Apoyos hermanos

En la laureada serie de televisión “Breaking Bad”, el poderoso distribuidor de metanfetaminas cubre su verdadera actividad bajo el disfraz de un próspero y honorable empresario (como debe ser) propietario de un negocio llamado “Pollos hermanos”. Dicho personaje goza del reconocimiento y confianza de las autoridades estatales (como debe ser) e incluso participa en programas en favor de la comunidad (como debe ser). Hasta que se descubre la verdad.
Todos los caminos llevan a Roma o, como dijeran los clásicos de la criminalística, hay que seguir la ruta del dinero. En nuestro caso, la ruta del dinero público lleva a ciertas empresas y empresarios beneficiarios del “perdón fiscal” de las autoridades hacendarias, pero también apunta a determinados periodistas favorecidos desde la presidencia vía contratos de publicidad, servicios y otros apoyos. Meros apoyos, hermanos. Diría que desde siempre, pero muy acusadamente desde el gobierno de Felipe Calderón, los grupos económicamente privilegiados se han visto favorecidos por una facultad presidencial: la posibilidad de que sus deudas fiscales sean perdonadas (condonadas), pariente cercana de la exención aunque más nociva pues ésta última se justifica bajo el argumento de la atracción de capitales de inversión. Ajá, como si las ganancias se quedaran aquí
Hace cinco años se calculaba que tan solo las exenciones fiscales costaban casi 140 mil millones de dólares anualmente a los gobiernos, cantidad suficiente para lograr las metas de combate a la pobreza, educación y salud. Ahora sumemos, en el caso mexicano, los cientos de miles de millones de pesos perdonados a los grandes contribuyentes en los últimos dos sexenios. ¿Perciben el origen de nuestros limitados servicios de salud pública?
Esos beneficiarios del “perdón fiscal” encubren sus omisiones a través de, por ejemplo, acciones “filantrópicas” que resultan insuficientes para resarcir el daño al erario pero suficientes para encontrar la paz consigo mismos si es que algún remordimiento tienen. No obstante, es justo reconocer que algunas exenciones pueden justificarse, como cuando los contribuyentes viven en una región afectada por un fenómeno natural, si bien la cifra importante de “perdonados” se ubica entre quienes obtienen mayores ganancias.
Para empeorar el anterior panorama, agregaremos que, de acuerdo con datos de la OCDE, organización que está fuera de sospecha de simpatizar con los gobiernos de izquierda, “las empresas multinacionales pagan 5% de impuestos sobre sus ingresos, mientras que las pequeñas empresas pagan aproximadamente un 30%”. Dicha desigualdad fiscal se explica, entre otras razones, por las exenciones y condonaciones a su alcance más las múltiples triquiñuelas legales que explotan con la adecuada –y costosa- asesoría contable.
Cualquiera que sea la forma que elijan los prósperos y honorables empresarios, lo indudable es el desfalco a las arcas públicas. Curiosamente, es este segmento de la actividad económica el que más se duele de los programas sociales: -¿por qué se le va a regalar dinero a los “ninis”, los ancianos o las madres solteras? Ah, pero cuando reciben condonaciones de impuestos son “apoyos” para mantener la planta productiva.
No por nada han evitado a toda costa que sus nombres sean revelados, por lo que han preferido mantenerse en el anonimato para que su identidad –y su cotización en la Bolsa de Valores- no sufra demérito alguno. Han tramitado, incluso, juicios de amparo en contra de las autoridades que pueden dar a conocer la información. Porque antes los protegían descaradamente desde la propia Secretaría de Hacienda.
Cuando José Antonio Meade era titular de Hacienda durante el gobierno de Calderón, un día invitó a comer a varios comisionados del entonces IFAI, incluida la Comisionada Presidenta. Había entonces una solicitud de información pública para saber quiénes habían sido beneficiados con el “perdón fiscal” y los montos respectivos.
La respuesta proyectada por el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar era favorable a la apertura, lo que disgustó a Meade quien -según reveló esta semana el ex comisionado- lo amenazó de manera directa: “yo le sugerí al presidente que los metan a la cárcel” (por violar el secreto fiscal). Los comisionados se quedaron fríos.
La lucha por la transparencia en materia fiscal parece haber ganado la batalla con el fin del “perdón fiscal” vía decreto presidencial, así como también parece haber terminado el uso de recursos públicos para moldear la opinión pública a través de periodistas y columnistas pagados, quienes aún deben muchas explicaciones.