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La Verdad del Sureste

Tabasqueños con lustro de desencanto y represión con el gobierno de Andrés Granier


En el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se conmemoró este 10 de diciembre,  el  Comité de Derechos Humanos de Tabasco afirma que los tabasqueños llevan “un lustro de desencanto y represión” con el gobierno de Andrés Granier Melo.

    En la última edición de su órgano oficial “El pijije” el Codehutab, a propósito de la conmemoración de esa fecha, dice que en este mes, también se cumplen cinco años de la llegada de Andrés Granier al poder de Tabasco.

     Granier Melo, dice la publicación, personaje populista  que a base de la entrega de molinos y bicicletas en su época de presidente municipal del Centro en el periodo 2001-2003, hizo que mucha gente se olvidara de que dejó morir a tres ancianos barrenderos en plena Plaza de la Revolución, cuando se negó a cumplir el laudo laboral que les reconocía toda una vida de trabajo a favor de ese ayuntamiento.

    Llega al gobierno del estado  en el 2006, “a base de engaños y promesas”, unas de sus primeras víctimas fueron las personas de la tercera edad, a quienes otorgó una pensión que les quitó a los pocos meses, demostrando con ello que poco le importa garantizar el derecho a la alimentación, a la salud y a una vida digna  de ese grupo vulnerable.
    La inundación del 2007, continua, mostró el lado “más cínico” del gobierno de Granier Melo, ya que todos los recursos que donaron a Tabasco la comunidad nacional e internacional, quedó en las cuentas bancarias y bolsillos de ese personaje y otros funcionarios.

    En ese momento, a través del Instituto de Vivienda de Tabasco, entregó de manera discrecional vales por la cantidad de 10 mil pesos, a quienes en ese momento enaltecían su imagen, no así a las personas de las comunidades y colonias populares que perdieron sus pertenencias.

    Los habitantes de muchas de esas comunidades tuvieron que recurrir a la protesta y cierre de carreteras, la respuesta del gobierno fue enviar a la fuerza pública para reprimirlos.

    En el 2008, los habitantes de la comunidad El Tintillo, fueron reprimidos y encarcelados, luego de ser detenidos por los antimotines cuando defendían su patrimonio al defender y oponerse a la apertura de un canal de alivio que desvió el agua excedente del río Grijalva a esa y otras comunidades.

    Ese año, se afirma en El Pijije, mil 200 familias del municipio del Centro fueron desalojadas sin contemplación, demoliendo sus casas y patrimonios, para luego llevarlos a vivir a casas-habitación de 30 metros cuadrados y quedando además solo como posantes, debido a la serie de condiciones que le permitan al gobierno quitarles las viviendas, al no contar con escritura pública.

     Con el pretexto del combate al crimen organizado, sostiene Codehutab, la tortura de ha hecho una práctica cotidiana en Tabasco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que ha recibido más de 2 mil 300 quejas por dicho ilícito y que ya emitió dos recomendaciones: una por el asesinato de dos jóvenes en Jalpa de Méndez y otra por las inundaciones.

    La Procuraduría General de Justicia, dice el folleto 47 del Codehutab, encabeza el vergonzoso primer lugar de violaciones a los derechos humanos, al obligar a las personas que detienen a firmar declaraciones que jamás rindieron, a través de actos de tortura como toques eléctricos, golpes y amenazas de muerte.

     La ingobernabilidad que impera en la administración de Andrés Granier, asegura, obliga a las personas y a los gremios a recurrir a marchas y manifestaciones para exigir sus derechos, a los cuales se les responde con antimotines para impedir se sigan inconformando públicamente. En base a lo anterior, agrega Codehutab, se demuestra que en Tabasco su gobierno y autoridades, están muy lejos de cumplir con los principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, agrega.                                                  

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