Villahermosa, Tabasco, 3 de Abril de 2011/ A partir de los años ochenta, la apertura comercial de la economía mexicana se enfrentó a una competencia global en condiciones de desventaja, tanto por la carencia de un marco jurídico como de una planta industrial moderna. El presidente en turno Carlos Salinas define los criterios de crecimiento económico en base al modelo neoliberal: Estabilidad económica, modernización económica y disponibilidad de recursos para la inversión por la vía del adelgazamiento del Estado, la apertura económica y el cambio jurídico de las relaciones laborales.
La globalización del mercado desató una competencia por ocupar los nuevos espacios de mercado mundial, buscando abaratar los costos de producción, estableciendo el sistema de producción de plantas de ensamble en distintas regiones del mundo, en función de un menor costo de materia prima, transporte y mano de obra.
El sistema de control corporativo en México, sufre una adecuación a las nuevas circunstancias impuestas por la globalización de la economía y a la estandarización de las condiciones de producción, en la competencia por los mercados internacionales y la crisis económica global.
Los procesos productivos se adecúan a estas circunstancias, innovando las formas y los criterios de producción, redefiniendo la forma y función de la fuerza de trabajo. Este nuevo modelo venido de Japón, promociona los certificados de calidad, de la flexibilidad en los puestos de trabajo, la formación de círculos de calidad y equipos de producción, responsables del proceso productivo a niveles parciales.
La globalización de la economía, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en última instancia el libre flujo de capitales en competencia por encontrar mejores condiciones de explotación de la mano de obra, han abierto las fronteras y con ellas, la implementación de estas medidas, alterando directamente la estabilidad de la fuerza de trabajo y en ultima instancia, mostrando la inoperancia del actual sistema de control corporativo.
Esto no constituye un cambio benéfico para los trabajadores, al contrario, si el viejo estilo de control corporativo de los sindicatos ha sido eficiente hasta la fecha, es porque el Estado se empeña en ofrecerlo como una garantía al capital, tanto extranjero como nacional, para fomentar inversiones en nuestro país.
Con la llegada al poder del PAN, el nuevo gobierno lejos de desmantelar el control sindical, restableció las formas de relación corporativa y mantiene a la CTM como interlocutora fundamental, sin descartar sus nuevos espacios de interlocución con el sindicalismo blanco y los despachos jurídicos que facilitan la venta de contratos de protección por vías no institucionales.
Asimismo lanzaron una embestida tremenda contra importantes sindicatos democráticos del país, en principio al Sindicato de Trabajadores Mineros, acusando a su Secretario general de varios delitos rechazando su personalidad jurídica aún y cuando en cuatro años consecutivos ha salido electo por mayoría. Varias de las secciones de este Sindicato han sufrido agresiones, golpes y muerte, y sus huelgas han sido declaradas inexistentes y en varios casos han sido desalojados violentamente de su lugar de trabajo. Más recientemente el golpe fue para el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) aprovechando sus elecciones internas que se convirtieron en la oportunidad ideal que el gobierno esperaba para iniciar su agresión al sindicato de electricistas, hasta su desaparición.
El escenario favorable para el gobierno fue: elecciones muy cerradas, denuncias mutuas de fraude electoral, descontento de los usuarios, tanto por el servicio como por muestras de corrupción en el mismo, denuncias de venta de plazas y prestaciones, entre otras.
La pretendida disidencia acudió a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para que resolviera la controversia electoral, proporcionándole al gobierno el pretexto ideal para retirar la Toma de Nota y con ello, la personalidad jurídica de la representación sindical dejándolo en la indefensión. Estallada la huelga, no tardó el ejecutivo en cerrar la empresa “por decreto presidencial” argumentando una quiebra de la empresa y miles de millones que se necesitarían para mantenerla. El gobierno se ocupó también de desprestigiar a las y los trabajadores del SME con apoyo de los medios de comunicación. El último caso representativo es el cierre de la empresa “Mexicana de Aviación” quien a la fecha dejó miles de azafatas, pilotos y trabajadores de tierra sin sustento alguno, alegando también pérdidas económicas y al igual que los otros casos apoyados por el gobierno y los medios de comunicación.
La ofensiva más latente en este momento es la Reforma de Ley Laboral presentada ante las comisiones del trabajo por los diputados del PRI quienes negociaron con la bancada panista para impulsar esta alternativa autoritaria del gobierno de Calderón, con una propuesta que lejos de acercarse a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y lejos de incomodar al sistema del Estado Corporativo, refuerza sus estructuras de control y liberan las manos a los patrones en materia de flexibilización en la contratación y jornada de trabajo.
