Traicionado plan de Ayala: Emma Villalba
“Completamente traicionado, pero no derrotado”, se encuentra el Plan de Ayala a cien años de su promulgación por Emiliano Zapata, afirma la abogada especializada en derecho agrario e integrante de la organización civil Servicio Paz y Justicia de Tabasco, Emma Villalba.
Una no puede ser ni triunfalista ni derrotista, dijo, sino mirar las cosas cual son para tener claridad, sin embargo, a pesar de todo, lo implementado por los gobiernos neoliberales, principalmente a partir del “Salinazo”, no han logrado todos sus objetivos.
A propósito del primer siglo de la promulgación del Plan de Ayala que se cumplió el pasado 28 de noviembre, la abogada dedicada a la defensa de la tierra de grupos de campesinos e indígenas de varios estados, fue entrevistada antes de impartir un taller sobre este tema a integrantes del Consejo de Comunidades Unidad de Centla.
Hay que recordar, dice primero, que el Plan de Ayala es posterior al Plan de San Luis emitido por Francisco I. Madero en el que este llama a levantarse contra la dictadura de Porfirio Díaz.
Un año después, cuando Madero había logrado su objetivo, el Ejército Libertador del Sur, que encabezaba el general Emiliano Zapata, pensó que había que ir más allá, devolviendo las tierras que originalmente pertenecían a los pueblos indígenas y para dotar de tierras a los campesinos que no disponían de la misma.
Para Zapata dice la abogada, sí esas demandas de los campesinos y campesinas no se cumplían la Revolución quedaría “coja”, porque la caída del Porfiriato no significaría el desmantelamiento de los grandes latifundios y los cacicazgos rurales que habían surgido bajo su protección.
El Constituyente aprueba la Ley de Reforma Agraria en 1915, retomando en la misma las demandas de Zapata, no fue por imaginación y buenas intenciones de Venustiano Carranza, sino por la presión social y el aporte de los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón. Carranza incluso traiciona al caudillo del sur, tratando de integrar el Constituyente solo con las huestes de Francisco Villa, pero este llama a Zapata y su ejército para que participen, después carranza ordena el asesinato de Emiliano Zapata.
Desde el punto de vista de la especialista en derecho agrario, los beneficios principales del Plan de Ayala para los campesinos y pueblos indígenas fue la restitución de las tierras que a estos últimos les había quitado la colonia española.
Pero también dotar de tierras a grupos de 20 familias campesinas, indígenas o no, y conformar un ejido.
Pero fue hasta el periodo del general Lázaro Cárdenas que México vivió un oasis en términos de poder hacer realidad los derechos agrarios, eso, afirma, se puede comprobar hasta con un trabajo superficial de la documentación existente en el Archivo General de la Nación y en el Registro Agrario por el número de resoluciones presidenciales rotatorias y de reconocimiento de tierra de los pueblos indígenas.
Incluso esas resoluciones fueron materia de posterior resolución y ejecución, menciona
Ya con el gobierno de Miguel Alemán se da un retroceso, al crear el amparo agrario y no para beneficio de los campesinos sino de los terratenientes, porque mediante ese mecanismo jurídico estos podrían obtener un certificado de inafectabilidad, fraccionando sus tierras entre familiares y compadres.
La Secretaria de la Reforma Agraria, asegura Emma Villalba, llegó a tener claridad en que la maniobra era una simulación por eso emprendió todo un juicio administrativo, para desaparecerlo.
Con Lázaro Cárdenas se da un avance importante en el cumplimiento del Plan de Ayala y la Constitución surgida de la Revolución que, a pesar de todo, fue una de las más avanzadas del mundo en materia social y que todavía nos rige pero “parchada” sostiene la abogada Villalba.
“Actualmente nuestra Constitución es como un vestido precioso al que le cortaron tanto y le han puesto parches de todo tipo que ahora tenemos un adefesio”.
Desde el “salinato” hay un retroceso en materia agraria, en el espíritu del Plan de Ayala y la Constitución del 1817, no solo un retroceso sino una traición”.
