Violan “derechos” a chóferes de Transbus
El diputado del PRD, Juan José Martínez, manifestó que los chóferes del Transbus denunciaron que han sido “víctimas de muchas violaciones a sus derechos como trabajadores”. Por lo anterior, exige una auditoría a “Proveedora de Choferes del Golfo”, que opera el“Transbus”, para saber si los conductores trabajan para esa empresa o para la SCT
VILLAHERMOSA, TABASCO, 24 DE FEBRERO DE 2011.- El líder de la bancada del PRD, Juan José Martínez, planteó hoy que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realice una auditoría a “Proveedora de Choferes del Golfo”, que opera el “Transbus”, para saber si los conductores de las unidades realmente trabajan para esa empresa o lo hacen de manera encubierta para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta fiscalización, estableció, es para prevenir o castigar “un posible acto de outsoursing”, pues de ser cierto se estaría “violentando los derechos laborales de los citados conductores”, y se estaría incurriendo en “el delito de evasión del pago de impuestos en contra del erario público”. Expuso que la contratación de trabajadores mediante terceros, es decir, no por la empresa para la cual trabajan, causó pérdidas al país por 20 mil millones de pesos, según el mismo SAT lo ha reconocido. Expresó que Tabasco no ha sido la excepción, por lo que instó al SAT a que revise la documentación contable de “Proveedora de Choferes del Golfo, S.A. de C. V.” para saber si los choferes que manejan los Transbus están en su nómina o en la de la SCT.
Este caso, expuso, “es digno de ser revisado y auditado por parte de la hacienda pública”, pues esta compañía se ha encargado de contratar el personal que maneja las unidades del Transbus, que forman parte del transporte del “servicio público del estado”. Por ello, añadió Martínez Pérez, sería muy sano para nuestras ya muy dañadas finanzas públicas que se revise en qué términos legales esta empresa contrató a los trabajadores del volante. Además, “en qué términos legales se encuentra establecido el contrato entre Proveedora de Choferes del Golfo y la SCT, para conocer “las condiciones laborales de estos choferes e identificar la probabilidad de evasión de pago de impuesto correspondiente”. Martínez Pérez dijo que se le pide al SAT que intervenga debido a que choferes del Transbus denunciaron que han sido “víctimas de muchas violaciones a sus derechos como trabajadores”, como el hecho de incrementarles de 35 a una hora su turno laboral y de pagarle mil pesos menos de los 4 mil quincenales que les ofrecieron al ser contratados.
Les descuentan las cuotas del IMSS sin recibir atención médica de esa institución ni las prestaciones que otorga el INFONAVIT, de lo cual se percataron al firmar su contrato de trabajo, pues resulta que no trabajan para el Transbus sino para Proveedora de Choferes del Golfo, “a cuyos propietarios o representantes no conocen”.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, dijo que estará muy pendiente de este caso y dará seguimiento a las denuncias de cualquier acto ilícito que se esté cometiendo en contra del erario público y de los derechos laborales de los trabajadores”.
Por otro lado, Martínez Pérez cuestionó que la PGR no haya ejercido la acción penal en contra del ex trabajador de la Secretaría de Gobierno, Cristóbal Álvarez Brown, implicado en el caso conocido como Pomocagate, por considerar que no había elementos para consignar la averiguación previa. Dijo que mueve a risa que, una vez exonerado por la PGR, Álvarez Brown anuncie que presentará una demanda penal en contra del dirigente del PRD en el Centro, Gerardo Gaudiano, por presunto daño moral. “Como es posible, que este individuo que no tiene escrúpulos y que dice querer a la agente, que ayuda a los más necesitados, como si no hubiera provocado más daño a estas familias que si sufrían en ese momento por la contingencia de las lluvias atípicas y que realmente lo han perdido todo, detuvo esta ayuda,” agregó. Por tal motivo, pidió al dirigente estatal del PRI, Adrian Hernández Balboa, que inhabilite a Álvarez Brown “por varios años” para que no pueda competir por ningún cargo de elección popular “por los daños causados al tratarse de malversación fondos provenientes de la Federación.”
Este caso, expuso, “es digno de ser revisado y auditado por parte de la hacienda pública”, pues esta compañía se ha encargado de contratar el personal que maneja las unidades del Transbus, que forman parte del transporte del “servicio público del estado”. Por ello, añadió Martínez Pérez, sería muy sano para nuestras ya muy dañadas finanzas públicas que se revise en qué términos legales esta empresa contrató a los trabajadores del volante. Además, “en qué términos legales se encuentra establecido el contrato entre Proveedora de Choferes del Golfo y la SCT, para conocer “las condiciones laborales de estos choferes e identificar la probabilidad de evasión de pago de impuesto correspondiente”. Martínez Pérez dijo que se le pide al SAT que intervenga debido a que choferes del Transbus denunciaron que han sido “víctimas de muchas violaciones a sus derechos como trabajadores”, como el hecho de incrementarles de 35 a una hora su turno laboral y de pagarle mil pesos menos de los 4 mil quincenales que les ofrecieron al ser contratados.
Les descuentan las cuotas del IMSS sin recibir atención médica de esa institución ni las prestaciones que otorga el INFONAVIT, de lo cual se percataron al firmar su contrato de trabajo, pues resulta que no trabajan para el Transbus sino para Proveedora de Choferes del Golfo, “a cuyos propietarios o representantes no conocen”.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, dijo que estará muy pendiente de este caso y dará seguimiento a las denuncias de cualquier acto ilícito que se esté cometiendo en contra del erario público y de los derechos laborales de los trabajadores”.
Por otro lado, Martínez Pérez cuestionó que la PGR no haya ejercido la acción penal en contra del ex trabajador de la Secretaría de Gobierno, Cristóbal Álvarez Brown, implicado en el caso conocido como Pomocagate, por considerar que no había elementos para consignar la averiguación previa. Dijo que mueve a risa que, una vez exonerado por la PGR, Álvarez Brown anuncie que presentará una demanda penal en contra del dirigente del PRD en el Centro, Gerardo Gaudiano, por presunto daño moral. “Como es posible, que este individuo que no tiene escrúpulos y que dice querer a la agente, que ayuda a los más necesitados, como si no hubiera provocado más daño a estas familias que si sufrían en ese momento por la contingencia de las lluvias atípicas y que realmente lo han perdido todo, detuvo esta ayuda,” agregó. Por tal motivo, pidió al dirigente estatal del PRI, Adrian Hernández Balboa, que inhabilite a Álvarez Brown “por varios años” para que no pueda competir por ningún cargo de elección popular “por los daños causados al tratarse de malversación fondos provenientes de la Federación.”
