La reforma electoral constitucional propone reducir gasto en congresos locales, Senado y organismos electorales, con cambios que impactarían la integración municipal y la revocación de mandato.
El Plan B electoral sumó respaldo en el Senado por parte de Morena, PT y PVEM. El apoyo ocurre mientras continúan las negociaciones sobre una reforma que, según sus promotores, busca recortar costos del sistema político.
La aparición de lonas contra legisladores del PT en Oaxaca abrió una denuncia pública por presunta intimidación política tras su voto contra la reforma electoral.
El Plan B de Sheinbaum recibió respaldo público de gobernadores y jefes de gobierno afines a la 4T, quienes lo presentan como una reforma para recortar gasto político y fortalecer la participación ciudadana.
El rechazo a la reforma electoral mantiene sin cambios el financiamiento y las curules plurinominales que benefician a PVEM y PT. La decisión impacta en el uso de recursos públicos y en la forma en que sus dirigencias llegan al Congreso.
El plan b reforma electoral de Claudia Sheinbaum aún no tiene apoyo asegurado de PT y PVEM, un respaldo clave para que avance en el Congreso.
La presidenta sostuvo que la reforma electoral no aprobada exhibió cómo votó cada bancada y adelantó que planteó una alternativa a partidos aliados.
La propuesta electoral de Claudia Sheinbaum no alcanzó mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Morena anunció que impulsará una ruta alterna tras el rechazo de sus aliados PT y parte del PVEM.
El Partido del Trabajo, aliado histórico de Morena, anticipó su rechazo a la reforma electoral de la Presidenta.
Su postura puede pesar en una iniciativa que toca plurinominales y financiamiento partidista.
La propuesta electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada solo con votos de Morena en comisiones.
En el pleno de Diputados no alcanzará la mayoría calificada y se prevé su rechazo.
La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum depende en buena medida del respaldo del Partido Verde en el Congreso.
La discusión cobra peso por el impacto que tendría en el financiamiento partidista y en las candidaturas plurinominales.
El INE dijo estar en condiciones de ejecutar los cambios que apruebe el Congreso y consideró más viable llevar la elección judicial a 2028 por límites operativos.