Ciudad de México.- Los trabajadores del Poder Judicial mexicano señalaron que, tras la aprobación del Senado de la República (Cámara Alta) de la reforma a este sector, acudirán a instancias internacionales para frenar la iniciativa, que busca, entre otras cosas, que jueces, ministros y magistrados sean electos por la población.
“Es momento de resistir y usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender la independencia judicial. No nos vamos a quedar en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial”, declaró la directora general de los Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) mexicana, Juana Fuentes.
Entre los organismos a los que se acercarán, Fuentes mencionó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“En este momento crucial, hacemos un llamado a la resistencia legal. No abandonaremos nuestros principios. La justicia no puede ser comprada, manipulada, ni cooptada. Vamos a luchar no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen”, subrayó la directora general de la Jufed en un mitin realizado afuera de la sede del Senado mexicano, ubicada en la zona centro de la Ciudad de México.
El siguiente paso para la reforma es que sea revisada y aprobada por los congresos de los 32 estados que conforman el territorio mexicano. Cuentan con solo 180 días para hacer cambios. El primero que ya dio el visto bueno fue el Poder Legislativo de Oaxaca, en el sur del territorio mexicano.
Si el dictamen judicial avanza tras obtener el voto de, al menos, 17 entidades federativas, se devolverá al Poder Ejecutivo, para se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y sea ley.
“Es momento de resistir y usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender la independencia judicial. No nos vamos a quedar en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial”, declaró la directora general de los Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) mexicana, Juana Fuentes.
Entre los organismos a los que se acercarán, Fuentes mencionó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“En este momento crucial, hacemos un llamado a la resistencia legal. No abandonaremos nuestros principios. La justicia no puede ser comprada, manipulada, ni cooptada. Vamos a luchar no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen”, subrayó la directora general de la Jufed en un mitin realizado afuera de la sede del Senado mexicano, ubicada en la zona centro de la Ciudad de México.
El siguiente paso para la reforma es que sea revisada y aprobada por los congresos de los 32 estados que conforman el territorio mexicano. Cuentan con solo 180 días para hacer cambios. El primero que ya dio el visto bueno fue el Poder Legislativo de Oaxaca, en el sur del territorio mexicano.
Si el dictamen judicial avanza tras obtener el voto de, al menos, 17 entidades federativas, se devolverá al Poder Ejecutivo, para se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y sea ley.
