¿Y a mí qué?

Durante años, Morena encontró en las encuestas una salida aparentemente sencilla a uno de los problemas más antiguos de los partidos políticos: decidir quién obtiene una candidatura. Frente al dedazo, las negociaciones cupulares y las decisiones tomadas desde una oficina, preguntar quién tiene mayor respaldo ofrecía legitimidad, competitividad y una explicación relativamente sencilla para quien resultara derrotado.

Pero Morena creció. Y con el crecimiento apareció un problema mucho más complejo: ser popular no necesariamente significa ser idóneo para gobernar.

La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, lo puso sobre la mesa rumbo a 2027: quien gane una encuesta y tenga “malos antecedentes” no será candidato. También habló de “cuentas pendientes”, “un pasado cuestionable” y “vínculos inconfesables”.

En principio, cuesta estar en desacuerdo. Ningún partido debería sentirse obligado a postular a una persona únicamente porque encabeza una encuesta si existen elementos serios que hagan incompatible su trayectoria con aquello que pretende representar.

El problema comienza con una pregunta mucho más incómoda: ¿qué es exactamente un “mal antecedente” y, sobre todo, quién decide cuáles antecedentes cuentan?

Porque una cosa es pronunciar la frase y otra convertirla en un criterio capaz de aplicarse igual para todos.

Morena no parte de cero. Su Comisión Nacional de Elecciones ya tiene facultades para revisar solicitudes, valorar y calificar perfiles y determinar cuáles avanzan en los procesos internos. Es decir, la encuesta nunca ha sido necesariamente el único filtro. La propia justicia electoral ha reconocido ese margen de valoración, pero también ha establecido límites: las decisiones deben estar fundadas y motivadas y quienes participan deben contar con las condiciones para conocerlas y controvertirlas.

Por eso Morena no necesita inventar ahora un nuevo poder para decidir quién puede ser candidato. Ese poder ya existe. Lo que necesita es acotarlo frente a una categoría tan amplia como la de los “malos antecedentes”.

¿Qué significa tener un pasado cuestionable? ¿Haber militado anteriormente en otro partido? Difícilmente podría bastar en un movimiento que incorporó a numerosos cuadros provenientes de otras fuerzas políticas. ¿Haber trabajado con un funcionario posteriormente acusado? Tampoco debería ser suficiente por sí mismo. La responsabilidad debe construirse sobre hechos propios y no sobre culpabilidades por asociación.

¿Una denuncia constituye un mal antecedente? ¿Una carpeta de investigación? ¿Una investigación periodística? ¿Una sanción administrativa? ¿Una imputación formal? ¿Una sentencia? ¿Qué sucede cuando existen señalamientos públicos graves, pero ninguna resolución definitiva?

No todas esas circunstancias tienen el mismo peso y sería ingenuo pretender convertir la idoneidad política en una fórmula matemática. Siempre existirá cierto margen de valoración. El problema no es que exista discrecionalidad; el problema es que la discrecionalidad pueda cambiar dependiendo de quién sea el aspirante.

Ahí está el verdadero riesgo rumbo a 2027. Porque si ganar una encuesta ya no basta, alguien tendrá que decidir quién, aun ganándola, no puede ser candidato. Y cuanto mayor sea ese poder, mayor debe ser la obligación de explicar cómo se ejerce.

El antecedente no es hipotético. En 2021, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral resolvió los expedientes SCM-JDC-545/2021 y acumulados relacionados con candidaturas de Morena en Puebla. Entre otras determinaciones, ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones entregar la evaluación y calificación de los perfiles de las personas que había designado como candidatas. En otros asuntos de aquel proceso también se exigió que las decisiones sobre perfiles estuvieran debidamente fundadas y motivadas y que existieran condiciones para impugnarlas.

La lección sigue vigente cinco años después: no basta con tener una comisión facultada para decidir. También importa cómo decide y cómo explica su decisión.

Pero tampoco caigamos en otra ingenuidad. Publicar reglas antes de conocer a los ganadores no elimina automáticamente la discrecionalidad. Una convocatoria puede redactarse con los conceptos suficientemente amplios para permitir prácticamente cualquier interpretación posterior.

Los partidos políticos también construyen candidaturas mediante negociación, estrategia, competitividad y decisiones políticas. Pretender eliminar por completo ese margen sería desconocer cómo funcionan. Lo que sí puede exigirse es que esa flexibilidad no termine justificando, una vez conocidos los nombres, por qué determinados antecedentes resultan imperdonables para unos y convenientemente irrelevantes para otros.

Ahí es donde una depuración puede convertirse en purga. Un filtro destinado a impedir candidaturas vinculadas con corrupción, delincuencia o conductas incompatibles con el servicio público puede fortalecer enormemente a Morena. Pero las mismas expresiones pueden utilizarse para cerrar el paso a un adversario interno, proteger a un aliado o acomodar una decisión previamente tomada.

Y no se trata de desconfiar anticipadamente de Ariadna Montiel ni de la dirigencia nacional. Se trata precisamente de construir instituciones partidistas que no necesiten depender de la confianza en quien toma la decisión.

Morena enfrenta además un problema producido por su propio éxito. Su crecimiento electoral modificó profundamente su composición. Hoy conviven fundadores, militantes históricos, antiguos integrantes de otros partidos, funcionarios, legisladores, gobernadores, liderazgos territoriales y personajes incorporados durante distintas etapas de expansión. Las disputas internas por las candidaturas de 2027 ya están poniendo a prueba la capacidad de la dirigencia para mantener cohesionado al movimiento.

Durante la expansión podía resultar conveniente abrir las puertas, sumar liderazgos y privilegiar competitividad. Después de varios años gobernando, el desafío es distinto: Morena también carga con los antecedentes, conflictos y comportamientos de quienes llegan al poder bajo sus siglas.

Por eso la frase de Ariadna Montiel puede ser mucho más que una advertencia. Puede convertirse en una oportunidad de institucionalización.

La encuesta mide preferencia. No acredita por sí misma integridad, capacidad de gobierno, ausencia de conflictos de interés ni calidad ética. Complementarla con otros criterios puede mejorar la selección de candidaturas. Pero esos criterios necesitan estar suficientemente definidos, sustentarse en hechos verificables, aplicarse bajo el mismo estándar y producir decisiones que puedan explicarse y controvertirse.

La verdadera prueba no llegará cuando el filtro sirva para eliminar a un personaje incómodo. Llegará cuando tenga que aplicarse al favorito, al cercano, al fundador, al recién llegado o a quien tenga mejores números en las encuestas. Ahí sabremos si estamos frente a una regla o frente a un instrumento.

Aquí termina el texto, pero empieza tu reflexión. Que ganar una encuesta ya no garantice una candidatura puede ser una buena noticia. Significa reconocer que popularidad e idoneidad no son sinónimos. Pero el problema no será determinar quién tiene antecedentes. Será decidir quién tiene el poder de establecer cuáles antecedentes cuentan y si está dispuesto a medir con la misma vara a todos. Porque una cosa es depurar candidaturas mediante instituciones y otra muy distinta es convertir los “malos antecedentes” en el nombre elegante de un veto.