Tubería de alta presión en el ejido el siglo, viola las leyes ambientales: Santo Tomás
La planta fue construida sobre 18 hectáreas en una zona clasificada por las leyes ambientales lo que significa que está prohibido levantar una construcción más de las que ya existen en el área
Tanto la línea de tubería de alta presión construida sobre el ejido El Siglo para conducir aguas negras hacia la planta de tratamiento de Río Viejo, como esta, son obras que violan las leyes ambientales tanto federales como las del estado, afirma Hugo Ireta Guzmán, de la Asociación Ecológica Santo Tomás
La planta de tratamiento fue construida sobre 18 hectáreas en una zona clasificada por las leyes ambientales de Tabasco como de “recuperación”, lo cual significa que está prohibido levantar una construcción más de las que ya existen en el área.
Recuperación también quiere decir, explicó, que el gobierno del estado debe procurar restaurar, en la medida de lo posible el ambiente natural original, es decir la flora y fauna característica de una zona de espadañal.
Anteriormente, algunas especies de la fauna de esa zona eran los armadillos, iguanas, conejos, ardillas, pájaros de muchas especies, hicoteas, guaos, entre otras.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Obras Públicas, dijo, ha pasado por encima de esas leyes y para construir esa planta de aguas negras, rellenó 18 hectáreas que significa el desplazamiento del agua que ahí se depositaba hacia comunidades de los alrededores.
Posteriormente el gobierno del estado se verá obligado a invertir más dinero para tratar de corregir los impactos.
El terreno donde se levantó la planta de tratamiento es zona inundable y son responsables de los daños no solo el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado sino también la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino también la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental y la Comisión Nacional del Agua. El ayuntamiento del Centro tiene corresponsabilidad, dijo, porque la mancha urbana sigue avanzando hacia zonas inundables y protegidas y las autoridades municipales no delimitan el uso del suelo, el apto para viviendas y el de uso agrícola.
Lo más grave, afirmó, es que esa planta fue construida en zonas bajas y aún así contó con el aval de la Conagua, dependencia que tuvo un comportamiento contrario cuando se planteó el proyecto de construcción de una planta en Casa Blanca que surgió en el 2007, al oponerse al desarrollo del mismo. Actualmente también, Sapaet se han propuesto terminar otra planta de tratamiento por la laguna del Camarón, a la altura de la caseta de la carretera a Macuspana, sin manifiesto de impacto ambiental de por medio.
La Semarnat, en el caso del ejido El Siglo respondió a los ejidatarios que no es de su competencia vigilar dichas obras, mencionó, pero es esa dependencia debe exigir a Sapaet el manifiesto de impacto ambiental y no lo hace.
También el gobierno del estado a través de la Sernapam es responsable de permitir construcciones en un área que ellos mismos han decretado como de restablecimiento, es decir incompatible con otro tipo de uso del suelo, agregó Ireta Guzmán.
Por cierto y debido a esas irregularidades, el pasado 9 de enero, la Asociación Ecológica Santo Tomás entregó a la Sernapam un oficio en donde exhorta a sus autoridades, a que dé cumplimiento a la ley en materia de Manifiestos de Impacto Ambiental.
Actualmente, publica Santo Tomás a través de su página Web, esa omisión no permite una libre participación ciudadana en los temas ambientales. Exige a esa dependencia del gobierno del estado, la publicación en la página electrónica de esa Secretaría, de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs), de manera ordenada y actualizada, presentadas por los interesados para su evaluación conforme al artículo 95 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco y 35 del reglamento de la ley en la materia.
Hasta el momento, dice Santo Tomás, la Sernapam, no cumple con esa obligación.
Si la Sernapam cumpliera con ese ordenamiento, se garantizaría a cualquier persona, el derecho de solicitar la consulta pública y en su caso emitir alguna opinión al respecto, antes de que se emita una resolución. Actualmente, expone esa organización civil, los ciudadanos solo pueden acceder a dichas manifestaciones a través de solicitudes, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ejerciendo el derecho que le concede la ley de transparencia estatal. Sin embargo, debido a la lentitud del proceso, sostiene, en la mayoría de las ocasiones, la población se viene a enterar una vez que los proyectos que requieren manifestación de impacto ambiental ya están en marcha.
De esa manera se coarta el derecho a la participación ciudadana y el procedimiento de consulta pública, y se contraviene el ordenamiento que obliga alas autoridades ambientales del estado, a hacer público el listado de Manifestaciones que se ingresan para su evaluación. A la Asociación Ecológica Santo Tomás A.C., agrega el documento, le preocupa grandemente la falta de información actualizada y ordenada que existen sobre las MIAs sometidas a esa secretaria, por lo que, en base a lo anterior “hace un enérgico exhorto a la SERNAPAM para que en breve se subsane esa omisión”. Esperamos que la SERNAPAM empiece a acatar su propia normatividad y allane el camino para que la sociedad pueda participar de manera informada en los temas ambientales de su interés.
