¿Y A MÍ QUÉ?
116 años después, ¿qué país estamos dejando a nuestros hijos?
Hoy México conmemora 116 años del inicio de la Revolución Mexicana. Habrá desfiles, ceremonias y discursos para recordar una lucha que transformó los derechos sociales del país. Pero este 20 de noviembre también se celebra el Día Mundial de la Infancia, una coincidencia que nos enfrenta a una realidad incómoda: aproximadamente 14 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos todavía viven en pobreza.
La Revolución de 1910 expresó demandas de tierra, educación, trabajo y mejores condiciones de vida. Muchas encontraron reconocimiento en la Constitución de 1917, que convirtió importantes aspiraciones sociales en obligaciones del Estado. Más de un siglo después, corresponde preguntarnos qué tan efectivamente estamos cumpliendo aquellos compromisos.
De acuerdo con el INEGI, en 2024 el 38.7% de las niñas, niños y adolescentes vivía en pobreza multidimensional (cuando los ingresos son insuficientes para cubrir necesidades básicas y existe al menos una carencia social, como falta de acceso a salud, educación o vivienda). Entre la población total, el porcentaje era de 29.6%.
La mejoría es significativa. En 2018 la pobreza infantil alcanzaba el 50.3%; durante la pandemia aumentó al 52.6% y para 2024 descendió al 38.7%. Los incrementos salariales, las transferencias económicas y otras medidas de protección social forman parte de los cambios que deben analizarse para comprender esa evolución.
Sin embargo, el avance económico no cuenta toda la historia.
En 2018, el 14.3% de los menores de 18 años presentaba carencia de acceso a servicios de salud. En 2022 esa proporción alcanzó el 42.3% y, aunque disminuyó al 35.7% en 2024, permaneció considerablemente por encima del nivel registrado seis años antes.
Son aproximadamente 12.9 millones de menores sin acceso reconocido a servicios médicos, conforme a la medición oficial.
Durante ese periodo se modificó la organización sanitaria federal. En 2020 desapareció el Seguro Popular y comenzó a operar el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Posteriormente, este organismo fue extinguido y sus funciones se redistribuyeron, principalmente hacia IMSS-Bienestar.
El CONEVAL señaló factores relacionados con la transición institucional, la identificación del derecho a recibir atención y la emergencia sanitaria. El indicador mide acceso reconocido, no consultas rechazadas. Pero las autoridades deben demostrar, mediante datos sobre atención efectiva, disponibilidad de medicamentos y cobertura territorial, qué resultados ha producido la reorganización del sistema.
Una familia puede mejorar sus ingresos y dejar de ser clasificada en pobreza multidimensional, aunque continúe enfrentando carencias de salud. Por eso, la reducción de la pobreza y el acceso efectivo a los servicios públicos deben examinarse conjuntamente.
La desigualdad también afecta de manera particular a determinados sectores. UNICEF documentó que en 2022 el 82.3% de los menores de entre 3 y 17 años hablantes de alguna lengua indígena vivía en pobreza, frente al 43.7% de quienes no hablaban una lengua indígena.
Esta diferencia revela cuánto siguen influyendo las condiciones sociales y territoriales en las oportunidades de desarrollo.
También existen esfuerzos presupuestales que merecen reconocerse. UNICEF informó que la inversión pública destinada a la primera infancia, es decir, menores de seis años, pasó en pesos corrientes de 110 mil 758 millones en 2018 a 216 mil 560 millones en 2025, un incremento real del 41% descontada la inflación.
Es un avance importante, pero corresponde específicamente a ese grupo de edad. No permite conocer por sí solo cómo evolucionó la inversión para escolares y adolescentes, ni demuestra que el gasto haya corregido las dificultades de acceso a servicios médicos.
La discusión es oportuna. El pasado 11 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, por más de 10.6 billones de pesos.
El Anexo Transversal 18 identifica los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes. El proyecto original contemplaba aproximadamente 1.1 billones de pesos, distribuidos entre programas y servicios de distinta naturaleza.
Sin embargo, conocer el monto global no basta para determinar cuánto se orienta específicamente a mejorar la atención sanitaria infantil o reducir las desigualdades que enfrentan las comunidades indígenas. Es necesario revisar las asignaciones definitivas, sus objetivos y los resultados comprometidos por las dependencias.
En julio de 2025 también cambió la estructura institucional encargada de evaluar la política social: las funciones del CONEVAL fueron transferidas al INEGI. La autonomía constitucional del Instituto es relevante, pero medir las condiciones de pobreza y evaluar la eficacia de los programas gubernamentales son responsabilidades distintas que requieren capacidades técnicas y seguimiento efectivo.
México cuenta, además, con los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), mecanismo mediante el cual las dependencias atienden hallazgos derivados de evaluaciones. Hacienda actualizó sus lineamientos en junio de 2025, por lo que ya corresponde examinar cómo han funcionado dentro de la nueva organización institucional.
El ejercicio del presupuesto de 2027 permitirá comprobar si esos mecanismos se traducen en correcciones operativas y resultados verificables, o si permanecen como procedimientos administrativos cuyo cumplimiento formal no garantiza mejoras para la población.
La Secretaría de Hacienda y las dependencias ejecutoras tienen la obligación de rendir cuentas. En materia sanitaria, la Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar deben informar sobre acceso efectivo, consultas y disponibilidad de medicamentos. Para atender las desigualdades de la niñez indígena, las autoridades educativas, sanitarias y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas deben acreditar resultados en las comunidades con mayores carencias.
Estas evaluaciones también deben servir para fundamentar las decisiones del siguiente ciclo presupuestal. No basta con conocer las deficiencias; necesitamos saber qué se corrigió y cómo influyó en la asignación posterior de recursos.
El debate importa porque sus consecuencias llegan directamente a la economía familiar. Cuando una persona no consigue atención médica o medicamentos oportunamente en los servicios públicos, termina buscando alternativas privadas, pagando consultas, tratamientos o traslados, o posponiendo la atención por falta de recursos.
Para una familia con ingresos limitados, esos gastos pueden significar sacrificar alimentación, transporte u otras necesidades. Y cuando una enfermedad prevenible no recibe atención adecuada durante la infancia, sus consecuencias pueden acompañar a la persona durante años, con mayores costos familiares y públicos.
Hoy recordamos una Revolución que ayudó a convertir demandas sociales en derechos. La reducción de la pobreza infantil demuestra que México ha avanzado. Las carencias persistentes recuerdan que esos avances necesitan acompañarse de servicios públicos efectivos.
Aquí termina el texto, pero empieza tu conciencia. Honrar los ideales de justicia social exige algo más que discursos y ceremonias. El presupuesto de 2027 ya fue aprobado y existen mecanismos para evaluar sus resultados. Ahora corresponde exigir que las deficiencias identificadas produzcan correcciones comprobables. Porque el país que estamos dejando a nuestros hijos no se mide solamente por los derechos que reconoce, sino por los que efectivamente les garantiza.