Sistema de fiscalización de las cuentas públicas, un “fiasco”
La exoneración del ex alcalde de Jalapa, Antonio Priego Jiménez confirma que el sistema de fiscalización de las cuentas públicas es un “fiasco”, sostuvo Sergio Antonio Reyes Ramos, integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños.
Hasta el momento, abundó, no hay modo de que el Organo Superior de Fiscalización del Estado sea eficaz para castigar o sancionar a responsables del desvío de recursos y recuperar el daño patrimonial a las arcas públicas, lo cual significa que no está funcionando.
Pero además, y desde otra perspectiva, dijo el abogado tabasqueño, tengo la impresión de que el aparato de justicia “está sumido en un prevaricato” que -por encima de las razones políticas que pudiera tener la administración actual, en imponer o llevar a cabo un proceso ejemplar para los demás alcaldes- prevalecieron intereses económicos.
Se exoneró y liberó a Priego Jiménez, no por una sentencia de amparo de fondo, sino por una decisión de una de las salas del Tribunal Superior de Justicia, es decir fue decisión de los magistrados que debiera salir y salió.
- Los errores que desembocaron en la libración del ex edil de Jalapa ¿pudieran haber estado en la integración de la averiguación previa o en la administración de justicia? Se le preguntó.
Creo que en las dos partes. Es decir, si la averiguación previa se integró de manera deficiente, la ley prevé un periodo de instrucción en el juzgado para que se integren más pruebas y se conforme, en un momento dado, el delito; se puede.
Pero si al final de cuentas, los magistrados determinan que no hay pruebas suficientes, eso revela una mala actuación no solo de la fiscalía, del Organo Superior de Fiscalización del Estado que fue la que presentó, sino también de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del juzgado que estuvo a cargo del caso.
No es posible que a casi dos años de que, Antonio Priego, fue encarcelado, al final se dan cuenta que hubo errores en el procedimiento, comentó.
Desde mi punto de vista, dadas las condiciones que hay y antecedentes, en cuanto a la causa sabida por la que salió Rodolfo Campos Montejo, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia en tiempos de la administración de Roberto Madrazo y del actual gobierno -un desacuerdo en cuanto a la aplicación de algunas sentencias, por la consigna de uno y la resistencia del otro por intereses propios- podríamos sostener que nos enfrentamos a un “prevaricato galopante”, en el que el resultado es que, la administración de justicia ya no es creíble, sostuvo el abogado.
-¿Estaríamos hablando de actos de corrupción? Se le preguntó.
Hay corrupción en la medida en que, a estas alturas, no se nos ha dicho a los tabasqueños de manera oficial, en donde estuvo el error, si en los juzgadores del Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público o en el Organo Superior de Fiscalización del Estado.
Desconocemos el contenido de los expedientes y los únicos que tiene acceso a ellos son los magistrados del TSJ.
Falta transparencia, no podremos conocer en dónde o en qué lugares prevaleció, lo que si sabemos que el daño es para todos los tabasqueños.
-¿Fue inevitable que se le regresaran sus bienes?
Esa es otra cuestión, porque el Ministerio Público pudo haber apelado en un momento dado, lamentablemente aquí lo que se observa es una serie de complicidades, de intereses económicos, que dan al traste con la justicia, lo cual significa que la justicia está al servicio del mejor postor, y en ese caso, el mejor postor fue el acusado, agregó.
Como es del conocimiento público, al ex alcalde de Jalapa, el 29 de julio del 2009 se le inició la averiguación previa 56/2009por la denuncia que presentó el Organo Superior de Fiscalización del Estado que preside Francisco Rullán por el delito de peculado por el desvío de 15 millones 763 mil del erario público municipal.
Fue liberado el pasado 15 de abril del 2011, por orden del magistrado Rufino Pérez Alejandro, “por falta de elementos para procesar, toda vez que no se daban las pruebas del cuerpo del delito”.