La planta de tratamiento fue construida sobre 18 hectáreas en una zona clasificada por las leyes ambientales de Tabasco como de “recuperación”, lo cual significa que está prohibido levantar una construcción más de las que ya existen en el área.
Recuperación también quiere decir, explicó, que el gobierno del estado debe procurar restaurar, en la medida de lo posible el ambiente natural original, es decir la flora y fauna característica de una zona de espadañal.
Anteriormente, algunas especies de la fauna de esa zona eran los armadillos, iguanas, conejos, ardillas, pájaros de muchas especies, hicoteas, guaos, entre otras.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Obras Públicas, dijo, ha pasado por encima de esas leyes y para construir esa planta de aguas negras, rellenó 18 hectáreas que significa el desplazamiento del agua que ahí se depositaba hacia comunidades de los alrededores.
Posteriormente el gobierno del estado se verá obligado a invertir más dinero para tratar de corregir los impactos.
El terreno donde se levantó la planta de tratamiento es zona inundable y son responsables de los daños no solo el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado sino también la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino también la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental y la Comisión Nacional del Agua. El ayuntamiento del Centro tiene corresponsabilidad, dijo, porque la mancha urbana sigue avanzando hacia zonas inundables y protegidas y las autoridades municipales no delimitan el uso del suelo, el apto para viviendas y el de uso agrícola.
Lo más grave, afirmó, es que esa planta fue construida en zonas bajas y aún así contó con el aval de la Conagua, dependencia que tuvo un comportamiento contrario cuando se planteó el proyecto de construcción de una planta en Casa Blanca que surgió en el 2007, al oponerse al desarrollo del mismo. Actualmente también, Sapaet se han propuesto terminar otra planta de tratamiento por la laguna del Camarón, a la altura de la caseta de la carretera a Macuspana, sin manifiesto de impacto ambiental de por medio.
La Semarnat, en el caso del ejido El Siglo respondió a los ejidatarios que no es de su competencia vigilar dichas obras, mencionó, pero es esa dependencia debe exigir a Sapaet el manifiesto de impacto ambiental y no lo hace.
También el gobierno del estado a través de la Sernapam es responsable de permitir construcciones en un área que ellos mismos han decretado como de restablecimiento, es decir incompatible con otro tipo de uso del suelo, agregó Ireta Guzmán.
Por cierto y debido a esas irregularidades, el pasado 9 de enero, la Asociación Ecológica Santo Tomás entregó a la Sernapam un oficio en donde exhorta a sus autoridades, a que dé cumplimiento a la ley en materia de Manifiestos de Impacto Ambiental.
Actualmente, publica Santo Tomás a través de su página Web, esa omisión no permite una libre participación ciudadana en los temas ambientales. Exige a esa dependencia del gobierno del estado, la publicación en la página electrónica de esa Secretaría, de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs), de manera ordenada y actualizada, presentadas por los interesados para su evaluación conforme al artículo 95 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco y 35 del reglamento de la ley en la materia.
Hasta el momento, dice Santo Tomás, la Sernapam, no cumple con esa obligación.
Si la Sernapam cumpliera con ese ordenamiento, se garantizaría a cualquier persona, el derecho de solicitar la consulta pública y en su caso emitir alguna opinión al respecto, antes de que se emita una resolución. Actualmente, expone esa organización civil, los ciudadanos solo pueden acceder a dichas manifestaciones a través de solicitudes, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ejerciendo el derecho que le concede la ley de transparencia estatal. Sin embargo, debido a la lentitud del proceso, sostiene, en la mayoría de las ocasiones, la población se viene a enterar una vez que los proyectos que requieren manifestación de impacto ambiental ya están en marcha.
De esa manera se coarta el derecho a la participación ciudadana y el procedimiento de consulta pública, y se contraviene el ordenamiento que obliga alas autoridades ambientales del estado, a hacer público el listado de Manifestaciones que se ingresan para su evaluación. A la Asociación Ecológica Santo Tomás A.C., agrega el documento, le preocupa grandemente la falta de información actualizada y ordenada que existen sobre las MIAs sometidas a esa secretaria, por lo que, en base a lo anterior “hace un enérgico exhorto a la SERNAPAM para que en breve se subsane esa omisión”. Esperamos que la SERNAPAM empiece a acatar su propia normatividad y allane el camino para que la sociedad pueda participar de manera informada en los temas ambientales de su interés.
