VILLAHERMOSA, TABASCO, 26 DE OCTUBRE DE 2010.- Con 30 votos a favor y cuatro en contra, el Congreso aprobó cinco solicitudes de contratación de créditos a igual número de ayuntamientos tabasqueños por un monto de 265 millones 465 mil 579 pesos, endeudamiento que deberán saldar las administraciones municipales contratantes dos meses antes de que concluya su periodo en diciembre de 2012.
El diputado del PRD, Juan José Peralta Fócil, subió a la tribuna para exponer tres razones por las cuales votaría en contra del dictamen; primero, porque esa fue la directriz que marcó la dirigencia nacional cuando se discutió la reforma constitucional en materia de deuda pública, porque era un “preludio de lo que ahora está sucediendo”. Segundo, autorizar a los ayuntamientos contratar deuda no es la solución, sino lo deseable hubiera sido que se hubiera aprobado su propuesta de incrementar del 22 al 25 por ciento las participaciones que reciben del gobierno estatal, porque eso les daría de golpe 400 millones de pesos adicionales y no habría la necesidad de endeudar la hacienda pública municipal.
Sin embargo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside la priista Marcela González, “asestó un duro golpe” a las finanzas municipales al rechazar esa propuesta presentada en el pleno, cuando en los municipios enfrentan serios problemas de liquidez y “mejor opten en decirles que si no tienen dinero que contraten deuda pública y comprometan el Ramo 33”.
Tampoco ha bajado al pleno el resarcimiento el dictamen aprobado por esa comisión en el que Finanzas hará a los ayuntamientos que paguen el impuesto del dos por ciento sobre nómina, es decir, les devolverá el dinero, pero no se trata de ninguna aportación adicional de recursos.
Tercero, no se ha definido muy bien el concepto de “inversión productiva” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y expuso que una inversión productiva es aquella obra que permite pagar su propio crédito y citó como ejemplo una carretera de peaje.
Peralta Fócil señaló que aprobar empréstitos a los ayuntamientos de Cárdenas, Centro, Centla, Balancán, Comalcalco y Nacajuca, “no es la solución adecuada, solo se gana en liquidez temporal pero se pierde margen de maniobra, porque toda deuda, por muy bajo que sea el interés, tiene un costo financiero”.
Además, cuestionó que al Ayuntamiento de Centro se le haya autorizado contratar un crédito por 60 millones de pesos cuando en el primer periodo ordinario de sesiones se le autorizó uno por 460 millones, con lo que dejará hipotecado al municipio.
Yo espero que para el próximo año, en el primer periodo ordinario de sesiones, no le vayan a aprobar otro préstamo al alcalde Jesús Alí de la Torre; “se está hipotecando el municipio”, dijo Peralta Fócil, por lo que hizo un llamado al edil “que analice bien las cosas, luego tenemos puentes en Paseo Tabasco y si eso es inversión productiva habría que reflexionarlo mucho”.
En defensa del dictamen, subió el diputado del PRI, Fernando Valenzuela Pernas, quien aclaró que no se trata de un asunto de deudas, sino se trata en realidad de que les adelanten a los alcaldes el 25 por ciento de sus participaciones federales que van a recibir durante su gestión municipal de un fondo destinado exclusivamente para infraestructura social.
El diputado del PRD, Juan José Peralta Fócil, subió a la tribuna para exponer tres razones por las cuales votaría en contra del dictamen; primero, porque esa fue la directriz que marcó la dirigencia nacional cuando se discutió la reforma constitucional en materia de deuda pública, porque era un “preludio de lo que ahora está sucediendo”. Segundo, autorizar a los ayuntamientos contratar deuda no es la solución, sino lo deseable hubiera sido que se hubiera aprobado su propuesta de incrementar del 22 al 25 por ciento las participaciones que reciben del gobierno estatal, porque eso les daría de golpe 400 millones de pesos adicionales y no habría la necesidad de endeudar la hacienda pública municipal.
Sin embargo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside la priista Marcela González, “asestó un duro golpe” a las finanzas municipales al rechazar esa propuesta presentada en el pleno, cuando en los municipios enfrentan serios problemas de liquidez y “mejor opten en decirles que si no tienen dinero que contraten deuda pública y comprometan el Ramo 33”.
Tampoco ha bajado al pleno el resarcimiento el dictamen aprobado por esa comisión en el que Finanzas hará a los ayuntamientos que paguen el impuesto del dos por ciento sobre nómina, es decir, les devolverá el dinero, pero no se trata de ninguna aportación adicional de recursos.
Tercero, no se ha definido muy bien el concepto de “inversión productiva” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y expuso que una inversión productiva es aquella obra que permite pagar su propio crédito y citó como ejemplo una carretera de peaje.
Peralta Fócil señaló que aprobar empréstitos a los ayuntamientos de Cárdenas, Centro, Centla, Balancán, Comalcalco y Nacajuca, “no es la solución adecuada, solo se gana en liquidez temporal pero se pierde margen de maniobra, porque toda deuda, por muy bajo que sea el interés, tiene un costo financiero”.
Además, cuestionó que al Ayuntamiento de Centro se le haya autorizado contratar un crédito por 60 millones de pesos cuando en el primer periodo ordinario de sesiones se le autorizó uno por 460 millones, con lo que dejará hipotecado al municipio.
Yo espero que para el próximo año, en el primer periodo ordinario de sesiones, no le vayan a aprobar otro préstamo al alcalde Jesús Alí de la Torre; “se está hipotecando el municipio”, dijo Peralta Fócil, por lo que hizo un llamado al edil “que analice bien las cosas, luego tenemos puentes en Paseo Tabasco y si eso es inversión productiva habría que reflexionarlo mucho”.
En defensa del dictamen, subió el diputado del PRI, Fernando Valenzuela Pernas, quien aclaró que no se trata de un asunto de deudas, sino se trata en realidad de que les adelanten a los alcaldes el 25 por ciento de sus participaciones federales que van a recibir durante su gestión municipal de un fondo destinado exclusivamente para infraestructura social.
