Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada en caso Ayotzinapa

Un juez de control adscrito al centro de justicia del penal federal de máxima seguridad del Altiplano vinculó a proceso penal al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada de personas en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La resolución se dictó tras una audiencia de más de 15 horas en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó testimonios que, a juicio del juzgador, son suficientes para presumir la responsabilidad del ex funcionario.

El juez rechazó los 31 datos de prueba aportados por la defensa de Aguirre Rivero, entre ellos testimonios y documentos que buscaban acreditar que el ex mandatario se encontraba en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2014, reunido con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que por tanto no pudo haber recibido ni ordenado destruir evidencia en Guerrero.

Lo que sostiene la acusación de la FGR

La Fiscalía basó su acusación en los testimonios de dos testigos identificadas como Blanca N, ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), y Lambertina N, ex presidenta del mismo órgano judicial. Según la FGR, Blanca N sustrajo de la oficina de la presidencia del TSJG un sobre con un disco que contenía imágenes captadas por las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

En esas grabaciones, de acuerdo con la Fiscalía, se observaba la llegada a las inmediaciones del palacio de uno de los autobuses en que trasladaban a los normalistas, escoltado por personas armadas, algunas con uniforme y otras sin él. Las imágenes mostraban cómo los estudiantes fueron obligados a abordar otro autobús que partió con rumbo no precisado, siempre bajo escolta. La FGR consideró ese material como evidencia fundamental para identificar a los responsables y la ruta de huida.

Según los testimonios presentados, Blanca N entregó el sobre con el disco al ex gobernador Aguirre Rivero en la oficina de la gubernatura la noche del 29 de septiembre, tres días después de la desaparición de los normalistas. El ex mandatario, de acuerdo con la acusación, lo habría entregado al entonces procurador Iñaki Blanco con instrucciones de destruirlo, y horas después ordenó borrar o eliminar toda evidencia de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.

La FGR también señaló que el sobrino del ex gobernador, Ernesto Aguirre, quien fungía como su asesor, habría tenido conocimiento de los hechos desde el inicio, dado que mantenía vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Situación procesal y medidas cautelares

"Los gobiernos tienen una deuda con este crimen de Estado: saber dónde están los normalistas." — CDH Tlachinollan

El juez fijó un plazo de 120 días para la conclusión de la investigación complementaria y para que la defensa reúna las pruebas que presentará en el juicio, en el que Aguirre Rivero enfrentará los cargos en calidad de autor material del delito de desaparición forzada, tipificado como crimen de lesa humanidad. El ex gobernador permanecerá en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano; su defensa anunció que insistirá en modificar esa medida cautelar para que pueda seguir el proceso en prisión domiciliaria, argumentando el estado de salud del ex funcionario, de 70 años de edad.

Familias y organizaciones civiles ante la resolución

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan calificó la vinculación a proceso como "una gota de esperanza en un mar de misterios del caso" para las madres y padres de los 43 normalistas, quienes, según la organización, habían señalado al ex gobernador como responsable desde los primeros meses tras la desaparición. Una comisión de 10 familiares estuvo presente en el penal del Altiplano durante la audiencia; cinco más siguieron el proceso de manera virtual desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y otros realizaron un mitin en el antimonumento por los 43 en Chilpancingo.

Tlachinollan subrayó que la responsabilidad de las autoridades federales no concluye con esta vinculación: exigió que las investigaciones profundicen en el paradero de los 43 estudiantes, incluyendo la situación de 17 jóvenes que estuvieron detenidos en la barandilla municipal de Iguala, la entrega de 853 folios en poder del Ejército Mexicano con información que el organismo considera relevante para el caso, y la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y de Ulises Bernabé, ex juez de barandilla de Iguala. "Los gobiernos tienen una deuda con este crimen de Estado: saber dónde están los normalistas", afirmó la organización.

La vinculación a proceso se produce a casi 12 años de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, fueron privados de la libertad en Iguala y permanecen desaparecidos. El proceso contra Aguirre Rivero se suma a una investigación que involucra a múltiples actores —policiales, militares, políticos y del crimen organizado— cuya responsabilidad penal sigue siendo materia de litigio ante los tribunales federales.

#TomaNota

• 120 días es el plazo fijado por el juez para la investigación complementaria y la preparación de pruebas de la defensa.
• Aguirre Rivero permanece en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano; tiene 70 años de edad.
• La defensa presentó 31 datos de prueba; el juez los rechazó en esta etapa procesal.
• Tlachinollan exige la entrega de 853 folios del Ejército y la extradición de Tomás Zerón de Lucio y Ulises Bernabé.