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La Verdad del Sureste

Solicitara Movimiento Ecológico de Tabasco, juicio político en contra del director general de la Conagua


   La semana próxima el Movimiento Ecológico de Tabasco solicitará a la Cámara de Diputados un juicio político en contra del director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, por violar las garantías individuales de los tabasqueños durante la inundación del 2010.
    Informó ayer, en conferencia de prensa, Javier Torres Sánchez, dirigente del Metab al criticar la explicación que dio el titular de la Conagua al Senado de la República, de su negativa a aceptar la recomendación 061/2011 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
     Funcionarios como José Luis Luege Tamargo, violan las garantías individuales y los derechos humanos de las personas bajo el argumento falaz  de que “cumplen solo con su deber”.
   “Ante la postura iracunda, desafiante,  retadora de este pésimo servidor público federal”, ahora transfigurado de acusado  a acusador, los mexicanos hemos visto el espectáculo vergonzoso de un funcionario federal empeñado en sostener que, la dependencia que dirige no tuvo culpa en las inundaciones  de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 en Tabasco.
    En efecto las lluvias de esas temporadas en esos años, fueron clasificadas como “atípicas”, y eso se convirtió en la excusa para solventar la incapacidad de la Conagua de las presas  del alto Grijalva y sobre todo la aplicación del cuestionado y auditado Plan Hídrico.
    Ante el Senado, Luegue Tamargo, afirmó que las severas precipitaciones pluviales registradas en Tabasco provocaron las inundaciones, y que por ello no procede la recomendación de la CNDH para que la dependencia repare los daños en esa entidad.
    Nunca mencionó, y es clara su intención de omisión, que aunada a la cantidad de agua que se precipitó sobre la planicie de las regiones chiapanecas y tabasqueñas, la CONAGUA no pudo más que tratar de reorientar el agua para la salvaguarda de la zona urbana de Villahermosa, a costa de la inundación de zonas rurales, con afectaciones directas a familias enteras, campos de cultivo agrícolas-ganaderos.
     Su delito, afirmó estriba en el incumplimiento de las recomendaciones 61/2011 que emitió la CNDH sobre dicho desastre natural, y por decidir, bajo supuestas cuestiones técnicas, el desvío de los ríos a través de los “canales de alivio” hacia la zona del Tintillo con impacto en los Aztlanes, y los Acachapan y Colmena, así como la zona aledaña del municipio de Centla.
    Los canales fueron abiertos de manera arbitraria, sin consentimiento, ni previo aviso a las comunidades hoy afectadas y ejerciendo el miedo, el terror psicológico y el uso desmedido de la fuerza publica, sostuvo Torres Sánchez.
    Todo esto, abundó, si contar con los evidentes actos de corrupción  interna en esta dependencia federal y que hoy la tiene en la mira de la PGR y de Control Interno.
    Este servidor público, puede ser  sujeto de juicio político, ya que omite los “procesos” que implemento para el desagüe de las zonas urbanas, en franco ataque a las condiciones de vida de las familias que habitan las zonas a las que se desvió el agua y que fueron tratadas con prepotencia y violencia, en complicidad con las autoridades estatales de justicia y seguridad pública.
     Por lo anterior y con base en la reforma constitucional que entró en vigor el 10 de junio de 2011, en el que se determina la comparecencia de algún funcionario bajo recomendación de derechos humanos, es que el Movimiento Ecologista de Tabasco,  exige al Congreso de la Unión el inicio de un juicio político,  el cese de funciones y  deslinde de responsabilidades de José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua y contra todos aquellos funcionarios implicados para que enfrenten  la justicia, por su mala  actuación en contra de la población tabasqueña durante las inundaciones y por la falta de transparencia en el uso de recursos del Plan Hídrico Integral de Tabasco.
     En la defensa de Tabasco no cederemos, ya que este funcionario se jacta de un poder sectario, que lo antepone ante las otras instituciones estatales y por encima de la ley, y mucho menos, soportaremos su arrogancia ante una institución a la que debe restringirse como lo es la CNDH.

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