Desde 1991 y a principios de 1992, Carlos Salinas de Gortari y Carlos Hank González, Secretario de Agricultura durante su mandato, hicieron un trabajo de compra de líderes campesinos, no solo de las organizaciones oficiales sino de hasta las independientes. Antes desde el 87, se estaba gestando un movimiento unitario de esas organizaciones, que Salinas vino a impulsar el Congreso Agrario Permanente y comprando líderes para que le dieran la firma para la iniciativa de ley agraria que estaba preparando.
La Ley Agraria suple a la Ley de Reforma Agraria, esta era un “mamotreto” muy interesante que decía como solicitar las acciones de tierra ya fueran como dotación, restitución, ampliación o rehabilitación, y termino siendo un documento tremendamente escueto, de no más de 200 artículos.
Norma también la Ley Agraria lo que debe ser la vida de los ejidos y bienes comunales ya instituidos, pero cancela el reparto agrario, que era un derecho consignando en la Constitución y lo convierte en ilegal. Pero además crea una serie de instituciones paralelas a Secretaria de la Reforma Agraria, supuestamente para desectorizar todo el asunto agraria: la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario. Dota de más facultades al Registro Agrario Nacional y le quita a la Reforma Agraria.
Eso, explica, lejos de facilitar los trámites a los campesinos, significa para ellos enfrentar un “víacrucis” porque ahora los mandan de una institución a la otra y no les resuelven sus problemas, cuando antes a pesar de que era un subir y bajar en el edificio de la Reforma Agraria que tenía alrededor de quince pisos, sabían que ahí tenían que hacer todo el papeleo.
Fingiendo demencia, asegura Emma Villalba, ahora los mandan a la Procuraduría Agraria o al Tribunal Agrario, luego de afirmar que no tiene que ver con la Reforma Agraria, el personal que labora ahí es tremendamente irrespetuoso con los campesinos.
La propiedad social de las tierras en México era del 50 por ciento y a pesar de los programas neoliberales para privatizar el campo, financiado principalmente por el Bando Interamericano de Desarrollo (BID), un primer paso fue el Programa de Certificación de Derechos Agrarios (Procede), no han logrado sus objetivos.
A veinte años de que Salinas inició ese proceso, con el Procede apenas avanzaron un 12 por ciento, por eso ahora han inventado nuevos programas como el Fondo Nacional de Apoyo para la Regularización (FANALAR).
Sin embargo, todavía la Ley Agraria en su Artículo 16 establece que los derechos agrarios de los campesinos pueden ser reconocidos con certificados expedidos por la autoridad competente, es decir, el Registro Agrario, si no disponen del Procede.
Claro, expuso la representante de Serpaj, ahora ha creado una normativa para saltarse eso.
Cuando hemos dialogado con el director del Registro Agrario Nacional, por ejemplo, cuando se dio el Movimiento del Campo No Aguanta Mas en el 2003, el no tuvo ninguna argumentación jurídica para decir que no se pudiera, de hecho reconoció tácitamente que la normativa nueva era política.
A cien años, el Plan de Ayala ha sido completamente traicionado pero no derrotado por los gobiernos neoliberales. La gran pregunta es, ¿sí los gobernantes hubieran sido de otro partido que no fueran PRI y PAN también serían neoliberales o no?
Eso es lo que preocupa al campesino, más allá de los colores y los carismas independientes de los candidatos, porque el neoliberalismo es una fase del capitalismo completamente despojador, ese es el asunto.
De por si el capitalismo se define porque sus ganancias no tiene origen en el trabajo, sino a partir de la explotación de la mano de obra, pero ya en la fase liberal se comporta de manera irracional, con tal de generar una tremenda acumulación.
Exprime y chupa fuentes como la mano de obra, los recursos naturales y materia prima, de tal manera que las agota y los lleva a la extinción del mismo planeta.
- ¿Cuáles son los perjuicios que la reforma de Salina causó a los ejidos y los bienes comunales? Se le preguntó a Emma Villalba.
