Absuelven a 21 comuneros chontales por defender su territorio
Un tribunal en Oaxaca liberó a 21 indígenas chontales acusados por oponerse a proyectos turísticos en tierras comunitarias.
En un fallo calificado como histórico para los movimientos indígenas y ambientales, el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, absolvió a 21 integrantes del pueblo chontal —mujeres y hombres— quienes enfrentaban acusaciones derivadas de la defensa pacífica de su territorio ancestral frente a intentos de despojo para proyectos turísticos e inmobiliarios.
La resolución, emitida tras un prolongado proceso judicial de varios años, libera a la comunidad de la amenaza de condenas que podían alcanzar los 15 años de prisión, una reparación del daño por 55 millones de pesos y multas cuantiosas. El juez determinó que no existían elementos probatorios suficientes para sostener los cargos en su contra.
El conflicto: Defensa comunitaria vs. intereses económicos
El origen del caso se remonta al intento de apropiación de 1,452 hectáreas de playa y manglar en la comunidad de El Coyul, territorio que ha sido administrado y preservado por 221 familias organizadas en la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul desde su fundación en 1972.
Los comuneros denunciaron que, con el presunto aval de notarios públicos y funcionarios estatales, personas ajenas a la comunidad iniciaron maniobras para titular ilegalmente las tierras. El conflicto se agudizó cuando se revelaron planes de empresarios para destruir el ecosistema de manglar —vital para la pesca y la biodiversidad— y construir complejos hoteleros y residenciales.
“Nuestra resistencia siempre fue por la vida. Defender el manglar es defender nuestra fuente de alimento, nuestra cultura y nuestro futuro”, explicó uno de los comuneros absueltos, quien pidió reservar su nombre por temor a represalias.
La criminalización como estrategia de despojo
La acusación penal contra los 21 defensores es considerada por organizaciones de derechos humanos como un claro ejemplo de criminalización de la protesta social y la defensa del territorio. El proceso judicial fue utilizado como un mecanismo de presión para desgastar y dividir a la comunidad, obligándoles a dedicar recursos escasos a su defensa legal en lugar de a la protección de sus tierras.
“Este caso sigue el patrón documentado en todo el país: se judicializa y estigmatiza a los defensores para despejar el camino a proyectos económicos que vulneran los derechos colectivos”, señaló la abogada de una organización civil que acompañó el caso.
La organización comunitaria: El pilar de la resistencia
“No existían elementos probatorios suficientes para sostener los cargos”.
La Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul ha sido la columna vertebral de la resistencia. Su estructura colectiva, basada en usos y costumbres, permitió una defensa unificada y estratégica. “Sin nuestra organización, hubiéramos sido despojados hace años. La unión hace la fuerza, y la fuerza hace el derecho”, afirmó una de las mujeres líderes de la comunidad.
Marco legal: Los derechos territoriales indígenas en México
La sentencia se enmarca en un robusto, aunque frecuentemente ignorado, ordenamiento jurídico que protege los derechos indígenas:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2º): Reconoce el carácter pluricultural de la nación y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, autonomía y a la propiedad y posesión de sus tierras y territorios. Ordena al Estado proteger la integridad de dichas tierras.
- Convenio 169 de la OIT (Ley Suprema en México): Establece el derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada ante cualquier proyecto que afecte sus territorios o recursos, un procedimiento que los comuneros de El Coyul aseguran no se realizó.
- Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: Refuerza los estándares de autodeterminación, consentimiento y reparación.
- Legislación Ambiental: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la NOM-059-SEMARNAT protegen los manglares como áreas de valor ecológico crítico, lo que añade una capa de ilegalidad potencial a los proyectos planeados.
Un triunfo precario y la lucha continúa
Pese a la absolución, la comunidad se mantiene en alerta. Los defensores anticipan que los intereses empresariales podrían intentar impugnar el fallo mediante un recurso de amparo o reactivar otros mecanismos legales para afectar la tenencia de la tierra.
“Esta sentencia es un respiro, pero no el final. No bajaremos la guardia. Seguiremos monitoreando nuestro territorio y utilizando todas las herramientas legales para que El Coyul siga siendo de nuestras familias, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos”, declaró un portavoz de la Sociedad.
El caso de El Coyul se convierte así en un símbolo de la resistencia indígena contemporánea y un recordatorio de la brecha que existe entre el reconocimiento legal de los derechos colectivos y su implementación efectiva frente a poderosos intereses económicos. La absolución no solo reivindica a los 21 acusados, sino que envía un mensaje sobre la legitimidad de la defensa comunitaria del territorio y el medio ambiente.
#TomaNota
– Personas absueltas: 21 comuneros
– Territorio en disputa: 1,452 hectáreas
– Riesgo legal evitado: hasta 15 años de prisión
– Reparación del daño reclamada: 55 millones de pesos
– El fallo puede ser impugnado mediante amparo
