¿Y a mí qué?

El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta un surtimiento promedio de recetas cercano al 94 por ciento. La cifra parece favorable para una institución que atiende a millones de mexicanos. Sin embargo, hay un aspecto que merece tanta atención como el resultado anunciado: los medicamentos que no se entregan, las unidades médicas donde se presentan los faltantes y el tiempo que deben esperar los derechohabientes para recibir sus tratamientos.

El asunto adquirió mayor relevancia esta semana, cuando trabajadores del IMSS salieron a las calles para exigir mejores condiciones laborales. Las movilizaciones, que provocaron prolongados bloqueos en la Ciudad de México, también hicieron visibles inconformidades relacionadas con la falta de medicamentos, material de curación, personal y equipo médico.

El conflicto salarial tiene su propia dimensión. El 14 de octubre, la mayoría de los trabajadores que participaron en la consulta rechazó el incremento global del 6.8 por ciento que había negociado su dirigencia sindical. La Presidencia de la República instruyó reabrir las conversaciones y, hasta el cierre del jueves, no existía un nuevo acuerdo.

Pero mientras las autoridades y los representantes sindicales discuten las condiciones contractuales, existe otro problema que no puede quedar sujeto al resultado de esa negociación: la disponibilidad de medicamentos para los derechohabientes.

El IMSS administra una de las redes de atención médica más importantes del país. Su funcionamiento exige una enorme capacidad de planeación, adquisición, almacenamiento y distribución de insumos. Cuando alguno de esos procesos falla, las consecuencias pueden llegar hasta la farmacia de una unidad médica, donde el paciente descubre que no puede recibir completo el tratamiento prescrito.

Por eso resulta insuficiente conocer solamente el promedio nacional de surtimiento. El 94 por ciento puede ser un indicador útil, pero no permite identificar por sí mismo qué medicamentos faltan, en cuáles unidades médicas se presentan mayores dificultades o cuánto tardan en resolverse los pendientes.

No tiene las mismas consecuencias retrasar la entrega de un medicamento de uso ocasional que interrumpir un tratamiento indispensable para controlar una enfermedad. Tampoco es igual resolver un faltante al día siguiente que mantenerlo pendiente durante semanas. Una evaluación seria del abastecimiento debe considerar esas diferencias.

La propia dirección general del Instituto anunció una estrategia para atender necesidades operativas en 277 hospitales. Entre los asuntos identificados están el surtimiento de recetas, la disponibilidad de insumos, la cobertura de personal y el mantenimiento de equipos médicos. El anuncio es relevante, aunque todavía hace falta conocer los resultados concretos de esas acciones.

Aquí aparece una responsabilidad que merece examinarse con mayor rigor. El abastecimiento no comienza cuando el paciente presenta su receta. Empieza mucho antes, cuando se calculan las necesidades de medicamentos, se programan las adquisiciones, se celebran contratos y se organiza la distribución.

Un medicamento puede faltar porque la demanda fue calculada incorrectamente, porque hubo retrasos en una contratación, porque un proveedor incumplió o porque la distribución no funcionó como estaba previsto. Cada posibilidad requiere una explicación distinta, pero todas obligan a revisar las decisiones administrativas que intervienen en el suministro.

Esta semana también se publicaron señalamientos periodísticos sobre posibles irregularidades y disputas relacionadas con las adquisiciones de medicamentos. Su gravedad exige información verificable sobre los procedimientos de compra, el cumplimiento de los proveedores y la distribución de los productos. Las acusaciones deben investigarse, pero las autoridades también tienen la obligación de responder a los cuestionamientos que involucran recursos destinados a la salud.

La dirección general del IMSS tiene una responsabilidad central en este asunto. Aunque en las compras y la distribución participen otras instancias, corresponde a la administración del Instituto identificar las deficiencias que afectan sus servicios, gestionar las soluciones necesarias y rendir cuentas sobre los resultados.

El presupuesto importa, desde luego. Sin recursos suficientes es difícil ampliar servicios, contratar personal o garantizar suministros. Pero disponer de presupuesto tampoco asegura que los medicamentos lleguen oportunamente. La calidad de la gestión administrativa determina cómo se utilizan los recursos y qué resultados producen.

Las protestas de los trabajadores han abierto una oportunidad para examinar estos problemas. Sería lamentable que toda la atención pública terminara concentrada en el porcentaje del incremento salarial y que, una vez alcanzado un acuerdo, las deficiencias denunciadas quedaran nuevamente pendientes.

Los trabajadores necesitan condiciones adecuadas para desempeñar sus funciones. Los derechohabientes necesitan medicamentos y atención oportuna. Ambas exigencias forman parte del funcionamiento de una institución cuya razón de ser es proteger la salud de sus asegurados.

El resultado de esta crisis no podrá medirse únicamente por el acuerdo que finalmente se firme con el sindicato. También tendrá que evaluarse por la capacidad de la administración para corregir las fallas que afectan los servicios médicos.

Aquí termina el texto, pero empieza tu reflexión. El IMSS reporta un surtimiento promedio del 94 por ciento. Es un resultado que debe evaluarse, pero también lo es el porcentaje que queda pendiente. La dirección del Instituto tiene la responsabilidad de explicar dónde se producen los faltantes, cuánto tardan en resolverse y qué está haciendo para corregirlos. Porque una receta contabilizada en un informe no equivale necesariamente a un tratamiento completo en manos del paciente.