Lemus propone APP de 25 años para acueducto Chapala-Guadalajara; Sheinbaum rechaza el modelo
El gobernador Pablo Lemus propone que una empresa privada construya y opere el acueducto Chapala-Guadalajara durante hasta 25 años, con pagos públicos que podrían llegar a 48,296 millones de pesos.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, envió el 8 de octubre al Congreso local una iniciativa de 29 páginas para construir un nuevo acueducto entre el Lago de Chapala y la Zona Metropolitana de Guadalajara bajo el esquema de asociación público-privada (APP). El contrato comprometería recursos públicos por hasta 48 mil 296 millones de pesos en un plazo de 25 años, según el documento revisado por el medio que publicó el reportaje.
La obra en sí está calculada en aproximadamente 12 mil millones de pesos. La diferencia entre esa cifra y el monto total del contrato corresponde a costos financieros, operación, mantenimiento y rehabilitación durante la vigencia del acuerdo. La iniciativa contempla dos opciones: un contrato de 20 años con pagos acumulados de hasta 39 mil 688 millones de pesos, o uno de 25 años que podría alcanzar los 48 mil 296 millones.
Cómo funcionaría el contrato y quién pagaría
Bajo el modelo propuesto, la empresa ganadora financiaría y construiría el acueducto, lo operaría y cobraría al Gobierno estatal durante el plazo pactado. La infraestructura permanecería en propiedad de la empresa mientras el Gobierno de Jalisco no termine de cubrir la inversión de construcción; después pasaría a la Comisión Estatal del Agua (CEA), aunque la empresa podría seguir operándola hasta el fin del contrato.
La CEA sería la responsable formal del acuerdo, pero la iniciativa reconoce que el organismo no tiene capacidad presupuestaria suficiente para cubrir los pagos por sí solo. Por eso contempla transferencias de la Secretaría de la Hacienda Pública estatal, la creación de fideicomisos y el uso de determinadas fuentes de ingresos públicos como garantía, entre ellas una parte de los recursos provenientes del Impuesto Sobre Nóminas. Los ingresos propios del SIAPA derivados del cobro por suministro de agua quedarían excluidos de esas garantías.
Si el contrato de 25 años se aprueba, sus obligaciones se extenderían hasta aproximadamente 2051, según el reportaje, lo que implicaría compromisos presupuestales para los gobiernos que sucedan a Lemus. El Gobierno estatal argumenta que no se trataría de deuda pública directa porque la empresa contrataría el financiamiento, aunque la iniciativa sí reconoce que existirían compromisos de pago a largo plazo sujetos a registro conforme a la legislación financiera.
Lemus afirma en la iniciativa que el modelo no privatizará el servicio de agua potable, no lo pondrá en concesión y no provocará aumentos de tarifas para los usuarios. Sin embargo, la propuesta sí implica que un particular participaría durante décadas en la construcción, la propiedad temporal, la operación y el mantenimiento de una infraestructura pública esencial. La iniciativa no incluye una comparación de cuánto costaría construir y operar el acueducto directamente con recursos públicos, sin recurrir a una APP.
Lo que el nuevo acueducto resolvería y lo que no
El actual acueducto Chapala-Guadalajara se construyó en 1984 y acumula décadas de desgaste, acumulación de materiales en sus paredes y pérdida de capacidad de transporte. El propio Gobierno de Jalisco reconoce en la iniciativa que la nueva infraestructura no incrementaría la cantidad de agua que Guadalajara tiene autorizada para extraer del Lago de Chapala; su función principal sería transportar el líquido de forma más eficiente y reducir el riesgo de interrupciones.
Para resolver el problema del agua sucia en los hogares también sería necesario atender las plantas potabilizadoras, las redes de distribución y los sistemas de saneamiento, aspectos que la iniciativa no aborda.
“Nosotros lo que no estamos de acuerdo es apoyar la privatización —de ningún— del servicio del agua.” — Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Sheinbaum rechaza el modelo y propone coordinación federal
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con el esquema de financiamiento durante su conferencia del 12 de octubre. Aclaró que su gobierno no se opone a las APP en general —el esquema CMRO se usa en proyectos carreteros—, pero trazó una distinción entre operar una autopista y dejar en manos privadas una infraestructura vinculada con el acceso al agua.
“El gobernador nos planteó un esquema de financiamiento que se llama 'CMRO', que funciona en carreteras. Desde nuestra perspectiva, en agua es distinto por lo que significaría la operación”, dijo Sheinbaum. La mandataria planteó buscar una solución conjunta con el Gobierno de Jalisco a través de la Comisión Nacional del Agua, con recursos públicos y sin mecanismos que, a su juicio, puedan privatizar el servicio.
Protesta, represión y escándalo nacional
El domingo anterior a la publicación del reportaje, miles de ciudadanos se manifestaron en los alrededores de Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador, en rechazo al agua contaminada y a una posible privatización. La protesta terminó en detenciones, uso de chorros de agua y gas contra manifestantes, incluidos niños y adultos mayores.
Lemus rechazó inicialmente que hubiera existido represión y atribuyó los disturbios a un supuesto grupo de choque. Después reconoció el uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas. Sheinbaum cuestionó la actuación policial y pidió esclarecer lo ocurrido. La relatora especial de la ONU sobre libertad de reunión también solicitó investigar las denuncias de abusos.
El Gobierno de Jalisco abrió investigaciones contra 17 policías por su actuación durante la marcha. Los detenidos fueron enviados inicialmente al penal de Puente Grande y posteriormente liberados, aunque algunos aún enfrentan causas penales abiertas, según el reportaje.
#TomaNota
- La iniciativa fue enviada al Congreso de Jalisco el 8 de octubre de 2026.
- El contrato de 25 años comprometería hasta 48 mil 296 millones de pesos en pagos públicos; el de 20 años, hasta 39 mil 688 millones.
- La construcción del acueducto está estimada en aproximadamente 12 mil millones de pesos.
- El Gobierno de Jalisco abrió investigaciones contra 17 policías por su actuación en la protesta del domingo previo.