Trato con medios en base a “reglas

Villahermosa, Tab., 17 de abril/El gobernador Arturo Núñez Jiménez informó que prepara una iniciativa de ley en materia de gastos de difusión gubernamental, que reglamente el artículo 134 de la Constitución Federal de la República, que prohíbe la propaganda oficial personalizada. “En los gastos de difusión no se deben incluir nunca la imagen, la voz o el nombre del funcionario, porque son recursos públicos”, enfatizó.
    Aclaró que la difusión es necesaria para todo gobierno, pues el espacio público se construye precisamente a través de la socialización que permiten los medios de comunicación, no solo tradicionales, sino las redes sociales y todos los que se usan vía Internet.
    “Es esencial que el gobierno publicite sus actividades, pero debemos ser muy cuidadosos con esos recursos públicos”, enfatizó.
    Núñez Jiménez recordó que en el pasado exservidores públicos mostraban su imagen o voz en las obras de gobierno que hacían, por lo que se trata de reglamentar tal situación.
    “Debemos dar seguridad al ciudadano para que los recursos que se pagan en rubros de gastos de difusión, se realicen de buena forma, a través de medios que garanticen mayor penetración social por circulación o audiencia”, explicó.
    Destacó que esa claridad en los gastos de difusión también será una garantía de seguridad jurídica para los medios de comunicación, “porque digamos que el convenio de difusión que se pueda llegar a hacer, transparente y reportado en todos los mecanismos oficiales, implicará que lo que se dé no esté en función de si es un medio de comunicación colaboracionista o gobiernista”.
    El mandatario estatal resaltó que además se trata de dejar atrás el concepto de la propaganda gubernamental como premios y castigos a lealtades político-electorales, porque en esos rubros se ha gastado mucho dinero en Tabasco en el pasado. “Por eso esta decisión mía de transparentar los gastos de difusión”, explicó.
DEUDA CON CFE
En entrevista radiofónica, Arturo Núñez también explicó cómo van las negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respecto al pago de la deuda y la tarifa preferencial en Tabasco.
    Detalló que ya habló con el director de la CFE, Francisco Rojas Gutiérrez, y con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, para plantear la necesidad de revisar a fondo esos temas.
    Señaló que para revisar los asuntos se constituyó un grupo de trabajo que ya ha sostenido dos reuniones en la Ciudad de México, y que ha abordado la deuda impagable de miles de tabasqueños por tarifas eléctricas, y los 800 millones de pesos que se deben del Acuerdo Compensatorio por Tabasco. “Los representantes federales y estatales estamos en la búsqueda de una posible solución”, asentó.
    Dijo que además está el tema de la tarifa que sería de beneficio para todos, hayan estado o no en el esquema del no pago.
    El jefe del Ejecutivo estatal mencionó que este asunto también ha perjudicado el desarrollo económico del estado, pues algunas empresas no se han instalado en Tabasco por problemas del servicio eléctrico, o firmas ya establecidas no puedan crecer por lo mismo, como una planta extractora de aceite de palma en Jalapa, que no pudo incrementar su producción porque necesitaba más abasto eléctrico y no lo hubo.
    “Vamos a ver a qué solución llegamos, pero lo estamos revisando porque se requiere la voluntad de las tres partes: De Hacienda, que tiene que ver con la fijación de las tarifas; de CFE, que se preocupa por el asunto del cobro de los adeudos; y del Gobierno del Estado, para buscar su participación en los problemas”, subrayó.
    En el tema de la administración pública, Núñez Jiménez admitió que los salarios de los servidores están muy castigados y debe haber una remuneración justa para evitar que sucedan cosas negativas, como que el personal especializado se vaya a otro lado porque le pagan mejor, o para no tener la doble simulación de “yo hago como te pago y tú haces como que trabajas”.
    Indicó que en la evaluación que han hecho en estos tres meses y medio, se han encontrado con trabajadores que no tienen una actividad concreta o que era esporádica, como en la Secretaría de Educación, lo que era el Instituto de Desarrollo Social o en el DIF, que esperaban que bajaran recursos para trabajar, pero que eran por honorarios y ya no se les renovó el contrato.
    El mandatario también citó el caso de los defensores de Oficio, que pararon labores hace unos días y que ganaban ocho mil pesos mensuales, pero se les bajó a cinco mil.
    “Sucede que les pagaban tres mil pesos a la mano, sin ningún comprobante, que provenían de la Secretaría de Finanzas. Estamos enfrentando estos problemas y buscándoles solución”, aseveró. Informó que se hace un esfuerzo por tener un fondo de liquidación para pagar a los trabajadores que se vayan en el retiro voluntario que se puso en marcha hace unas semanas.