El recurso de queja fue promovido por Manuel Adrián Valdemar Patiño Ostoa, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), luego de que el secretario en funciones de juez federal del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México otorgara la medida cautelar a favor del exmandatario.
Tras la impugnación, el juzgado turnó el expediente a un Tribunal Colegiado, que deberá resolver en un plazo de 48 horas si la suspensión fue debidamente fundada o si debe revocarse, lo que abre nuevamente la posibilidad de cumplimentar la orden de captura.
Como parte del amparo promovido por Aureoles, el juez admitió su demanda y le concedió una suspensión provisional a cambio de una garantía de 52 mil pesos, medida que evita que sea privado de su libertad incluso si en su contra se llegara a imponer prisión preventiva justificada.
Esta protección se mantendrá vigente hasta la audiencia incidental, donde se definirá si se le otorga la suspensión definitiva.
La FGR sostiene que tanto Aureoles como cuatro de sus excolaboradores provocaron un daño patrimonial superior a 3 mil 400 millones de pesos, en perjuicio del erario federal y estatal, a través de la compra irregular de cuarteles en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña arremetió contra el secretario en funciones de juez que había concedido la suspensión en favor de Aureoles.
El presidente del Senado se refirió a él como “culebra” y mencionó que su resolución fue desproporcionada a comparación del daño causado por el exgobernador.
“Tiene un daño patrimonial de 3 mil 400 millones y le fijas 50 mil pesos de fianza […]. No tiene vergüenza el juez y Silvano”, declaró.
Fernández Noroña agregó que tanto Aureoles como el secretario en funciones de juez “se burlan” del sistema de justicia mexicano, por lo que es necesario que las autoridades intervengan.