La gran embestida fue que de un plumazo pretendió desaparecer el reparto agrario, pero lo otro es que el neoliberalismo no se conforma con eso, al ver que la propiedad social en México es tan grande que sigue haciendo esfuerzo para privatizarla.
Carlos Salinas no fue tonto, más bien astuto y ambicioso, siempre se camuflajeaba, de acuerdo con los grupos que se reunía, incluso su ley agraria no tiene un lenguaje transparente.
Me parece que, en su momento, entendió que si daba el paso para la total privatización de la propiedad social, el costo político sería muy alto, por lo que más bien se dio a la tarea de crear condiciones hacia esa meta, le hizo la tarea al neoliberalismo y se lavó las manos.
Como decía, a 20 años de ese golpe, no se ha logrado quitar las protecciones al ejido ni a la propiedad comunal y el 12 por ciento de avance ni siquiera fue en términos de privatización plena. Evaluando, dijo, creo que no se puede ser ni triunfalista ni derrotista, sino mirar las cosas tal cual son para tener claridad.
Creo que a pesar de las grandes cantidades de dinero que los gobiernos neoliberales han invertido con el Procede y otros programas, no han cumplido con sus deberes gerenciales hacia las transnacionales, porque el campesinado mexicano ha resistido.
La política neoliberal en el mismo sentido, no solo es un problema para los mexicanos, lo mismo está pasando en la India, Nueva Zelanda y Brasil, por citar algunos países, y hay que estar muy alerta con las políticas públicas, revestidas de objetivos milenarios y de “onda ONU”.
Parecieran muy “modernas”, dice, pero en realidad son en embate no solo contra el ejido y los bienes comunales de México, con discurso del cambio climático y el maíz transgénico, con propuestas que no solo afectan a la tierra, sino al territorio y tiene que ver con la soberanía alimentaria y nacional. Eso lo tiene más claro los pueblos originarios, que en realidad nunca fueron integrados a la Nación, y cuya postura no ha sido entendida por la soberbia occidental o egocéntrica, en cuanto a su visión de la tierra y el territorio entendida como madre tierra.
Para ellos la lucha en defensa de la tierra no es fragmentada, por un lado en contra del cambio climático y por el otro su rechazo al maíz transgénico, sino que “todo va junto con pegado”, agregó.
Una no puede ser ni triunfalista ni derrotista, dijo, sino mirar las cosas cual son para tener claridad, sin embargo, a pesar de todo, lo implementado por los gobiernos neoliberales, principalmente a partir del “Salinazo”, no han logrado todos sus objetivos.
A propósito del primer siglo de la promulgación del Plan de Ayala que se cumplió el pasado 28 de noviembre, la abogada dedicada a la defensa de la tierra de grupos de campesinos e indígenas de varios estados, fue entrevistada antes de impartir un taller sobre este tema a integrantes del Consejo de Comunidades Unidad de Centla.
Hay que recordar, dice primero, que el Plan de Ayala es posterior al Plan de San Luis emitido por Francisco I. Madero en el que este llama a levantarse contra la dictadura de Porfirio Díaz.
Un año después, cuando Madero había logrado su objetivo, el Ejército Libertador del Sur, que encabezaba el general Emiliano Zapata, pensó que había que ir más allá, devolviendo las tierras que originalmente pertenecían a los pueblos indígenas y para dotar de tierras a los campesinos que no disponían de la misma.
Para Zapata dice la abogada, sí esas demandas de los campesinos y campesinas no se cumplían la Revolución quedaría “coja”, porque la caída del Porfiriato no significaría el desmantelamiento de los grandes latifundios y los cacicazgos rurales que habían surgido bajo su protección.
El Constituyente aprueba la Ley de Reforma Agraria en 1915, retomando en la misma las demandas de Zapata, no fue por imaginación y buenas intenciones de Venustiano Carranza, sino por la presión social y el aporte de los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón. Carranza incluso traiciona al caudillo del sur, tratando de integrar el Constituyente solo con las huestes de Francisco Villa, pero este llama a Zapata y su ejército para que participen, después carranza ordena el asesinato de Emiliano Zapata.
