Juan José Martínez Pérez, informó que su grupo parlamentario seguirá defendiendo los intereses de los tabasqueños con la misma determinación que lo hizo el año pasado. (Foto: Tomás Rivas)
VILLAHERMOSA, TABASCO, 31 DE ENERO DE 2012.- En el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, que inicia este martes, la fracción parlamentaria del PRD impulsará una agenda de 17 puntos, entre los que destacan la reforma electoral, la revocación del mandato, la reforma a la Ley de Salud y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
El coordinador de la bancada perredista, Juan José Martínez Pérez, informó que su grupo parlamentario seguirá defendiendo los intereses de los tabasqueños con la misma determinación que lo hizo el año pasado.
Otro de los temas a los que le dará prioridad el PRD son la reforma a la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio de Tabasco, en la que se plantea la creación de un Instituto e Avalúos de Bienes del Estado para que “se someta a procedimientos claros la selección, evaluación y adquisición de reserva territorial destinada al desarrollo de proyectos habitacionales”.
En seguimiento a la reforma al artículo 134 constitucional del siete de mayo del 2008, se va a plantar modificar la Constitución local para crear un órgano autónomo de evaluación del desempeño del sector público, para avanzar hacia el presupuesto de Egresos con base a resultados.
Ello implica, explicó Martínez Pérez, la derogación y reforma de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.
En cuanto a la reforma a la Ley de Fomento Económico del Estado, el líder parlamentario del PRD dijo que lo que se pretende con ella es “focalizar el aliento a la competitividad económica en las ramas estratégicas de la economía a través de políticas e instrumentos hacendarios, presupuestarios y de colaboración intergubernamental, nacional y regional”.
El PRD, manifestó, va a proponer reformar la Ley de Hacienda del Estado con la finalidad de recudir tasas y tablas de valores del pago del Impuesto Vehicular Estatal, pues las medidas adoptadas por el Ejecutivo en esta materia fueron un “engaño” y no resuelve el asunto de fondo.
De igual manera se trabajará en lo relativo al nuevo sistema penal acusatorio y oral, aprobado en el ámbito federal hace ya tres años, cuyo plazo de transición constitucional es de 8 años.
Esto implica modificar y reformar una serie de leyes, entre las cuales figuran la misma Constitución local, la Ley de Seguridad Pública, los códigos Penal y de Procedimientos Penales, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, entre otras.
En este tema, Martínez Pérez dijo que se recomendará al Ejecutivo la creación de un comité interinstitucional para la implementación del sistema penal, que incluya a representantes del Poder Legislativo y de la sociedad civil.
Destacó que otro tema será los cambios a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado; reformas a los códigos sustantivos y adjetivos civiles y panales en materia de violencia de género; modificaciones a la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos “para sancionar con mayor rigor los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública”.
De igual modo, reformas a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para garantizar los derechos humanos de reclusos e internos. Se planteará también la derogación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental a fin de transitar hacia una nueva Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “que se armonice con reformas a la Ley de Hacienda del Estado, con la Ley de Deuda Pública del Estado y sus Municipios y una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas”.
El coordinador de la bancada perredista, Juan José Martínez Pérez, informó que su grupo parlamentario seguirá defendiendo los intereses de los tabasqueños con la misma determinación que lo hizo el año pasado.
Otro de los temas a los que le dará prioridad el PRD son la reforma a la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio de Tabasco, en la que se plantea la creación de un Instituto e Avalúos de Bienes del Estado para que “se someta a procedimientos claros la selección, evaluación y adquisición de reserva territorial destinada al desarrollo de proyectos habitacionales”.
En seguimiento a la reforma al artículo 134 constitucional del siete de mayo del 2008, se va a plantar modificar la Constitución local para crear un órgano autónomo de evaluación del desempeño del sector público, para avanzar hacia el presupuesto de Egresos con base a resultados.
Ello implica, explicó Martínez Pérez, la derogación y reforma de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.
En cuanto a la reforma a la Ley de Fomento Económico del Estado, el líder parlamentario del PRD dijo que lo que se pretende con ella es “focalizar el aliento a la competitividad económica en las ramas estratégicas de la economía a través de políticas e instrumentos hacendarios, presupuestarios y de colaboración intergubernamental, nacional y regional”.
El PRD, manifestó, va a proponer reformar la Ley de Hacienda del Estado con la finalidad de recudir tasas y tablas de valores del pago del Impuesto Vehicular Estatal, pues las medidas adoptadas por el Ejecutivo en esta materia fueron un “engaño” y no resuelve el asunto de fondo.
De igual manera se trabajará en lo relativo al nuevo sistema penal acusatorio y oral, aprobado en el ámbito federal hace ya tres años, cuyo plazo de transición constitucional es de 8 años.
Esto implica modificar y reformar una serie de leyes, entre las cuales figuran la misma Constitución local, la Ley de Seguridad Pública, los códigos Penal y de Procedimientos Penales, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, entre otras.
En este tema, Martínez Pérez dijo que se recomendará al Ejecutivo la creación de un comité interinstitucional para la implementación del sistema penal, que incluya a representantes del Poder Legislativo y de la sociedad civil.
Destacó que otro tema será los cambios a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado; reformas a los códigos sustantivos y adjetivos civiles y panales en materia de violencia de género; modificaciones a la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos “para sancionar con mayor rigor los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública”.
De igual modo, reformas a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para garantizar los derechos humanos de reclusos e internos. Se planteará también la derogación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental a fin de transitar hacia una nueva Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “que se armonice con reformas a la Ley de Hacienda del Estado, con la Ley de Deuda Pública del Estado y sus Municipios y una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas”.
