Transbus en quiebra, por desvío de dinero al PRI

Villahermosa, Tab., 12 de julio/ El Transbus se encuentra en la quiebra financiera, por la corrupción de los ex secretarios de Transporte, Adrián Hernández Balboa y Aquiles Domínguez, así como del ex administrador de la empresa, Daniel Pérez Guillén, porque desviaron millones de pesos de fondos públicos y privados para financiar “actividades políticas”, confirmó el titular de la SCT José Antonio de la Vega Asmitia.
    “¿Qué hacían con el dinero? Se dice que entregaban a los funcionarios de la secretaría recursos líquidos, que servían para operación política, que fueron utilizados inclusive para la campaña de 2012, en la intención de ganar, de apoyar al candidato del PRI (a la gubernatura Jesús Alí de la Torre)”, acusó.   
    También, involucró al ex secretario de Gobierno Humberto Mayans Canabal y al de Finanzas, José Sáiz Pineda, en una serie de operaciones fraudulentas por medio de empresas outsourcing, para desfalcar las finanzas del Transbus, entre las que mencionó pagos no autorizados y sobre facturaciones falsas por hasta 6 millones de pesos.  
Por ello, dijo que se está auditando desde 2008 el gasto 470 millones en subsidios al Transbus, por medio del fideicomiso creado para la modernización de “oropel” del transporte en el sexenio de Andrés Granier, que incluyó el Transmetropolitano, porque las empresas no tiene liquidez para pagar a sus proveedores con los que tiene una deuda de más de 30 millones.
    En una amplia entrevista en el programa Telereportaje, denunció que hay indicios de que millones de pesos del presupuesto público y de las utilidades que estaba generando el propio Transbus, fueron desviados para financiar “actividades políticas”, de las que no dio mayores detalles, pero retó a los ex secretario de Transporte, a debatir el tema.  
    “La SCT pagaba, como está demostrado en el Comité Técnico de los gastos del fideicomiso del Transbus, se paga una gran parte del gasto operativo como era la nómina de los chóferes. (¿Dónde quedo el dinero’) esa es la pregunta. Hay versiones, yo tengo información, que en su momento vamos a dar cuenta a la opinión pública, el dinero era utilizado y a si lo dicen los propios lideres, para el manejo político de la SCT, ese dinero del recaudo estaba viciado, estaba tergiversado”, afirmó.  
    Sin embargo, es de conocimiento público que Adrián Hernández Balboa, renunció a la SCT para irse a la dirigencia estatal del PRI, en donde buscó cimentar su candidatura a la alcaldía de Centro y posteriormente, fue el coordinador general de la campaña del candidato priísta a la gubernatura, Jesús Alí de la Torre.  
    De la Vega Asmitia, precisó que una de las operaciones para desfalcar las utilidades y quebrar al Trasbus, consistió en la contracción de empresas outsourcing a las que pagaba el gobierno de Granier, para evadir responsabilidades con la subcontratación de los empleados y con la que en apariencia se garantizaba el pago de las ganancias a los transportistas enganchados fuera o no redituable.
    “La empresa outsourcing que le prestaba el servicio de chóferes a las dos empresas del Sistema Transbus, era una empresa que no existía, que se constituyó en profeso, que cada año desaparecía fiscalmente y creaban una nueva empresa, como es por lo general la tónica de quienes tienen en perspectiva, no cumplir la leyes fiscales y a los chóferes se les obligaba a firmar nuevos contratos con las empresas creadas y se habla de nóminas infladas”, denunció.
    Además, aseveró que “se le garantiza a los socios por parte de la empresa, una especie de pago de utilidades, pero sin saber si va a haber utilidades mensuales de 4 mil pesos mensuales a cada uno, entonces, la empresa se ha manejado siempre en números rojos, porque ha tenido una serie de problemas porque desde la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, le diseñaron empresas outsourcing a modo, con amigos de los funcionarios”.
    Explicó, que el gobierno de Granier no tardó en modificar las reglas de operación del fideicomiso del Transbus originales, para inyectarle más recursos públicos, cuando solamente estaba contemplado dar el enganche de las unidades y pagar el reten donde se resguardaban los autobuses.
“Muy pronto se modificaron las reglas de operación por parte de las autoridades en tiempos todavía el secretario Hernán Hernández Balboa”, señaló.
    Sostuvo, que el ex coordinador general de la campaña del candidato priísta a la gubernatura, Jesús Alí de la Torre y ahora delegado de Liconsa en la entidad, contó con el aval del Comité Técnico integrado por el secretario de Gobierno, Humberto Mayans, el secretario de la Contraloría (Roger Pérez Evoli) y el secretario de Finanzas,  Sáiz Pineda, para realizar los cambios en el uso de los fondos públicos.
    “En esas modificaciones, ya se permite que de ese dinero del fideicomiso se les pueda pagar a las empresas que se denominan fideicomisarias, que son las beneficiarias de los destinos de los recursos del fideicomiso, (para) toda serie de pagos, es decir, el capital de las letras de los camiones, incluyendo luz, renta, refacciones y mantenimiento”.
    Además, reveló que a finales de 2011 y principios de 2012, por medio del fideicomiso se pagaron 171 millones a las dos instituciones financieras que avalaron la adquisición de los autobuses, con el que se cubrió casi el 95 por ciento de la deuda por la adquisición de las unidades.
    “Hoy en día las empresas tienen cubierto todo el adeudo. El Gobierno del Estado cubrió los enganches y cubrió las letras del principal capital de una empresa transportista, que son precisamente los autobuses”, afirmó.
Cuestionó, que no obstante que se destinaron 470 millones de pesos en subsidios al Transbus y al Transmetropolitano durante el sexenio de Granier, cuando asumió la SCT encontró un “escenario catastrófico”, con empresas privadas exigiendo que se les destinen recursos públicos para continuar prestando servicio por estar operando en números rojos.
Por ello, aseguró que hay en marcha una auditoria en curso por parte del Organo Superior de Fiscalización, para comprobar el gasto del fideicomiso ante las irregularidades que se han detectado en el gasto público.  
De la Vega Asmitia, consideró que las empresas creadas a partir de la modernización del transporte, aún puede recuperarse de la quiebra, si corrige a tiempo oros actos de corrupción al interior, como el robo de diésel por parte de los empleados así como la manipulación de los sistemas de cobro y recaudación del pasaje automáticos.
    Puntualizó, que el gobierno de Arturo Núñez, no continuará subsidiando a empresas privadas de transporte que como cualquier otro negocio, debe de tener la capacidad administrativa para ser rentable y advirtió, que las autoridades de la SCT, no dudarán en retirar las concesiones si hay incumplimiento del servicio, pero descartó que pueda existir ese problema, pues se están tomando medidas con los administradores para sanear al Transbus y al Transmetropolitano.