Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ha sido formalmente vinculado a proceso este martes por los graves delitos de secuestro exprés, extorsión y asociación delictuosa. La decisión judicial se tomó tras una audiencia inicial que se realizó de manera remota desde Villahermosa, Tabasco. Durante la sesión, la Fiscalía General del Estado de Tabasco presentó una sólida carpeta de investigación con pruebas contundentes que implican al exfuncionario.
Según la información expuesta por la Fiscalía, Bermúdez Requena es señalado como el presunto líder de una célula criminal conocida como "La Barredora". Este grupo ha sido identificado por las autoridades como un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más peligrosas y con mayor presencia en el país.
El exsecretario, también conocido por los alias de "El Abuelo" o "Comandante H", no asistió a la audiencia, ya que permanece bajo custodia en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en el Estado de México. De ser encontrado culpable, el exfuncionario podría enfrentar una pena de hasta 158 años de prisión, una de las más altas estipuladas en el Código Penal de Tabasco para este tipo de crímenes.
Captura en Paraguay y extradición
La detención de Bermúdez Requena se concretó el pasado 12 de septiembre en Paraguay, en un operativo conjunto entre autoridades de ese país y la Agencia de Investigación Criminal de México. El exfuncionario fue localizado y capturado en una residencia de lujo dentro de un fraccionamiento privado, en las inmediaciones de Asunción.
Tras varios días bajo custodia de las autoridades paraguayas, el proceso de su expulsión y entrega a México se agilizó, permitiendo que fuera repatriado para enfrentar los cargos en su contra. Su llegada a territorio mexicano y su posterior traslado al penal de El Altiplano marcaron un hito en la investigación, que busca desmantelar la red criminal de la que presuntamente era parte.
La vinculación a proceso de Bermúdez Requena es un paso crucial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado a nivel de funcionarios públicos, y su caso será seguido de cerca por la opinión pública y las autoridades judiciales.