Sigue proceso judicial de El Siglo contra Sapet
(Tercera y última parte)
Ante las amenazas de meternos a la cárcel, ya no impedimos que Sapaet terminara la obra, pasando por encima de la orden de suspensión del Tribunal Agrario; hicieron lo que quisieron bajo la protección de la delegación de la Procuraduría Agraria y del Tribunal Agrario.
A pesar de ello, afirma José Torres Figueroa, presidente del comisariado ejidal de El Siglo, seguimos con el proceso judicial.
Nuestra primera reclamación fue por la falta de respeto a la asamblea de ejidatarios, porque nunca dimos permiso, ni firmamos convenio alguno, que constituye una gravísima violación al derecho agrario.
Por otra parte exigimos una explicación del por qué las autoridades de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, no intervinieron si la obra tenía que ver con su competencia.
En todas esas dependencias metimos oficio, solo nos respondió la delegada de la Semarnat, Yolanda Cabal, quien contestó que esa dependencia no era encargada de ese tipo de obras; en la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam) nunca contestaron.
En octubre del 2011, ya cuando Sapaet había concluido los trabajos, el Tribunal Agrario emitió una sentencia, pero a favor de la dependencia estatal, le daba luz verde para hacer lo que quisiera.
Nosotros entonces acudimos al Tribunal Colegiado de Circuito para solicitar un amparo, y nos dio la razón, ordenando que el Tribunal Agrario repusiera el proceso porque estaba viciado por lo tanto ilegal porque se violó el Artículo 27 Constitucional, nuestras garantías individuales y derechos humanos.
También fuimos a la PGR a denunciar violaciones a la normatividad ambiental vigente, nos aceptaron la demanda y un agente del ministerio público federal realizó una inspección en el ejido, a los cinco minutos llegaron representantes de Sapaet para acusarme que había tratado de sabotear la obra.
El agente del MP les respondió que estaba ahí para inspeccionar la presencia de la obra y que si querían poner una denuncia en mi contra que lo hicieran, porque él no venía ninguna evidencia de sabotaje, ya que la línea está a dos metros bajo la superficie.
La delegación de la PGR en Tabasco, citó a la Semarnat, no fueron, la Profepa envió a un representante, posteriormente nos llamaron a los ejidatarios y acudimos, pero nos enteramos que el agente del MP que se había hecho cargo de nuestro caso, casualmente, había sido cesado.
Esperamos tres meses, solicitamos que otro abogado sustituyera al anterior y, seguramente con dolo, nos mandaron entonces a un brasileño, que ni siquiera sabía hablar bien el español y menos entender el problema, así que nuestro expediente fue archivado.
En este momento, continuamos insistiendo ante el Tribunal Agrario, que se acate el amparo, emitiendo otra resolución apegada a derecho, pero la resolución está atorada por problemas económicos.
El Tribunal Agario, “hasta donde llega su perversidad”, hace notar el ejidatario, ahora nos exige presentar un nuevo estudio topográfico, cuando hace dos años entregamos dos estudios, uno que nos costó 8 mil pesos y otro 5 mil.
Es decir, nos avienta la pelota, y nos exige otro estudio topográfico y otro de impacto ambiental, que en estos momentos debe costar alrededor de 40 mil pesos ¿De dónde los vamos a sacar, si somos campesinos y las inundaciones y la contaminación han acabado con los cultivos y nuestros animales?
Es por ello que estamos solicitando el apoyo de la Asociación Ecológica Santo Tomás –dice José Torres- para ver de qué manera nos pueden ayudar, pero también porque estamos coincidiendo en el mismo asunto, ya que ellos están abordando el problema que va a generar la planta de tratamiento la cual está siendo construida en una zona de “recuperación ambiental”.
Las dos obras, afirmó, no solo nos perjudican a los ejidatarios de El Siglo, sino a todos los habitantes de Río Viejo.
Pedro Torres, dice que disponen de información, en el sentido de que esa obra no estaba proyectada para construirse sobre el ejido El Siglo, sino que comenzaría desde un sitio que se llama La Raya, cerca del hospital Juan Graham atravesando la ranchería Río Viejo hasta la carretera a Reforma, pero que para ahorrarse 8 kilómetros de línea y de inversión, Sapaet decidió atravesarla más directamente por sus tierras.
Responsabiliza de ello, no a la directora de Sapaet, Cliseria Rodríguez Alvarado, - a ella ni la conozco, es solo títere, afirma el comisariado ejidal- sino al Secretario de Obras Públicas, Héctor López Peralta y al Gobernador.
Hasta el momento, afirma Torres Figueroa, el gobierno del estado ni siquiera les ha ofrecido indemnización por la apropiación de las tierras del ejido o los daños a sus tierras.
En una ocasión, cuenta, un ingeniero de apellido Rueda, funcionario también de Sapaet, nos dijo que deberíamos estar agradecidos con el gobernador, porque esa obra le daría plusvalía a nuestras tierras
“No sabía que la caca ya se estuviera cotizando en la Bolsa de Valores”, le respondí.