Desde el punto de vista de la especialista en derecho agrario, los beneficios principales del Plan de Ayala para los campesinos y pueblos indígenas fue la restitución de las tierras que a estos últimos les había quitado la colonia española.
Pero también dotar de tierras a grupos de 20 familias campesinas, indígenas o no, y conformar un ejido.
Pero fue hasta el periodo del general Lázaro Cárdenas que México vivió un oasis en términos de poder hacer realidad los derechos agrarios, eso, afirma, se puede comprobar hasta con un trabajo superficial de la documentación existente en el Archivo General de la Nación y en el Registro Agrario por el número de resoluciones presidenciales rotatorias y de reconocimiento de tierra de los pueblos indígenas.
Incluso esas resoluciones fueron materia de posterior resolución y ejecución, menciona
Ya con el gobierno de Miguel Alemán se da un retroceso, al crear el amparo agrario y no para beneficio de los campesinos sino de los terratenientes, porque mediante ese mecanismo jurídico estos podrían obtener un certificado de inafectabilidad, fraccionando sus tierras entre familiares y compadres.
La Secretaria de la Reforma Agraria, asegura Emma Villalba, llegó a tener claridad en que la maniobra era una simulación por eso emprendió todo un juicio administrativo, para desaparecerlo.
Con Lázaro Cárdenas se da un avance importante en el cumplimiento del Plan de Ayala y la Constitución surgida de la Revolución que, a pesar de todo, fue una de las más avanzadas del mundo en materia social y que todavía nos rige pero “parchada” sostiene la abogada Villalba.
“Actualmente nuestra Constitución es como un vestido precioso al que le cortaron tanto y le han puesto parches de todo tipo que ahora tenemos un adefesio”.
Desde el “salinato” hay un retroceso en materia agraria, en el espíritu del Plan de Ayala y la Constitución del 1817, no solo un retroceso sino una traición”.
Desde 1991 y a principios de 1992, Carlos Salinas de Gortari y Carlos Hank González, Secretario de Agricultura durante su mandato, hicieron un trabajo de compra de líderes campesinos, no solo de las organizaciones oficiales sino de hasta las independientes. Antes desde el 87, se estaba gestando un movimiento unitario de esas organizaciones, que Salinas vino a impulsar el Congreso Agrario Permanente y comprando líderes para que le dieran la firma para la iniciativa de ley agraria que estaba preparando.
La Ley Agraria suple a la Ley de Reforma Agraria, esta era un “mamotreto” muy interesante que decía como solicitar las acciones de tierra ya fueran como dotación, restitución, ampliación o rehabilitación, y termino siendo un documento tremendamente escueto, de no más de 200 artículos.
Norma también la Ley Agraria lo que debe ser la vida de los ejidos y bienes comunales ya instituidos, pero cancela el reparto agrario, que era un derecho consignando en la Constitución y lo convierte en ilegal. Pero además crea una serie de instituciones paralelas a Secretaria de la Reforma Agraria, supuestamente para desectorizar todo el asunto agraria: la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario. Dota de más facultades al Registro Agrario Nacional y le quita a la Reforma Agraria.
Eso, explica, lejos de facilitar los trámites a los campesinos, significa para ellos enfrentar un “víacrucis” porque ahora los mandan de una institución a la otra y no les resuelven sus problemas, cuando antes a pesar de que era un subir y bajar en el edificio de la Reforma Agraria que tenía alrededor de quince pisos, sabían que ahí tenían que hacer todo el papeleo.
Fingiendo demencia, asegura Emma Villalba, ahora los mandan a la Procuraduría Agraria o al Tribunal Agrario, luego de afirmar que no tiene que ver con la Reforma Agraria, el personal que labora ahí es tremendamente irrespetuoso con los campesinos.
La propiedad social de las tierras en México era del 50 por ciento y a pesar de los programas neoliberales para privatizar el campo, financiado principalmente por el Bando Interamericano de Desarrollo (BID), un primer paso fue el Programa de Certificación de Derechos Agrarios (Procede), no han logrado sus objetivos.
