Terminó el periodo de 30 días en que ANJ se comprometió para revisar las condiciones en que entrego la administración del estado saliente

Las irregularidades de la pasada administración del estado encabezada por Andrés Granier, se detectaron desde los primeros días del nuevo gobierno. El quebranto al sector salud y educativo fueron la punta del iceberg para visibilizar el enorme desfalco al erario público, lo cual hace evidente la situación que aqueja a Tabasco. El actual gobernador se comprometió a que en un termino de 30 días, desde el inicio de su administración, tendría los elementos suficientes para poder actuar jurídicamente en contra de los funcionarios saqueadores del estado. Este periodo ha perecido con el mes de enero, lo que nos deja ahora una exigencia como sociedad tabasqueña enfocada a aplicar la ley a los saqueadores de Tabasco. Esto debe ser de manera inmediata, debido a que mientras más tiempo dejemos pasar, mayor será la posibilidad de que estos ladrones se sustraigan a la acción de la justicia. Los tabasqueños entendemos que este primer año podrá ser un periodo de austeridad, lo que implicaría un recorte a programas sociales. Como ciudadanos le brindaremos la confianza al actual gobierno, siempre y cuando veamos encarcelados a quienes se robaron los recursos. De no ser así entenderemos que este gobierno se convierte en cómplice y tapadera del anterior, dejando de lado la promesa de “un cambio para Tabasco” como un simple discurso electorero.