Arcoíris 4-T
La mayoría de quienes leen esta colaboración ya habían nacido cuando la Organización Mundial de la Salud tuvo la “genial inspiración” de desaparecer del cuadro de enfermedades mentales a la homosexualidad (17 de mayo de 1990).
A partir de dicha fecha, los días 17 de mayo se conmemora la eliminación de esta prejuiciosa forma de discriminación que ha afectado a millones de personas al tener que permanecer ocultas por temor a expresar su identidad sexual.
Aunque cada año más países se suman a la conmemoración y al efecto llevan a cabo acciones en pro del reconocimiento de derechos plenos de las personas con otra orientación sexual, en más de 70 naciones se considera delito y en al menos seis existe la pena de muerte para estos grupos de personas.
Nuestro país se sumó sesgadamente a las conmemoraciones oficiales en 2010, pero previamente ya habían existido antecedentes legislativos y judiciales que caminaban en mejor sentido. En 2006 se expidió en el Distrito Federal la Ley de Sociedades de Convivencia donde por primera vez se reconocieron derechos a las parejas conformadas por personas del mismo sexo.
Posteriormente, en diciembre de 2009 se modificó el Código Civil del Distrito Federal para dar una mayor amplitud de derechos a las parejas del mismo sexo mediante la reformulación del concepto tradicional de matrimonio: de ser la unión de un hombre y una mujer, pasó a ser la unión de dos personas y “otorgó a las parejas homosexuales los mismos derechos que a las parejas homosexuales”.
Dicha reforma legislativa no fue del agrado de la entonces empanizada Procuraduría General de la República, cuyo titular interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para solicitar la invalidez de la reforma al Código Civil. Tal y como debe ser en un asunto de esta naturaleza, el espinoso asunto fue llevado al Pleno de la Corte donde se resolvió declarar la constitucionalidad de la norma cuestionada.
De entre las argumentaciones de los ministros se afirmó, por ejemplo, que en un estado plural y democrático de derecho lo que se protege es la familia como realidad social existente, cualesquiera que sean “sus formas y manifestaciones”.
Por la misma razón, se afirmó, es incorrecto suponer que el matrimonio o la familia sean conceptos inmutables ya que la realidad es cambiante.
Para rebatir parte de los argumentos del entonces Procurador, la Corte puntualizó que si en épocas anteriores las personas homosexuales permanecían ocultas por la estigmatización social hacia ellas y ni siquiera era pensable o reconocible su existencia, menos aún el carácter de legal de las relaciones o uniones que establecieran. Dicho lo anterior, las buenas conciencias del blanquiazul oraron por la condena eterna de los ministros que votaron “contra la naturaleza”.
En junio de 2015 la Primera Sala de la Suprema Corte emitió una inusual “jurisprudencia genérica” en relación con la inconstitucionalidad de la figura del matrimonio excluyente de las parejas del mismo sexo; agregó la Sala que como la procreación no constituye la finalidad del matrimonio, no hay razón que justifique que éste sea heterosexual. La Sala fue precisa en señalar que cualquier ley de cualquier estado, contraria a este criterio, es inconstitucional.
Por supuesto, detrás de las decisiones de la Corte y las reformas legislativas está la lucha de activistas, personas defensoras de derechos humanos y agraviadas por la limitación de sus derechos.
Al Estado lo que le corresponde es reconocer y dar garantías para el ejercicio de los derechos de todos por igual. En sentido opuesto, autores como el filósofo John Finnis catalogan aquéllos logros como mera “ideología gay” -o ideología de género- contraria a la naturaleza.
El viernes pasado, en su conferencia mañanera, Andrés Manuel se atrevió a hacer lo que ningún presidente se había atrevido: sostener la bandera del arcoíris al lado de representantes de la comunidad que representa la diversidad sexual en México.
A la imagen, que por sí misma manda un poderoso mensaje, se acompañaron las palabras del presidente que anunciaron la expedición de un decreto para declarar al 17 de mayo de cada año como “día nacional de la lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia”.
Razones sobran: todas las personas nacemos libres e iguales en derechos y dignidad, más allá de nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género.
