La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena liberar a dos indígenas, eran considerados presos de conciencia

México, 28 nov (EFE).- La Suprema Corte de México ordenó hoy la liberación de los indígenas mexicanos Pascual Agustín Cruz y José Ramón A. Gómez, considerados presos de conciencia por organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la puesta en libertad inmediata de los dos hombres, que ya habían cumplido dos años y diez meses en prisión, según informaron a Efe fuentes de esta instancia judicial. La decisión estuvo motivada por las “irregularidades” que se produjeron durante el proceso, tales como la falta de traductores de su lengua nativa, el náhuatl, o la “falta de pruebas”. A través de un comunicado, AI celebró la decisión del alto tribunal a favor de la liberación de los dos líderes indígenas, procedentes de la comunidad montañosa de Atla, en el estado de Puebla (centro del país), “tras casi 3 años de injusta detención”. La organización recordó que los indígenas son dos defensores del acceso al agua en su municipio, lo que “fue motivo de disputas durante décadas” y originó la “injusta detención y procesamiento”, en “represalia por su legítimo trabajo”. El caso se remonta al 13 de enero de 2010, cuando fueron detenidos y acusados de robo con violencia de un vehículo. Ambos ostentaban cargos de responsabilidad comunitaria en la comunidad y se encontraban trabajando en un programa de universalización del agua potable, que chocaba frontalmente con los intereses de un grupo dedicado a la venta del agua. “Estos tres años de injusticia son el reflejo de un débil sistema judicial, que lejos de garantizar seguridad y justicia se presta a perseguir a personas únicamente por el hecho de luchar por sus derechos”, afirmó Alberto Herrera, director ejecutivo de AI México. “Lo más preocupante es que los fallos que caracterizaron este caso, lejos de ser desafortunadas excepciones, parecen más bien ser problemas estructurales característicos del sistema de justicia en México”, agregó.
    Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denunciaron que durante el proceso judicial no tuvieron acceso a un abogado que hablara su lengua o un intérprete que estuviera familiarizado con su cultura, a pesar de que la Constitución les otorga este derecho. AI instó a las autoridades judiciales a que revisen otros casos de miembros de comunidades indígenas que están actualmente detenidos y se aseguren de que su proceso ha sido conducido de acuerdo con sus derechos y que, de no ser así, se tomen las medidas necesarias. EFE