¿Yunque versión potosina?

Los antorchistas de San Luis Potosí han cumplido ya 37 días de plantón frente a las oficinas del doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador del estado. La responsabilidad absoluta de que el conflicto no se resuelva y, por el contrario, tienda a crecer y complicarse, corresponde a las autoridades estatales que han decidido usar una política cada vez más agresiva en contra de los potosinos que militan en el Movimiento Antorchista.
    Ya se ha informado oportunamente cómo, en lugar de responder con sensibilidad al elemental pliego petitorio que a nombre de miles de familias potosinas marginadas y empobrecidas le fue entregado por los dirigentes antorchistas, el gobierno ha convertido a la organización en blanco de una agresiva campaña mediática, compuesta de calumnias desaforadas e injustas, amenazas de desalojar el plantón y encarcelar a los dirigentes, vociferadas por sus corifeos a sueldo disfrazados de honorables representantes de la sociedad civil, que en nombre y en defensa del buen tráfico de automóviles, el turismo, las ventas al menudeo, los decibeles permitidos, la estética arquitectónica de la ciudad  (y ya nada más falta que en defensa de la digestión de las palomas que pululan en la plaza), piden juicio sumarísimo, desalojo inmediato y cárcel contra los manifestantes; a esta sucia y costosa guerra de papel le han agregado el recurso, indigno de quienes juraron respetar la Constitución y no hacer mal uso de los instrumentos policíacos que ésta autoriza para proteger a la población, de mandar un mensaje siniestro que adoptó la forma de allanamiento de un albergue estudiantil por un comando armado y vociferante, que irrumpió, a plena luz del día y en una zona muy vigilada, en un domicilio y dejó a los muchachos ahí presentes una amenaza de muerte contra el abogado Lenin Campos Córdova, principal líder antorchista en San Luis Potosí, sin que hubiera, como amerita el caso, a pesar de nuestra puntual denuncia ante el ministerio público y ante los funcionarios de gobernación, el despliegue policíaco y los resultados para encontrar a los responsables. ¡Claro -dijo alguien- Poncio no puede detener a Pilatos!
    No obstante esa agresividad oficial, la postura de nuestra organización ha sido la de atender los llamados a reunirnos con los negociadores del gobierno, a los que una y otra vez hemos presentado nuestro pliego petitorio, depurado y vuelto a depurar hasta su mínima expresión con el fin de tratar de encontrar una negociación medianamente aceptable.         El intento más reciente ocurrió el martes de la semana recién transcurrida, cuando fuimos convocados a una reunión con el licenciado Cándido Ochoa, secretario general de gobierno de San Luis Potosí, al que lista en mano y punto por punto le hicimos ver que la propuesta de solución que ellos hacen, además de ser insuficiente está confeccionada de tal modo que incluyen en ella obras no solicitadas por nosotros y que pretenden hacernos reconocer como si fueran respuestas positivas a nuestras demandas (por ejemplo, los campesinos piden semillas de maíz y frijol para siembra, y les ofrecen semilla de avena… en regiones sin vocación para esa siembra). El Lic. Ochoa nos dio la razón en ese punto, ordenó a sus colaboradores que se presentara una propuesta depurada de esas inserciones de obras y acciones no solicitadas y nos dio una nueva cita para el día siguiente, misma que ha sido diferida una y otra vez y hasta la fecha no se lleva a cabo. O sea, el clásico “manejo” para que nadie vaya a acusarlos de que se niegan a dialogar.
    A pesar de todo eso, la lucha va continuar, pues los antorchistas no estamos fabricando un conflicto para dañar a alguien sino obedeciendo estrictamente a la necesidad de luchar contra la pobreza, esa dolorosa y apremiante realidad de nuestros días, misma que daña y agravia a millones de mexicanos, muchos de ellos potosinos; Antorcha Campesina no es la responsable de que más de la mitad de la población de San Luis Potosí esté en la pobreza, lo que coloca a la entidad en el sexto sitio a nivel nacional en esa penosa materia; no es el antorchismo el culpable de que uno de cada tres potosinos no tenga servicios y cientos de miles de ellos estén verdaderamente desesperados, al grado de arriesgarse a ir a la cárcel por  actividades como vender víboras y otras especies en peligro de extinción a cambio de unas monedas.
    La fangosa campañita que nos acusa de ser unos abusivos que “pedimos mucho”, es sólo una prueba del grado de prostitución que padece cierta prensa venal, dispuesta a decir o callar lo que sea, aún lo más disparatado y sucio, siempre y cuando le paguen; de ninguna manera demuestra que estemos equivocados en nuestra exigencia de que se atiendan las necesidades de esas miríadas de personas injustamente marginadas y empobrecidas, ni que estemos solicitando canonjías personales, ni mucho menos pretendamos hacer un “Estado paralelo”, como escribió el lelo que difundió una “orden de trabajo” para que algunos de sus esbirros nos calumniaran. Lo único que estamos haciendo es ser consecuentes con nuestro papel de organización social que agrupa mayoritariamente a la gente que lucha contra su injusta condición de pobreza en México, que por cierto no es un país pobre sino que está ubicado en el décimo lugar de riqueza de todo el mundo, según informó hace poco la presidenta del FMI en la reunión de los veinte países más ricos del planeta, quien por cierto ”olvidó” agregar que es también uno de los que peor reparten la riqueza social. Por eso, los que quieran que ya no haya marchas, como la que llevarán a cabo 20 mil personas el próximo 15 de agosto por las calles de la capital potosina, harían bien en dejar de atacar y hasta desearles la muerte a los antorchistas, y sumarse a nuestra exigencia de que México se vuelva un país más equilibrado a la hora de repartir la riqueza producida por la naturaleza y el trabajo de los mexicanos. Enojarse con los antorchistas y perseguirlos porque exhiben estos problemas, es cometer una injusticia similar a la que cometían quienes mataban al mensajero cuando éste les traía malas noticias.
    Finalmente, cuando veo de qué manera los operadores del gobierno del doctor Fernando Toranzo, por iniciativa propia o porque así han interpretado las órdenes que reciben de sus superiores, han convertido un asunto elemental de negociación para aplicar políticas y recursos públicos -a lo que están obligados en función del mandato que recibieron al ser electo el actual gobernador-, en un conflicto que toma cada vez mayores dimensiones, no dejan de acudir a mi memoria el lenguaje lleno de calumnias, las operaciones agresivas y el encono -que incluyó cárcel para inocentes y homicidios de militantes nuestros- con que se desempeñaron en contra nuestra los miembros de la ultraderechaque estuvieron en el gobierno de Querétaro, del que por fortuna fueron sacados gracias al impacto que tuvieron en el voto popular las denuncias que durante seis años hicimos ante la opinión pública los antorchistas y otras víctimas que también tuvieron la entereza para resistir sus crímenes de Estado. Algunos me dicen que exagero y cometo un despropósito al hacer estas similitudes; que el gobernador de San Luis Potosí es un hombre demócrata y progresista, integrante de un partido que está a punto de volver a gobernar al país y está obligado a presentar a corto plazo resultados distintos a sus gobernados, incluidos los potosinos. Yo, sinceramente, deseo que tengan razón.