MÉXICO D.F A 30 NOV 2010 / México cuenta con una Ley para prevenir la violencia contra las mujeres, instancias para combatirla y presupuesto para aplicarla, sin embargo, cada minuto tres mujeres son violentadas.
En febrero de 2011, se cumplirán 4 años de que fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), pero hasta el momento el balance es negativo, porque ha tenido un camino entorpecido, y el Estado no ha cumplido cabal y estructuralmente sobre sus mandatos.
Para la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, existe una falta de voluntad política en todos los niveles para cumplir la norma -única en su tipo porque tiene como esencia el reconocimiento de los derechos de las mujeres- «se ha cumplido con una cabalidad relativa, porque hay una dilación permanente del Estado para actuar con prioridad en los temas de las mujeres».
«Hasta el momento en México, las mujeres siguen padeciendo todos los tipos de violencia», afirmó la experta al hacer un balance de la Ley.
Las instancias responsables de implementar la Ley, cuentan con presupuesto desde 2007. Desde que entró en vigor la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, asignó recursos para coadyuvar a implementar mandatos específicos de la misma.
Para 2011 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron recursos -como se hizo en 2008 y 2009- para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones establecidas en la Ley.
Acciones que debería realizar la Secretaría de Gobernación (SG) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el caso de la AVG, único mecanismo al que la sociedad civil y los centros de derechos humanos pueden recurrir ante casos de feminicidio, no funciona.
Para activar la AVG en alguna región del país, la Ley establece que será con el registro de asesinatos, violaciones sexuales y desapariciones de mujeres y niñas. Ante las altas cifras de asesinatos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tienen previsto solicitar la Alerta para el Estado de México y en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.
Hasta hoy se han hecho dos solicitudes formales por parte de las OSC, para decretar la AVG: en Oaxaca (por violencia feminicida) y Guanajuato (por agravio comparado).
En Chihuahua, hubo un intento de las OSC de la entidad para decretarla, sin embargo las y los legisladores locales la negaron, porque en la Ley estatal no se reconoce ni la violencia feminicida, ni la Alerta.
Ante los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas durante más de una década en Ciudad Juárez, antes de iniciar la creación de la Ley Geeral, las legisladoras se antearon tipificar el delito de feminicidio, recordó la ex legisladora Lagarde y de los Ríos.
En febrero de 2011, se cumplirán 4 años de que fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), pero hasta el momento el balance es negativo, porque ha tenido un camino entorpecido, y el Estado no ha cumplido cabal y estructuralmente sobre sus mandatos.
Para la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, existe una falta de voluntad política en todos los niveles para cumplir la norma -única en su tipo porque tiene como esencia el reconocimiento de los derechos de las mujeres- «se ha cumplido con una cabalidad relativa, porque hay una dilación permanente del Estado para actuar con prioridad en los temas de las mujeres».
«Hasta el momento en México, las mujeres siguen padeciendo todos los tipos de violencia», afirmó la experta al hacer un balance de la Ley.
Las instancias responsables de implementar la Ley, cuentan con presupuesto desde 2007. Desde que entró en vigor la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, asignó recursos para coadyuvar a implementar mandatos específicos de la misma.
Para 2011 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron recursos -como se hizo en 2008 y 2009- para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones establecidas en la Ley.
Acciones que debería realizar la Secretaría de Gobernación (SG) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el caso de la AVG, único mecanismo al que la sociedad civil y los centros de derechos humanos pueden recurrir ante casos de feminicidio, no funciona.
Para activar la AVG en alguna región del país, la Ley establece que será con el registro de asesinatos, violaciones sexuales y desapariciones de mujeres y niñas. Ante las altas cifras de asesinatos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tienen previsto solicitar la Alerta para el Estado de México y en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.
Hasta hoy se han hecho dos solicitudes formales por parte de las OSC, para decretar la AVG: en Oaxaca (por violencia feminicida) y Guanajuato (por agravio comparado).
En Chihuahua, hubo un intento de las OSC de la entidad para decretarla, sin embargo las y los legisladores locales la negaron, porque en la Ley estatal no se reconoce ni la violencia feminicida, ni la Alerta.
Ante los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas durante más de una década en Ciudad Juárez, antes de iniciar la creación de la Ley Geeral, las legisladoras se antearon tipificar el delito de feminicidio, recordó la ex legisladora Lagarde y de los Ríos.
