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La Verdad del Sureste

Aborto legal en 23 estados, pero el acceso sigue siendo desigual en México

Veintitrés estados han despenalizado el aborto en México hasta junio de 2026, pero la organización Repara Lumea advierte que las diferencias en plazos, servicios e infraestructura entre entidades generan un acceso desigual para mujeres en situación de pobreza, comunidades indígenas y zonas rurales.


Hasta junio de 2026, 23 entidades despenalizaron el aborto en México, pero organizaciones advierten que plazos, infraestructura y pobreza limitan el acceso real.
Hasta junio de 2026, 23 entidades despenalizaron el aborto en México, pero organizaciones advierten que plazos, infraestructura y pobreza limitan el acceso real.

Veintitrés entidades federativas habían despenalizado el aborto en México hasta junio de 2026, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), pero la organización feminista Repara Lumea advierte que la eliminación de la criminalización no garantiza por sí sola que todas las mujeres puedan ejercer ese derecho en condiciones iguales.

El señalamiento se produce a cinco años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara por unanimidad inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, y en el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible.

Tabasco, entre los estados que reformaron su legislación en 2025

Durante 2025, Chihuahua, Nayarit, Campeche, Yucatán, Tabasco y Tlaxcala se sumaron al proceso de reformas para eliminar la criminalización del aborto, de acuerdo con la información difundida por Repara Lumea. Sin embargo, la organización subraya que las diferencias entre entidades en materia de plazos permitidos, causales, disponibilidad de servicios, infraestructura y rutas de atención determinan en la práctica si una mujer puede o no acceder a la interrupción del embarazo.

Esa brecha se profundiza, señala la organización, para quienes enfrentan condiciones de pobreza, para adolescentes, mujeres indígenas, personas con discapacidad y quienes viven en comunidades alejadas de los centros urbanos.

"No podemos hablar de igualdad cuando el acceso a un servicio de salud depende del estado en el que nació o vive una mujer, de cuánto dinero tiene o de si puede trasladarse cientos de kilómetros para recibir atención", señaló Flor Rodríguez, directora ejecutiva de Repara Lumea.

El respaldo jurídico de la Corte y sus alcances

El avance legal más relevante ocurrió en 2021, cuando la SCJN determinó por unanimidad que la criminalización absoluta del aborto vulneraba derechos fundamentales. En 2023, la Primera Sala del mismo tribunal declaró inconstitucional el sistema jurídico federal que criminalizaba el aborto voluntario y ordenó al Congreso de la Unión derogar las normas correspondientes. La Corte vinculó el derecho a decidir con la dignidad humana, la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la no discriminación y el derecho a la salud.

"El derecho a decidir no puede quedarse en una sentencia o en una reforma legislativa. Para que exista realmente, una mujer debe poder acceder a información, atención médica segura, oportuna, confidencial y libre de estigmas." — Flor Rodríguez, Repara Lumea

Para Repara Lumea, ese marco jurídico traslada la discusión del ámbito penal al de los derechos humanos, pero no resuelve por sí solo las barreras de acceso. "Obligar a una mujer a continuar un embarazo contra su voluntad implica desconocer su autonomía reproductiva y su proyecto de vida", afirmó Rodríguez.

Una dimensión de salud pública con cifras globales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se realizan alrededor de 73 millones de abortos inducidos en el mundo y que cerca del 45% ocurren en condiciones de riesgo. La OMS sostiene que el aborto es una intervención muy segura cuando se realiza con un método recomendado, adecuado a la duración del embarazo y con personal capacitado.

Desde esa perspectiva, Repara Lumea plantea que el aborto debe abordarse también desde la prevención, la educación sexual integral, el acceso a anticonceptivos y la atención sanitaria libre de prejuicios. "Criminalizar no resuelve las causas que llevan a una mujer a decidir interrumpir un embarazo", sostuvo Rodríguez.

La organización propone que una política integral contemple educación sexual basada en información científica desde edades tempranas, acceso gratuito a métodos anticonceptivos, servicios de aborto dentro del sistema de salud, información clara sobre derechos y rutas de atención, y atención libre de estigma y violencia institucional.

Con el 28 de septiembre como fecha de referencia, Repara Lumea llama a que los avances jurídicos de los últimos cinco años se traduzcan en servicios reales y accesibles, sin que el lugar de residencia, el nivel de ingresos o la posibilidad de trasladarse determinen si una mujer puede o no ejercer el derecho reconocido por los tribunales.

#TomaNota

  • Hasta junio de 2026, 23 entidades federativas habían despenalizado el aborto en México, según CONAPO.
  • Tabasco se sumó a las reformas durante 2025, junto con Chihuahua, Nayarit, Campeche, Yucatán y Tlaxcala.
  • La OMS estima que cerca del 45% de los 73 millones de abortos inducidos al año en el mundo ocurren en condiciones de riesgo.
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