Tras reprobación de la cuenta del IEPC, consejeros quieren demostrar inocencia

VILLAHERMOSA, TABASCO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. La reprobación de la cuenta pública del 2011 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) debido a las irregularidades en la compra del edificio que fungiría como nueva sede, y lo que sigue, que será el establecimiento de denuncias penales por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) contra los consejeros electorales y otros funcionarios ante la Procuraduría General de Justicia (PGJE), será la oportunidad para “demostrar nuestra inocencia”, señaló el presidente del organismo, Rosendo Gómez Piedra.

    En lo “personal”, descartó que vaya a combatir legalmente la decisión de la Cámara de Diputados ante alguna instancia jurídica superior. “Yo no lo tengo contemplado por el momento”, pero tampoco lo he platicado con los demás consejeros, dijo.
    “Es la oportunidad que vamos a tener todos nosotros (los consejeros) de poder acudir ya sea ante el Órgano Superior de Fiscalización o la Procuraduría (General de Justicia del Estado) para demostrar nuestra inocencia”, expresó el presidente del IEPCT, quien agregó: “no tengo ningún temor”.
    El jueves, el Congreso del Estado reprobó la cuenta pública 2011 del IEPCT, debido a las irregularidades en la compra del edificio que fungiría como nueva sede. El inmueble se adquirió en más de 32 millones de pesos, cuando según diversos avalúos, su precio real era de unos 17 millones de pesos. Se causó un daño al patrimonio del organismo por alrededor de 15 millones de pesos.
    Al momento de la operación, el presidente del organismo era Alfonso Castillo Suárez, quien meses después renunció al cargo, antes de que estallara el problema.
    Gómez Piedra reiteró que él no tuvo nada que ver en esa operación, pues quien maneja los recursos del IEPCT es la Junta Estatal Ejecutiva.
    Cuando se efectuó la operación la junta estaba integrada por Castillo Suárez (presidente), Armando Maldonado Acosta (secretario ejecutivo), Carlos Iñiguez (director de Administración) y Rigoberto de la O Gallegos (titular de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral).
    “He sostenido desde un principio que no tengo absolutamente nada de que avergonzarme. No participé en la operación mercantil de manera directa”, dijo Gómez Piedra en entrevista.
    Sobre que el Congreso puede promover juicio político y hasta la destitución de los consejeros, el doctor en derecho señaló: “podemos hasta morirnos, pueden hasta ejecutarnos, siempre y cuando respeten nuestros derechos”.
    Confió en la imparcialidad de la PGJE y el OSFE, pero también en el derecho y la ley. Rechazó que la decisión del Congreso haya obedecido a alguna indicación del Ejecutivo, y negó que se trate de un ataque político al organismo electoral, y dijo que fue el criterio usado por los diputados lo que prevaleció en la reprobación.