La tortura es una práctica recurrente de agentes ministeriales: Rodríguez León
La tortura sigue siendo una práctica recurrente de los agentes ministeriales para arrancar declaraciones a detenidos, “no puede haber cambios en ese sentido, si sólo se nombra nuevo procurador y directores, cuando son los agentes ministeriales los que recurren a esos métodos”.
Sostuvo ayer el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) Efraín Rodríguez León, en entrevista con La Verdad del Sureste.
El abogado dio a conocer que el próximo 9 de abril, integrante de esa organización civil, sostendrá una reunión con el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, precisamente por un caso de tortura.
Se trata de tres personas, dos mujeres y un hombre que fueron involucrados en el asesinato del ex alcalde de Paraíso, Cristóbal Javier Angulo ocurrido el 16 de enero de este año.
Son los agentes ministeriales “las manzanas podridas de ese huacal” declaró Rodríguez León, y pesar de ello permanecen en la PGJE sexenio tras sexenio.
Mientras no se realice una depuración en esos niveles, la tortura permanecerá, sentenció.
Al hablar del caso que trataran en la próxima reunión con el procurador, Efraín Rodríguez mencionó que se trata de una pareja y otra mujer, las cuales fueron torturadas varias horas el día de su detención.
La mujer del matrimonio relató que los agentes ministeriales que los detuvieron les colocaron bolsas de plástico en sus cabezas para provocarles una asfixia y luego la mojaron con la intención de aplicarle toques eléctricos, afortunadamente los suspendieron en el momento del cambio de guardia.
Posteriormente esas tres personas fueron arraigadas y un mes después fueron liberadas, luego de la detención del verdadero responsable, afortunadamente resistieron la tortura y no se declararon culpables, dijo el defensor de Codehutab.
Las víctimas ni siquiera recibieron una disculpa, por el contrario, fueron amenazados por los agentes ministeriales en el sentido de que si denunciaban algo se atuvieran a las consecuencias porque sabían donde vivían.
Es por eso que buscamos un diálogo con el procurador, veremos cuál es su disposición ante este caso, si la hay, planteó, tendrá que comprometerse a investigar a esos agentes torturadores.
Esperamos una respuesta positiva, una muestra de buena señal del procurador fue aceptar recibirnos, de lo contrario, advirtió, actuaremos en consecuencia.
Rodríguez León se negó a proporcionar los nombres de las víctimas, por temor a las amenazas de las que han sido objeto, en cuanto a la identidad de de los agentes involucrados, dijo que él y las víctimas la desconocen, pero que el procurador tiene posibilidades de investigar, en base a los turnos.
Pero repito, insistió Rodríguez León, no basta cambiar a las cabezas cuando los que ejecutan el trabajo siguen ahí y permanece la impunidad, los agentes ministeriales se convierten en juez y parte y los ministerios públicos son sus cómplices.
No puede seguir siendo posible que los agentes ministeriales pongan a disposición de los ministerios públicos a personas golpeadas y torturadas, a las que ni siquiera le toman declaración, pero si las obligan a poner sus huellas y firmas a documentos previamente elaborados.
Menos aún cuando es precisamente el MP el que debe sancionar al torturador, pero que podemos esperar de ambos funcionarios cuando son cómplices de esa práctica, expresó.
El abogado mencionó que las tres personas torturadas de las que en estos momentos el Codehutab se ocupa, fueron involucradas debido a que el hombre, caminando en su comunidad –Rió Viejo, municipio del Centro- se encontró un chip de celular, lo recogió y se lo dio a su esposa pensando que podía tener saldo.
Efectivamente tenía saldo y por realizar algunas llamadas los tres –la pareja y la cuñada de uno de ellos- fueron detectados por la PGJE e inmediatamente detenidos, en lugar de haberlos citado a declarar, porque ni siquiera había flagrancia, había pasado ya mucho tiempo, agregó.