Luego de su liberación en días pasados, ordenó también la liberación de 8 propiedades y dos cuentas bancarias de Antonio Priego, quien además recobró sus derechos políticos.
Hasta el momento, abundó, no hay modo de que el Organo Superior de Fiscalización del Estado sea eficaz para castigar o sancionar a responsables del desvío de recursos y recuperar el daño patrimonial a las arcas públicas, lo cual significa que no está funcionando.
Pero además, y desde otra perspectiva, dijo el abogado tabasqueño, tengo la impresión de que el aparato de justicia “está sumido en un prevaricato” que -por encima de las razones políticas que pudiera tener la administración actual, en imponer o llevar a cabo un proceso ejemplar para los demás alcaldes- prevalecieron intereses económicos.
Se exoneró y liberó a Priego Jiménez, no por una sentencia de amparo de fondo, sino por una decisión de una de las salas del Tribunal Superior de Justicia, es decir fue decisión de los magistrados que debiera salir y salió.
- Los errores que desembocaron en la libración del ex edil de Jalapa ¿pudieran haber estado en la integración de la averiguación previa o en la administración de justicia? Se le preguntó.
Creo que en las dos partes. Es decir, si la averiguación previa se integró de manera deficiente, la ley prevé un periodo de instrucción en el juzgado para que se integren más pruebas y se conforme, en un momento dado, el delito; se puede.
Pero si al final de cuentas, los magistrados determinan que no hay pruebas suficientes, eso revela una mala actuación no solo de la fiscalía, del Organo Superior de Fiscalización del Estado que fue la que presentó, sino también de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del juzgado que estuvo a cargo del caso.
No es posible que a casi dos años de que, Antonio Priego, fue encarcelado, al final se dan cuenta que hubo errores en el procedimiento, comentó.
Desde mi punto de vista, dadas las condiciones que hay y antecedentes, en cuanto a la causa sabida por la que salió Rodolfo Campos Montejo, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia en tiempos de la administración de Roberto Madrazo y del actual gobierno -un desacuerdo en cuanto a la aplicación de algunas sentencias, por la consigna de uno y la resistencia del otro por intereses propios- podríamos sostener que nos enfrentamos a un “prevaricato galopante”, en el que el resultado es que, la administración de justicia ya no es creíble, sostuvo el abogado.
-¿Estaríamos hablando de actos de corrupción? Se le preguntó.
Hay corrupción en la medida en que, a estas alturas, no se nos ha dicho a los tabasqueños de manera oficial, en donde estuvo el error, si en los juzgadores del Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público o en el Organo Superior de Fiscalización del Estado.
Desconocemos el contenido de los expedientes y los únicos que tiene acceso a ellos son los magistrados del TSJ.
Falta transparencia, no podremos conocer en dónde o en qué lugares prevaleció, lo que si sabemos que el daño es para todos los tabasqueños.
-¿Fue inevitable que se le regresaran sus bienes?
Esa es otra cuestión, porque el Ministerio Público pudo haber apelado en un momento dado, lamentablemente aquí lo que se observa es una serie de complicidades, de intereses económicos, que dan al traste con la justicia, lo cual significa que la justicia está al servicio del mejor postor, y en ese caso, el mejor postor fue el acusado, agregó.
Como es del conocimiento público, al ex alcalde de Jalapa, el 29 de julio del 2009 se le inició la averiguación previa 56/2009por la denuncia que presentó el Organo Superior de Fiscalización del Estado que preside Francisco Rullán por el delito de peculado por el desvío de 15 millones 763 mil del erario público municipal.
Fue liberado el pasado 15 de abril del 2011, por orden del magistrado Rufino Pérez Alejandro, “por falta de elementos para procesar, toda vez que no se daban las pruebas del cuerpo del delito”.
Luego de su liberación en días pasados, ordenó también la liberación de 8 propiedades y dos cuentas bancarias de Antonio Priego, quien además recobró sus derechos políticos.