Ante las amenazas de meternos a la cárcel, ya no impedimos que Sapaet terminara la obra, pasando por encima de la orden de suspensión del Tribunal Agrario; hicieron lo que quisieron bajo la protección de la delegación de la Procuraduría Agraria y del Tribunal Agrario.
A pesar de ello, afirma José Torres Figueroa, presidente del comisariado ejidal de El Siglo, seguimos con el proceso judicial.
Nuestra primera reclamación fue por la falta de respeto a la asamblea de ejidatarios, porque nunca dimos permiso, ni firmamos convenio alguno, que constituye una gravísima violación al derecho agrario.
Por otra parte exigimos una explicación del por qué las autoridades de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, no intervinieron si la obra tenía que ver con su competencia.
En todas esas dependencias metimos oficio, solo nos respondió la delegada de la Semarnat, Yolanda Cabal, quien contestó que esa dependencia no era encargada de ese tipo de obras; en la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam) nunca contestaron.
En octubre del 2011, ya cuando Sapaet había concluido los trabajos, el Tribunal Agrario emitió una sentencia, pero a favor de la dependencia estatal, le daba luz verde para hacer lo que quisiera.
Nosotros entonces acudimos al Tribunal Colegiado de Circuito para solicitar un amparo, y nos dio la razón, ordenando que el Tribunal Agrario repusiera el proceso porque estaba viciado por lo tanto ilegal porque se violó el Artículo 27 Constitucional, nuestras garantías individuales y derechos humanos.
También fuimos a la PGR a denunciar violaciones a la normatividad ambiental vigente, nos aceptaron la demanda y un agente del ministerio público federal realizó una inspección en el ejido, a los cinco minutos llegaron representantes de Sapaet para acusarme que había tratado de sabotear la obra.
El agente del MP les respondió que estaba ahí para inspeccionar la presencia de la obra y que si querían poner una denuncia en mi contra que lo hicieran, porque él no venía ninguna evidencia de sabotaje, ya que la línea está a dos metros bajo la superficie.
La delegación de la PGR en Tabasco, citó a la Semarnat, no fueron, la Profepa envió a un representante, posteriormente nos llamaron a los ejidatarios y acudimos, pero nos enteramos que el agente del MP que se había hecho cargo de nuestro caso, casualmente, había sido cesado.
Esperamos tres meses, solicitamos que otro abogado sustituyera al anterior y, seguramente con dolo, nos mandaron entonces a un brasileño, que ni siquiera sabía hablar bien el español y menos entender el problema, así que nuestro expediente fue archivado.
En este momento, continuamos insistiendo ante el Tribunal Agrario, que se acate el amparo, emitiendo otra resolución apegada a derecho, pero la resolución está atorada por problemas económicos.
El Tribunal Agario, “hasta donde llega su perversidad”, hace notar el ejidatario, ahora nos exige presentar un nuevo estudio topográfico, cuando hace dos años entregamos dos estudios, uno que nos costó 8 mil pesos y otro 5 mil.
Es decir, nos avienta la pelota, y nos exige otro estudio topográfico y otro de impacto ambiental, que en estos momentos debe costar alrededor de 40 mil pesos ¿De dónde los vamos a sacar, si somos campesinos y las inundaciones y la contaminación han acabado con los cultivos y nuestros animales?
Es por ello que estamos solicitando el apoyo de la Asociación Ecológica Santo Tomás –dice José Torres- para ver de qué manera nos pueden ayudar, pero también porque estamos coincidiendo en el mismo asunto, ya que ellos están abordando el problema que va a generar la planta de tratamiento la cual está siendo construida en una zona de “recuperación ambiental”.
Las dos obras, afirmó, no solo nos perjudican a los ejidatarios de El Siglo, sino a todos los habitantes de Río Viejo.
Pedro Torres, dice que disponen de información, en el sentido de que esa obra no estaba proyectada para construirse sobre el ejido El Siglo, sino que comenzaría desde un sitio que se llama La Raya, cerca del hospital Juan Graham atravesando la ranchería Río Viejo hasta la carretera a Reforma, pero que para ahorrarse 8 kilómetros de línea y de inversión, Sapaet decidió atravesarla más directamente por sus tierras.
Responsabiliza de ello, no a la directora de Sapaet, Cliseria Rodríguez Alvarado, - a ella ni la conozco, es solo títere, afirma el comisariado ejidal- sino al Secretario de Obras Públicas, Héctor López Peralta y al Gobernador.
Hasta el momento, afirma Torres Figueroa, el gobierno del estado ni siquiera les ha ofrecido indemnización por la apropiación de las tierras del ejido o los daños a sus tierras.
En una ocasión, cuenta, un ingeniero de apellido Rueda, funcionario también de Sapaet, nos dijo que deberíamos estar agradecidos con el gobernador, porque esa obra le daría plusvalía a nuestras tierras
“No sabía que la caca ya se estuviera cotizando en la Bolsa de Valores”, le respondí.
