Tortura, detenciones ilegales y desapariciones forzadas, prácticas comunes en Tabasco: Human Rights Watch
La organización internacional dedicada a la protección de los derechos humanos «Human Rights Watch», hizo pública una investigación realizada a lo largo de dos años cuyo objetivo fue responder a la pregunta ¿Cuál ha sido el desempeño de las fuerzas de seguridad? Para lo cual realizó investigaciones en cinco de los estados más afectados por la violencia: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.
Entrevistas, estadísticas oficiales, revisión de expedientes y otras pruebas, fueron los elementos que se utilizaron para elaborar esta investigación. Del análisis realizado, se concluyó que la política de seguridad pública impulsada a partir de la guerra contra la delincuencia organizada ha fracasado principalmente en dos aspectos: no ha logrado reducir la violencia y, al contrario, ha generado un incremento de las violaciones a los derechos humanos. Respecto al segundo aspecto, en los cinco estados analizados se evidenció la existencia de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cuya recurrencia demuestra que no se tratan de hechos aislados sino de prácticas que forman parte del método en que se imparte «justicia» en México.
El caso Tabasco
Entre los casos ilustrativos en Tabasco destacan: - El de Nallely Thamara Lara Sosa, de 22 años, residente de Villahermosa, quien fue detenida arbitrariamente en junio de 2010 y llevada a un centro de detención ilegal donde fue torturada y agredida sexualmente por miembros de las fuerzas de seguridad. Durante el interrogatorio la desnudaron y tocaron por todo su cuerpo para obligarla a confesar hechos falsos. - El del policía municipal Eliud Naranjo Gómez, quien se encontraba en su casa en Huimanguillo cuando entre 15 y 20 policías y soldados entraron y lo golpearon frente a su esposa, su hijo y su suegro, luego le vendaron los ojos y se lo llevaron en un vehículo a un lugar desconocido donde lo torturaron hasta hacerlo confesar que trabajaba para la delincuencia organizada, siendo encarcelado por éste delito. - El del conductor de taxi Margarito Landero Acuña, arrestado por la Policía Ministerial de Cárdenas en un retén y liberado dos días después sin que se presentaran cargos en su contra. Al momento de ser liberado apenas podía caminar, le contó a su familia que los policías lo interrogaron aplastándole los pies con sus botas, lo asfixiaron con bolsas de plástico y saltaron continuamente sobre su espalda. Su estado de salud empeoró hasta que tres días después murió por un grave sangrado interno. - El de Raúl Brindis González, quien fue detenido sin orden judicial por policías y soldados que ingresaron a la fuerza a su casa.
Al día siguiente se pidió a los familiares presentarse ente la Procuraduría General de Justicia, donde les informaron que el Señor Raúl Brindis había fallecido a causa de problemas respiratorios mientras se encontraba a disposición del Ministerio Público. La investigación señala que más de 25 víctimas de cinco casos diferentes en Tabasco describieron un patrón casi idéntico de detención arbitraria y tortura desde que se les arresta hasta que se les pone a disposición del Ministerio Público estatal. Detenidas sin orden judicial por personal armado y con el rostro cubierto que durante el traslado las golpea y obliga a declarar lo que sea necesario, asfixia con bolsas de plástico, aislamientos hasta de una semana, descargas eléctricas y amenazas de muerte, e incluso la misma logística o modus operandi, son características que coinciden en los diferentes casos, lo que sugiere que no son aislados sino una práctica común. La mayoría de los casos que se mencionan en la investigación han sido denunciados por las propias víctimas o por sus familiares sin que las autoridades hayan hecho algo al respecto. Según datos oficiales utilizados en la investigación, entre diciembre de 2006 y 2010, en Tabasco ocurrieron 183 «ejecuciones» y 18 muertos resultado de «agresiones y enfrentamientos».
