Ciudad de México, 10 de marzo de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció su intención de impugnar la decisión de la jueza Elizabeth Galicia García, quien ordenó la liberación de Leslie “N”, conocida como “La Güera”, presunta operadora financiera del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, la institución informó que abrirá una investigación contra la jueza por su resolución, argumentando que esta pone en riesgo la seguridad nacional.
La detención de Leslie “N” ocurrió durante un cateo autorizado en un domicilio de Huandacareo, Michoacán, donde se encontraron diversas sustancias ilícitas, incluyendo metanfetamina, cocaína y mariguana. Según la FGR, la sospechosa intentó huir al momento de la intervención, lo que refuerza su postura sobre la legitimidad del procedimiento.
Sin embargo, la jueza determinó su liberación basándose en inconsistencias en los testimonios respecto a la hora exacta de ingreso al inmueble y la forma en que se realizó la inspección. La Fiscalía considera que estos argumentos son irrelevantes y que la resolución favorece de manera injustificada a la detenida. Ante esta situación, la FGR no solo impugnará el fallo, sino que abrirá una carpeta de investigación contra la jueza, acusándola de presunta violación a la administración de justicia. El caso ha generado un fuerte debate sobre el papel de los jueces en la lucha contra el crimen organizado y el nivel de exigencia en los procedimientos judiciales.
La controversia pone en el centro del debate la relación entre la autonomía judicial y la estrategia gubernamental contra el crimen organizado, mientras la sociedad y las instituciones observan con atención los próximos movimientos en este proceso legal.
La detención de Leslie “N” ocurrió durante un cateo autorizado en un domicilio de Huandacareo, Michoacán, donde se encontraron diversas sustancias ilícitas, incluyendo metanfetamina, cocaína y mariguana. Según la FGR, la sospechosa intentó huir al momento de la intervención, lo que refuerza su postura sobre la legitimidad del procedimiento.
Sin embargo, la jueza determinó su liberación basándose en inconsistencias en los testimonios respecto a la hora exacta de ingreso al inmueble y la forma en que se realizó la inspección. La Fiscalía considera que estos argumentos son irrelevantes y que la resolución favorece de manera injustificada a la detenida. Ante esta situación, la FGR no solo impugnará el fallo, sino que abrirá una carpeta de investigación contra la jueza, acusándola de presunta violación a la administración de justicia. El caso ha generado un fuerte debate sobre el papel de los jueces en la lucha contra el crimen organizado y el nivel de exigencia en los procedimientos judiciales.
La controversia pone en el centro del debate la relación entre la autonomía judicial y la estrategia gubernamental contra el crimen organizado, mientras la sociedad y las instituciones observan con atención los próximos movimientos en este proceso legal.
