tortura en contra de Joaquín Miguel López y llama la atención que por sr funcionarios de la misma PGJE, la institución los dote de impunidad, resolviendo el no ejercicio de la acción penal en contra de ellos.
Promovimos un recurso de inconformidad en el área de archivo y amparo de esa procuraduría, pero esta confirmó el no ejercicio de la acción penal, lo cual nos obligó a recurrir ante la autoridad judicial federal, para solicitar un juicio de amparo para tratar de revocar las resoluciones de la PGJE que son ilegales e ilegitimas, aseguró.
-¿Tiene confianza en que la recomendación 061 de la CNDH, en relación a las afectaciones causadas por las inundaciones las cumplan los tres niveles de gobierno?
Por voluntad del gobierno definitivamente no, respondió; por lo pronto la Conagua no la aceptó y el gobierno estatal dijo que si, pero no de qué manera, su respuesta más bien fue para quedar bien ante la opinión pública, porque hasta el día de hoy no está haciendo nada para atender dicha recomendación.Creo que a la larga si se logrará algo, pero no por voluntad de los gobiernos, reiteró, sino porque jurídicamente ya hay recursos, herramientas que los ciudadanos podemos utilizar para obligar a los gobiernos.
Codehutab, en red con otras organizaciones civiles, como dimos a conocer a los medios de comunicación en días pasados, solicitamos al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que, en uso de las atribuciones que la Constitución le confiere pida al Senado que cite a comparecer a todos los funcionarios involucrados para que funden y motiven su acción respecto a esa recomendación.
También para que, en caso de que no cumplan, la CNDH facultades para de interponer denuncias penales en contra de estos funcionarios y ellos están obligados a comparecer ante el Senado.