A pesar de la frecuencia en que suceden desapariciones forzadas, en Tabasco este delito no está tipificado. Finalmente, la organización defensora de los derechos humanos señala que cuando se les solicitó la información, las autoridades del estado no supieron indicar cuántos homicidios vinculados con la delincuencia organizada habían sido investigados y juzgados o bien no quisieron responder a estas solicitudes de información.
Entrevistas, estadísticas oficiales, revisión de expedientes y otras pruebas, fueron los elementos que se utilizaron para elaborar esta investigación. Del análisis realizado, se concluyó que la política de seguridad pública impulsada a partir de la guerra contra la delincuencia organizada ha fracasado principalmente en dos aspectos: no ha logrado reducir la violencia y, al contrario, ha generado un incremento de las violaciones a los derechos humanos. Respecto al segundo aspecto, en los cinco estados analizados se evidenció la existencia de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cuya recurrencia demuestra que no se tratan de hechos aislados sino de prácticas que forman parte del método en que se imparte «justicia» en México.
El caso Tabasco
Entre los casos ilustrativos en Tabasco destacan: - El de Nallely Thamara Lara Sosa, de 22 años, residente de Villahermosa, quien fue detenida arbitrariamente en junio de 2010 y llevada a un centro de detención ilegal donde fue torturada y agredida sexualmente por miembros de las fuerzas de seguridad. Durante el interrogatorio la desnudaron y tocaron por todo su cuerpo para obligarla a confesar hechos falsos. - El del policía municipal Eliud Naranjo Gómez, quien se encontraba en su casa en Huimanguillo cuando entre 15 y 20 policías y soldados entraron y lo golpearon frente a su esposa, su hijo y su suegro, luego le vendaron los ojos y se lo llevaron en un vehículo a un lugar desconocido donde lo torturaron hasta hacerlo confesar que trabajaba para la delincuencia organizada, siendo encarcelado por éste delito. - El del conductor de taxi Margarito Landero Acuña, arrestado por la Policía Ministerial de Cárdenas en un retén y liberado dos días después sin que se presentaran cargos en su contra. Al momento de ser liberado apenas podía caminar, le contó a su familia que los policías lo interrogaron aplastándole los pies con sus botas, lo asfixiaron con bolsas de plástico y saltaron continuamente sobre su espalda. Su estado de salud empeoró hasta que tres días después murió por un grave sangrado interno. - El de Raúl Brindis González, quien fue detenido sin orden judicial por policías y soldados que ingresaron a la fuerza a su casa.
Al día siguiente se pidió a los familiares presentarse ente la Procuraduría General de Justicia, donde les informaron que el Señor Raúl Brindis había fallecido a causa de problemas respiratorios mientras se encontraba a disposición del Ministerio Público. La investigación señala que más de 25 víctimas de cinco casos diferentes en Tabasco describieron un patrón casi idéntico de detención arbitraria y tortura desde que se les arresta hasta que se les pone a disposición del Ministerio Público estatal. Detenidas sin orden judicial por personal armado y con el rostro cubierto que durante el traslado las golpea y obliga a declarar lo que sea necesario, asfixia con bolsas de plástico, aislamientos hasta de una semana, descargas eléctricas y amenazas de muerte, e incluso la misma logística o modus operandi, son características que coinciden en los diferentes casos, lo que sugiere que no son aislados sino una práctica común. La mayoría de los casos que se mencionan en la investigación han sido denunciados por las propias víctimas o por sus familiares sin que las autoridades hayan hecho algo al respecto. Según datos oficiales utilizados en la investigación, entre diciembre de 2006 y 2010, en Tabasco ocurrieron 183 «ejecuciones» y 18 muertos resultado de «agresiones y enfrentamientos».
A pesar de la frecuencia en que suceden desapariciones forzadas, en Tabasco este delito no está tipificado. Finalmente, la organización defensora de los derechos humanos señala que cuando se les solicitó la información, las autoridades del estado no supieron indicar cuántos homicidios vinculados con la delincuencia organizada habían sido investigados y juzgados o bien no quisieron responder a estas solicitudes de información.
