¿Ya superemos qué?
@UTufigno
Indolente –y en el peor lugar-, Enrique Peña dijo en Guerrero que la sociedad mexicana debía superar la tragedia de Ayotzinapa. Me pregunto: ¿superar qué? ¿El dolor por la desaparición de 43 normalistas? ¿La angustia de los padres de no saber con certeza qué fue de sus hijos? ¿El coraje por la actuación de las policías y las autoridades estatales? ¿La ineptitud del gobierno federal de no dar una explicación lógica y coherente de las investigaciones? ¿La probable pérdida humana de 43 mexicanos que se los llevaron con vida? ¿La demanda de justicia? ¿Qué es lo que quiere Peña que supere la sociedad mexicana?
Han transcurrido un poco más de 70 días desde los hechos de Ayotzinapa y ahora se ve que la estrategia gubernamental dio un vuelco: del no saber qué hacer producto de la reacción tardía del gobierno federal, nos encontramos frente a la “estrategia del avestruz”, en la que se oculta la cabeza de la realidad y se ejerce control sobre la información pública a efecto de diluir su impacto mediático. Para ello, Peña cuenta con aliados en la mayoría de los medios de comunicación pero también con la ayuda de un ejército de “robots” operados por expertos en informática que pretenden contrarrestar la fluidez de las redes sociales.
A dos años de su llegada a Los Pinos –y a su “jacalito” de las Lomas, no le quitemos méritos a su esposa-, Peña Nieto se ve abrumado por los nulos resultados de su administración; tanto en materia económica, social, de derechos humanos, de seguridad, o en la que ustedes gusten, no se ve el “paraíso prometido” con el regreso del PRI. Eso sí, se ve más de lo mismo en versión remasterizada y un poco de gel. Peña apostó todo a la entrega de los recursos naturales y la bonanza nomás no llega.
El colmo es que mientras el precio internacional del petróleo viene a la baja y, por tanto, ha bajado el precio de las gasolinas en otras países, en México sigue a la alza, de tal suerte que en la frontera norte muchos prefieren comprar la gasolina con nuestros vecinos.
Y para echarle más leña al fuego, los fieles diputados al servicio de los intereses del hombre del copete sorpresivamente sacaron de la “congeladora” legislativa una vieja iniciativa que tiene como propósito restringir la expresión pública en las calles. Este dictamen, conocido como “Ley antimarchas”, realmente implica una reforma constitucional a los artículos 11 y 73 bajo el argumento de garantizar la “movilidad universal” como marco constitucional para restringir la protesta social mediante una Ley General de Movilidad, a imagen y semejanza de la Ley de Movilidad del Distrito Federal que, irónicamente, se publicó en la Gaceta Oficial el 14 de julio, aniversario de la Revolución Francesa.
La “Ley antimarchas” del DF exige avisar a la Secretaría de Seguridad Pública, con un mínimo de 48 horas de anticipación, la realización de cualquier tipo de concentración humana (libertad de reunión y asociación), la cual deberá tener un fin “perfectamente lícito” y no podrá llevarse a cabo en vías primarias de circulación. En contra de dicha ley diversos ciudadanos solicitaron un amparo, mismo que fue otorgado por la Jueza Segundo de Distrito en materia Administrativa, Paula García Villegas. Y aunque dicha resolución aún no es definitiva, voy a retomar aspectos esenciales que consideró la juzgadora para otorgar el amparo.
Para la jueza, quien sostiene su argumento con criterios de la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libre manifestación es “condición indispensable de prácticamente todas las demás formas de libertad como un prerrequisito para evitar la atrofia o el control del pensamiento y como presupuesto indispensable de las sociedades políticas, abiertas, pluralistas y democráticas”, por lo que al estar en presencia de un suceso que impacta a la opinión pública o cuando existe descontento social hay una necesidad inmediata de liberar la tensión social a través de la libre manifestación de las ideas. Incluso, la manifestación pública puede incluir expresiones cáusticas y sarcásticas sobre personajes públicos y políticas gubernamentales. Y concluye: “En una sociedad democrática, el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación”. Defendamos nuestro derecho.