A veinte años de que Salinas inició ese proceso, con el Procede apenas avanzaron un 12 por ciento, por eso ahora han inventado nuevos programas como el Fondo Nacional de Apoyo para la Regularización (FANALAR).
Sin embargo, todavía la Ley Agraria en su Artículo 16 establece que los derechos agrarios de los campesinos pueden ser reconocidos con certificados expedidos por la autoridad competente, es decir, el Registro Agrario, si no disponen del Procede.
Claro, expuso la representante de Serpaj, ahora ha creado una normativa para saltarse eso.
Cuando hemos dialogado con el director del Registro Agrario Nacional, por ejemplo, cuando se dio el Movimiento del Campo No Aguanta Mas en el 2003, el no tuvo ninguna argumentación jurídica para decir que no se pudiera, de hecho reconoció tácitamente que la normativa nueva era política.
A cien años, el Plan de Ayala ha sido completamente traicionado pero no derrotado por los gobiernos neoliberales. La gran pregunta es, ¿sí los gobernantes hubieran sido de otro partido que no fueran PRI y PAN también serían neoliberales o no?
Eso es lo que preocupa al campesino, más allá de los colores y los carismas independientes de los candidatos, porque el neoliberalismo es una fase del capitalismo completamente despojador, ese es el asunto.
De por si el capitalismo se define porque sus ganancias no tiene origen en el trabajo, sino a partir de la explotación de la mano de obra, pero ya en la fase liberal se comporta de manera irracional, con tal de generar una tremenda acumulación.
Exprime y chupa fuentes como la mano de obra, los recursos naturales y materia prima, de tal manera que las agota y los lleva a la extinción del mismo planeta.
- ¿Cuáles son los perjuicios que la reforma de Salina causó a los ejidos y los bienes comunales? Se le preguntó a Emma Villalba.
La gran embestida fue que de un plumazo pretendió desaparecer el reparto agrario, pero lo otro es que el neoliberalismo no se conforma con eso, al ver que la propiedad social en México es tan grande que sigue haciendo esfuerzo para privatizarla.
Carlos Salinas no fue tonto, más bien astuto y ambicioso, siempre se camuflajeaba, de acuerdo con los grupos que se reunía, incluso su ley agraria no tiene un lenguaje transparente.
Me parece que, en su momento, entendió que si daba el paso para la total privatización de la propiedad social, el costo político sería muy alto, por lo que más bien se dio a la tarea de crear condiciones hacia esa meta, le hizo la tarea al neoliberalismo y se lavó las manos.
Como decía, a 20 años de ese golpe, no se ha logrado quitar las protecciones al ejido ni a la propiedad comunal y el 12 por ciento de avance ni siquiera fue en términos de privatización plena. Evaluando, dijo, creo que no se puede ser ni triunfalista ni derrotista, sino mirar las cosas tal cual son para tener claridad.
Creo que a pesar de las grandes cantidades de dinero que los gobiernos neoliberales han invertido con el Procede y otros programas, no han cumplido con sus deberes gerenciales hacia las transnacionales, porque el campesinado mexicano ha resistido.
La política neoliberal en el mismo sentido, no solo es un problema para los mexicanos, lo mismo está pasando en la India, Nueva Zelanda y Brasil, por citar algunos países, y hay que estar muy alerta con las políticas públicas, revestidas de objetivos milenarios y de “onda ONU”.
Parecieran muy “modernas”, dice, pero en realidad son en embate no solo contra el ejido y los bienes comunales de México, con discurso del cambio climático y el maíz transgénico, con propuestas que no solo afectan a la tierra, sino al territorio y tiene que ver con la soberanía alimentaria y nacional. Eso lo tiene más claro los pueblos originarios, que en realidad nunca fueron integrados a la Nación, y cuya postura no ha sido entendida por la soberbia occidental o egocéntrica, en cuanto a su visión de la tierra y el territorio entendida como madre tierra.
Para ellos la lucha en defensa de la tierra no es fragmentada, por un lado en contra del cambio climático y por el otro su rechazo al maíz transgénico, sino que “todo va junto con pegado”, agregó.
