Tumba el Congreso seguridad a Granier

VILLAHERMOSA, TABASCO. 25 DE ABRIL DE 2013. El Congreso del Estado aprobó –casi por unanimidad- reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco para eliminar la protección oficial a los ex gobernadores, entre ellos Andrés Granier Melo, si es que cuenta con ella, y a los ex secretarios de Gobierno. 
    Las modificaciones legales fueron aprobadas con 34 votos a favor de las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL).  En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, el perredista Mario Córdova Leyva, se abstuvo. 
    Los cambios legales entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado, aunque el titular del Poder Ejecutivo estatal cuenta con diez días hábiles para hacer observaciones o incluso vetar las reformas.  Tras la votación de la Cámara de Diputados, únicamente podrán contar con protección oficial hasta por un año después de dejar el cargo y con posibilidad de un segundo, siempre y cuando lo acrediten, los ex procuradores, ex subprocuradores, ex directores de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ex secretarios de Seguridad Pública y ex presidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
    Los ex gobernadores y ex secretarios de Gobierno, no tendrán derecho a contar con protección oficial. 
    Para los ex funcionarios que durante su estancia en los cargos emprendieron acciones de combate al crimen organizado, la protección será brindada máximo por dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y deberán solicitarla dentro de los siguientes quince días al que dejaron sus funciones, y justificar su petición.
    De acuerdo a lo aprobado, la protección oficial se limitará a las personas y no a sus propiedades, se brindará solo dentro del territorio estatal, y también deberá ser avalada por el Comité de Autorización integrado por los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, y el titular de la PGJE. 
    Se establece que para tener derecho a la protección, los solicitantes debieron estar cuando menos un año al frente de los cargos en que realizaron labores de combate al crimen organizado. 
    También se elimina la protección a familiares de los ex servidores públicos en línea ascendente y descendente. Aparte de los ex funcionarios mencionados, solo se le podrá brindar elementos de seguridad a personas que en determinada situación específica hayan sido amenazadas o agredidas.
    En principio, el dictamen que bajó al pleno y que había sido aprobado en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, a propuesta del Ejecutivo, dejaba abierta la posibilidad de que los ex gobernadores y ex secretarios de Gobierno contaran con la custodia. 
    Sin embargo, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Acosta León, propuso una modificación legal para que los ex gobernadores y ex secretarios de Gobierno no tengan derecho a contar con protección oficial. 
    Planteó en tribuna que únicamente debían contar con derecho a la protección los ex secretarios de Seguridad Pública, ex procuradores y ex presidentes del tribunal, lo que fue respaldado por el panista Francisco Castillo Ramírez y el perredista Alipio Ovando Magaña.
    Pero la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Rosalinda López Hernández, hizo una nueva propuesta, que siguió dejando fuera de la protección oficial a los ex mandatarios y ex encargados de la política interna.
    Incluyó que los ex subprocuradores y ex directores de Averiguaciones Previas tengan derecho a ser cuidados. Finalmente, su propuesta fue la que logró el consenso y se aprobó.
    Una vez que entren en vigor las reformas a los artículos 74, 75, 75 bis y 76 de la ley, el ex gobernador Granier Melo, si es que la solicitó, perderá la protección oficial, señaló Acosta León. 
    Rechazó que en este caso aplique la no retroactividad de la ley, puesto que las reformas aprobadas en la legislatura pasada por la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para dar protección hasta por seis años a ex mandatarios y ex funcionarios carecieron de reglamento, que nunca se emitió.
    Con las reformas aprobadas que revocan lo aprobado por el PRI, deberá hacerse el reglamento respectivo dentro de los próximos 120 días.
    Acosta León descartó que el gobernador vaya a vetar las reformas aprobadas, y justificó el fin de la protección a ex mandatarios porque no es justo que después de haber mal gobernado y cometido numerosos actos de corrupción, como en el caso de Granier, todavía se les tenga que brindar seguridad oficial al dejar el cargo.