CHIHUAHUA, 30 NOV 11 (CIMAC).- El Ministerio Público del estado de Chihuahua abrió un juicio contra una joven de 24 años por abortar a pesar de que fue víctima de violación, causa que excluye la responsabilidad penal en ese delito en la entidad.
La joven es comerciante de Ciudad Juárez y, según sus declaraciones, fue agredida sexualmente en abril pasado, pero se dio cuenta que estaba embarazada hasta las 16 semanas de gestación por lo que decidió abortar. Fue aprehendida el pasado 17 de julio luego de que una médica del Hospital de la Mujer, en Juárez, la denunció tras una auscultación debido a que la joven acudió con un intenso dolor en el abdomen. Las autoridades judiciales le dijeron que fue detenida porque no interpuso la denuncia por violación sexual. El artículo 145 del Código Penal del estado de Chihuahua impone seis meses a tres años de prisión “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar.
En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado”. El artículo 146 del mismo código estipula entre las excluyentes de responsabilidad penal cuando el embarazo sea resultado de una violación, “siempre que se practique dentro de los primeros 90 días de gestación”. CRIMINALIZACIÓN La joven explicó que no denunció la violación sexual porque su agresor amenazó con matarla, al igual que a su familia, si acudía a las autoridades.
El agresor actualmente está en libertad, toda vez que no hay denuncia, dijeron funcionarios. La mujer quedó en libertad debido a que no tenía antecedentes penales y porque el aborto está tipificado como un delito menor, aunque el proceso continúa y ella lo enfrenta en libertad.
La sentencia está pendiente, y en tanto la joven debe acatar medidas cautelares como no tomar bebidas alcohólicas y vivir únicamente en su domicilio. El defensor de oficio Luis Carlos Rodríguez explicó que la mujer pudo haber alcanzado hasta cinco años de prisión, pero aseguró que en un año le dictarán condena absolutoria por el tipo de delito. Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) acusó que la joven no debió haber sido procesada ni juzgada, de acuerdo con las leyes vigentes en el estado.
La joven es comerciante de Ciudad Juárez y, según sus declaraciones, fue agredida sexualmente en abril pasado, pero se dio cuenta que estaba embarazada hasta las 16 semanas de gestación por lo que decidió abortar. Fue aprehendida el pasado 17 de julio luego de que una médica del Hospital de la Mujer, en Juárez, la denunció tras una auscultación debido a que la joven acudió con un intenso dolor en el abdomen. Las autoridades judiciales le dijeron que fue detenida porque no interpuso la denuncia por violación sexual. El artículo 145 del Código Penal del estado de Chihuahua impone seis meses a tres años de prisión “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar.
En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado”. El artículo 146 del mismo código estipula entre las excluyentes de responsabilidad penal cuando el embarazo sea resultado de una violación, “siempre que se practique dentro de los primeros 90 días de gestación”. CRIMINALIZACIÓN La joven explicó que no denunció la violación sexual porque su agresor amenazó con matarla, al igual que a su familia, si acudía a las autoridades.
El agresor actualmente está en libertad, toda vez que no hay denuncia, dijeron funcionarios. La mujer quedó en libertad debido a que no tenía antecedentes penales y porque el aborto está tipificado como un delito menor, aunque el proceso continúa y ella lo enfrenta en libertad.
La sentencia está pendiente, y en tanto la joven debe acatar medidas cautelares como no tomar bebidas alcohólicas y vivir únicamente en su domicilio. El defensor de oficio Luis Carlos Rodríguez explicó que la mujer pudo haber alcanzado hasta cinco años de prisión, pero aseguró que en un año le dictarán condena absolutoria por el tipo de delito. Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) acusó que la joven no debió haber sido procesada ni juzgada, de acuerdo con las leyes vigentes en el estado.
