Ángel Aguirre: represor, anti-AMLO y ligaduras con matanzas

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó este jueves 6 de agosto de 2026 una orden de aprehensión contra el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014. La institución señaló que la detención forma parte de un nuevo modelo de investigación y un reanálisis de las actuaciones del caso.

Una trayectoria construida entre el PRI, el PRD y episodios de violencia

Aguirre Rivero edificó su carrera dentro del PRI de los años ochenta y noventa. Entre 1981 y 1987 fue secretario particular y secretario de Gobierno del entonces gobernador Alejandro Cervantes Delgado. Posteriormente colaboró con José Francisco Ruiz Massieu como secretario de Desarrollo Económico y coordinador del Programa Nacional de Solidaridad en la Costa Chica, y entre 1993 y 1996 presidió el PRI en Guerrero. Su primera llegada a la gubernatura, en 1996, se produjo cuando su amigo y mentor Rubén Figueroa Alcocer solicitó licencia tras la masacre de Aguas Blancas, en la que campesinos fueron asesinados por agentes de la Policía Estatal en el municipio de Coyuca de Benítez.

Durante ese primer gobierno, el 7 de junio de 1998, alrededor de 300 soldados cercaron la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, donde campesinos indígenas se habían reunido con integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). El operativo dejó 11 muertos, cinco heridos y 22 detenidos. Testimonios de sobrevivientes recabados en su momento por el periodista Álvaro Delgado sostuvieron que varias víctimas fueron ejecutadas después de haberse rendido, señalamiento que nunca fue desvirtuado judicialmente.

Antes de esos hechos, Aguirre ya acumulaba señalamientos. En marzo de 1990, el desalojo violento de los palacios municipales de Ometepec y Cruz Grande —ocupados por militantes del PRD que denunciaban fraude electoral— dejó decenas de heridos, alrededor de un centenar de detenidos, al menos un muerto y dos personas desaparecidas, identificadas posteriormente como Andrés de la Cruz Zapacala y Daniel López Álvarez. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo expediente recoge que el Estado no desmintió la participación de Aguirre Rivero en los hechos ni las circunstancias alegadas en la denuncia.

Pese a ese historial, la corriente interna conocida como "Los Chuchos" lo lanzó como candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido al que se había sumado tras décadas en el PRI. El 7 de abril de 2005, como diputado federal priista, había votado a favor del juicio de procedencia para desaforar al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, lo que generó rechazo en sectores del movimiento lopezobradorista cuando Aguirre buscó presentarse como candidato de la izquierda.

El derrumbe: de la tormenta Manuel a la noche de Iguala

Su segundo gobierno estuvo marcado por una sucesión de crisis. El 12 de diciembre de 2011, apenas ocho meses después de asumir el cargo, un operativo de desalojo en la Autopista del Sol terminó con el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. El general Ramón Miguel Arreola Ibarra declaró posteriormente haber recibido la orden del gobernador de "limpiar la carretera", versión que Aguirre negó.

"Ni lo conozco, ni tengo deseos de conocerlo", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Ángel Aguirre Rivero en agosto de 2025.

En septiembre de 2013, mientras la tormenta tropical Manuel azotaba Guerrero y comunidades quedaban incomunicadas, el mandatario encabezaba una cena por el bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac. El 16 de septiembre un deslave sepultó parte de la comunidad de La Pintada, en Atoyac de Álvarez. Las imágenes de la cena, difundidas por el propio gobierno estatal, alimentaron acusaciones de negligencia que Aguirre rechazó, declarando que las críticas lo tenían "sin cuidado".

La noche del 26 de septiembre de 2014 resultó definitiva. Estudiantes de Ayotzinapa salieron hacia Iguala para conseguir autobuses con los que trasladarse a la Ciudad de México para las movilizaciones del aniversario del 2 de octubre. Durante varias horas fueron perseguidos y atacados: seis personas murieron, decenas resultaron heridas y 43 normalistas desaparecieron. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó en 2022 que los hechos constituyeron un "crimen de Estado" en el que concurrieron integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y agentes de distintas instituciones públicas, y estableció que alrededor de las 22:45 horas de aquella noche se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.

Bajo presión creciente, Aguirre solicitó licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, menos de un mes después de los ataques. Rogelio Ortega Martínez asumió la gubernatura interina. Hasta la fecha solo han sido identificados restos de tres de los 43 normalistas, y numerosas preguntas sobre el destino de los estudiantes y la actuación de autoridades de los tres niveles de gobierno permanecen sin respuesta.

La detención de este jueves coloca de nuevo bajo escrutinio el papel que tuvo el gobierno de Guerrero en las horas y días posteriores a la desaparición. La investigación de la FGR deberá determinar en qué medida las acciones atribuidas a Aguirre Rivero obstaculizaron el esclarecimiento de uno de los casos de derechos humanos más graves en la historia reciente de México.

#TomaNota

• 6 de agosto de 2026: la FGR ejecuta la orden de aprehensión contra Ángel Aguirre Rivero.
• Se le acusa de ordenar la destrucción de videos del Palacio de Justicia de Guerrero y evidencias del caso Ayotzinapa.
• Solo han sido identificados restos de 3 de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
• La Comisión para la Verdad concluyó en 2022 que los hechos constituyeron un "crimen de Estado".