Urge adecuar Ley de Protección Ambiental de Tabasco: Metab
Rodavía se habla de instituciones al cuidado del medio ambiente que ya no existen el caso de la Secretaria de Desarrollo y Protección Ambiental (Sedespa), señaló Javier Torres Sánchez
La Ley de Protección Ambiental de Tabasco si necesita adecuaciones, porque todavía se habla de instituciones al cuidado del medio ambiente que ya no existen el caso de la Secretaria de Desarrollo y Protección Ambiental (Sedespa), pero primero hay que fortalecer el marco jurídico penal en la materia. Opino, respecto al interés de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de reformar dicha ley, el dirigente estatal del Movimiento Ecologista de Tabasco (Metab), Javier Torres Sánchez. Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial del Estado el 20 de abril del 2005 y desde entonces no se le ha hecho ninguna modificación, dijo Torres Sánchez, incluso nombra a la desaparecida Sedespa, como la institución encargada del medio ambiente en el estado, cuando actualmente es la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam). La Comisión del Medio Ambiente supuestamente pretende modificar la Ley Ambiental, pero no se sabe en qué sentido, hacia dónde; convocó a una consulta, a un análisis de la misma, pero muy rápido, más como un escándalo mediático que como una propuesta seria. A las organizaciones civiles, no les dio tiempo de presentar propuestas, lo cual, afirmó, nos causa suspicacia, sospechamos que más bien es un recurso para distender el conflicto social ambiental que ha venido creciendo por el proyecto de ampliación de la carretera a Frontera, derribando los árboles del camellón de Ciudad Industrial.
Nos parece que es un intento de apaciguar con eso, el descontento social que se ha levantado, afirmó. Como Metab, sostenemos que más que reformar la Ley de Protección Ambiental, hay que hacer cambios al Código Penal en materia ambiental para castigar con mayor severidad a quienes atentan contra el medio ambiente. Pero sobre todo, contra aquellos que se prestan a intereses que van en contra del medio ambiente, caso especifico, quienes ostentan cargos públicos y que muchas veces son cómplices, o de manera complaciente, permiten que se destruya lo poco que nos queda. Hasta el momento, mencionó, no tenemos antecedentes de que alguien haya ido a parar a la cárcel por un delito ambiental, no obstante que existe un principio del derecho que establece que “el que contamina paga” y resulta que en Tabasco, se puede derrumbar, contaminar, con la certeza de que no pasará nada, y si acaso se llega a sancionar, es con lo mínimo.
Los estudiosos de la filosofía, dijo Torres Sánchez, sostienen que cuando la ley es endeble, no castiga con severidad, la gente la violenta, porque no es coercitiva ni hay quien obligue a cumplirla. En Tabasco el marco legal en materia ambiental es “letra muerta”, no se respetan ni cumplen, un ejemplo es el caso específico de Ciudad Industrial porque el artículo 76 fracción 5 de la Ley de Protección Ambiental establece que: “El estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se encargaran de la protección y preservación de los árboles y otras especies de flora que se encuentren dentro de la zona urbana”. La ley ambiental lo dice claramente y es la propia autoridad la que violenta esta norma, la que no garantiza el cumplimiento estricto y correcto de la ley “eso es letra muerta”. Por eso pensamos que lo mejor es fortalecer el Código Penal, que hay que castigar la prevaricación cuando hay funcionarios que simulan no conocer o desconocer la ley, que otorgan permisos a diestra y siniestra con los daños irreversibles al medio ambiente, que sus conductas ocasionan.
El Estado debe garante del bien colectivo que es el medio ambiente, y no lo es, a través de los órganos que ha creado para eso. Podríamos asegurar que la convocatoria de la Comisión de Ecología, redundará en lo mismo, no vemos grandes avances en esa materia. -¿A nivel federal prevalece la misma situación? Se le preguntó. Pareciera una réplica, en México pareciera que las leyes se hicieron para violarlas, porque como dijera el filósofo Carlos Marx: el derecho es la voluntad de los ricos convertida en ley. A veces me cuesta trabajo creer, pero nos damos cuenta que, cada vez que queremos hacer uso de la norma jurídica ambiental, esa frase cobra mayor vigencia. Entre otras carencias, vemos una Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, cada vez más obsoleta que no cumple su función y a nivel nacional no tiene titular. En el estado, el delegado de la Profepa “anda al garete”, pero además carece de conocimiento en la materia, por lo tanto no puede aplicar de manera correcta las normas, a eso hay que añadirle su in sensibilidad, pero sobre todo no cumple con su función.