La presentan con “perspectiva de género” y “benéfica para las y los trabajadores”, sin embargo vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores, al afectar la estabilidad en el empleo, proponer la flexibilización del trabajo y lo mas grave, pone candados a la libertad de asociación impidiendo la contratación colectiva legítima.
La globalización del mercado desató una competencia por ocupar los nuevos espacios de mercado mundial, buscando abaratar los costos de producción, estableciendo el sistema de producción de plantas de ensamble en distintas regiones del mundo, en función de un menor costo de materia prima, transporte y mano de obra.
El sistema de control corporativo en México, sufre una adecuación a las nuevas circunstancias impuestas por la globalización de la economía y a la estandarización de las condiciones de producción, en la competencia por los mercados internacionales y la crisis económica global.
Los procesos productivos se adecúan a estas circunstancias, innovando las formas y los criterios de producción, redefiniendo la forma y función de la fuerza de trabajo. Este nuevo modelo venido de Japón, promociona los certificados de calidad, de la flexibilidad en los puestos de trabajo, la formación de círculos de calidad y equipos de producción, responsables del proceso productivo a niveles parciales.
La globalización de la economía, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en última instancia el libre flujo de capitales en competencia por encontrar mejores condiciones de explotación de la mano de obra, han abierto las fronteras y con ellas, la implementación de estas medidas, alterando directamente la estabilidad de la fuerza de trabajo y en ultima instancia, mostrando la inoperancia del actual sistema de control corporativo.
Esto no constituye un cambio benéfico para los trabajadores, al contrario, si el viejo estilo de control corporativo de los sindicatos ha sido eficiente hasta la fecha, es porque el Estado se empeña en ofrecerlo como una garantía al capital, tanto extranjero como nacional, para fomentar inversiones en nuestro país.
Con la llegada al poder del PAN, el nuevo gobierno lejos de desmantelar el control sindical, restableció las formas de relación corporativa y mantiene a la CTM como interlocutora fundamental, sin descartar sus nuevos espacios de interlocución con el sindicalismo blanco y los despachos jurídicos que facilitan la venta de contratos de protección por vías no institucionales.
Asimismo lanzaron una embestida tremenda contra importantes sindicatos democráticos del país, en principio al Sindicato de Trabajadores Mineros, acusando a su Secretario general de varios delitos rechazando su personalidad jurídica aún y cuando en cuatro años consecutivos ha salido electo por mayoría. Varias de las secciones de este Sindicato han sufrido agresiones, golpes y muerte, y sus huelgas han sido declaradas inexistentes y en varios casos han sido desalojados violentamente de su lugar de trabajo. Más recientemente el golpe fue para el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) aprovechando sus elecciones internas que se convirtieron en la oportunidad ideal que el gobierno esperaba para iniciar su agresión al sindicato de electricistas, hasta su desaparición.
El escenario favorable para el gobierno fue: elecciones muy cerradas, denuncias mutuas de fraude electoral, descontento de los usuarios, tanto por el servicio como por muestras de corrupción en el mismo, denuncias de venta de plazas y prestaciones, entre otras.
La pretendida disidencia acudió a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para que resolviera la controversia electoral, proporcionándole al gobierno el pretexto ideal para retirar la Toma de Nota y con ello, la personalidad jurídica de la representación sindical dejándolo en la indefensión. Estallada la huelga, no tardó el ejecutivo en cerrar la empresa “por decreto presidencial” argumentando una quiebra de la empresa y miles de millones que se necesitarían para mantenerla. El gobierno se ocupó también de desprestigiar a las y los trabajadores del SME con apoyo de los medios de comunicación. El último caso representativo es el cierre de la empresa “Mexicana de Aviación” quien a la fecha dejó miles de azafatas, pilotos y trabajadores de tierra sin sustento alguno, alegando también pérdidas económicas y al igual que los otros casos apoyados por el gobierno y los medios de comunicación.
La ofensiva más latente en este momento es la Reforma de Ley Laboral presentada ante las comisiones del trabajo por los diputados del PRI quienes negociaron con la bancada panista para impulsar esta alternativa autoritaria del gobierno de Calderón, con una propuesta que lejos de acercarse a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y lejos de incomodar al sistema del Estado Corporativo, refuerza sus estructuras de control y liberan las manos a los patrones en materia de flexibilización en la contratación y jornada de trabajo.
La presentan con “perspectiva de género” y “benéfica para las y los trabajadores”, sin embargo vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores, al afectar la estabilidad en el empleo, proponer la flexibilización del trabajo y lo mas grave, pone candados a la libertad de asociación impidiendo la contratación colectiva legítima.