Es lamentable lo que sucede y nos preocupa, pero ahora que se esta dando un movimiento fuerte, de conciencia, somos los ciudadanos los que tenemos que impulsar, “porque los funcionarios siguen en la dinámica de realizar foros, eventos ambientales, en los que ellos solos se aplauden y hacen su show”. Piensan que los ciudadanos no pensamos, no analizamos, cuando ya muchos están levantando la voz y han surgido organizaciones fuertes y podemos tomar la batuta y marcar el paso, aunque sea incomodo para quienes ocupan las titularidades y por ello buscan desacreditarnos. Nosotros, agregó, iremos hasta donde tengamos que llegar, agregó.
Nos parece que es un intento de apaciguar con eso, el descontento social que se ha levantado, afirmó. Como Metab, sostenemos que más que reformar la Ley de Protección Ambiental, hay que hacer cambios al Código Penal en materia ambiental para castigar con mayor severidad a quienes atentan contra el medio ambiente. Pero sobre todo, contra aquellos que se prestan a intereses que van en contra del medio ambiente, caso especifico, quienes ostentan cargos públicos y que muchas veces son cómplices, o de manera complaciente, permiten que se destruya lo poco que nos queda. Hasta el momento, mencionó, no tenemos antecedentes de que alguien haya ido a parar a la cárcel por un delito ambiental, no obstante que existe un principio del derecho que establece que “el que contamina paga” y resulta que en Tabasco, se puede derrumbar, contaminar, con la certeza de que no pasará nada, y si acaso se llega a sancionar, es con lo mínimo.
Los estudiosos de la filosofía, dijo Torres Sánchez, sostienen que cuando la ley es endeble, no castiga con severidad, la gente la violenta, porque no es coercitiva ni hay quien obligue a cumplirla. En Tabasco el marco legal en materia ambiental es “letra muerta”, no se respetan ni cumplen, un ejemplo es el caso específico de Ciudad Industrial porque el artículo 76 fracción 5 de la Ley de Protección Ambiental establece que: “El estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se encargaran de la protección y preservación de los árboles y otras especies de flora que se encuentren dentro de la zona urbana”. La ley ambiental lo dice claramente y es la propia autoridad la que violenta esta norma, la que no garantiza el cumplimiento estricto y correcto de la ley “eso es letra muerta”. Por eso pensamos que lo mejor es fortalecer el Código Penal, que hay que castigar la prevaricación cuando hay funcionarios que simulan no conocer o desconocer la ley, que otorgan permisos a diestra y siniestra con los daños irreversibles al medio ambiente, que sus conductas ocasionan.
El Estado debe garante del bien colectivo que es el medio ambiente, y no lo es, a través de los órganos que ha creado para eso. Podríamos asegurar que la convocatoria de la Comisión de Ecología, redundará en lo mismo, no vemos grandes avances en esa materia. -¿A nivel federal prevalece la misma situación? Se le preguntó. Pareciera una réplica, en México pareciera que las leyes se hicieron para violarlas, porque como dijera el filósofo Carlos Marx: el derecho es la voluntad de los ricos convertida en ley. A veces me cuesta trabajo creer, pero nos damos cuenta que, cada vez que queremos hacer uso de la norma jurídica ambiental, esa frase cobra mayor vigencia. Entre otras carencias, vemos una Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, cada vez más obsoleta que no cumple su función y a nivel nacional no tiene titular. En el estado, el delegado de la Profepa “anda al garete”, pero además carece de conocimiento en la materia, por lo tanto no puede aplicar de manera correcta las normas, a eso hay que añadirle su in sensibilidad, pero sobre todo no cumple con su función.
Es lamentable lo que sucede y nos preocupa, pero ahora que se esta dando un movimiento fuerte, de conciencia, somos los ciudadanos los que tenemos que impulsar, “porque los funcionarios siguen en la dinámica de realizar foros, eventos ambientales, en los que ellos solos se aplauden y hacen su show”. Piensan que los ciudadanos no pensamos, no analizamos, cuando ya muchos están levantando la voz y han surgido organizaciones fuertes y podemos tomar la batuta y marcar el paso, aunque sea incomodo para quienes ocupan las titularidades y por ello buscan desacreditarnos. Nosotros, agregó, iremos hasta donde tengamos que llegar, agregó.
