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  • Jueves 26 de Febrero de 2026

Auditoría exhibe corrupción en contratos de estados y municipios

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Ciudad de México, 21 de marzo de 2025.- La Auditoria Superior de la Federación (ASF) advirtió que entidades y municipios realizan de manera sistemática adjudicaciones directas con un elevado número de empresas no localizadas, factureras o empresas de reciente creación.
Así lo informó Emilio Barriga Delgado, auditor especial de Gasto Federalizado de la ASF, en reunión de trabajo con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, donde detalló que 422 municipios reportaron información a la ASF, de casi 25 mil contratos, por más de 16 mil millones de pesos, y 85% fueron contratos por adjudicación directa, y un número muy reducido por invitación restringida o licitación pública.
Y esto no fue diferentes en los gobiernos estatales siendo un foco rojo el que contraten empresas con creación muy reciente.
“(En el caso de los municipios) 37 contratos con empresas no localizadas por el SAT, esto ya es un foco amarillo, tirando a foco rojo, un contrato con una empresa facturera, 172 contratos con empresas de reciente creación.
Ese es un patrón también que se repite de manera sistemática, tanto a nivel estatal, como a nivel municipal, hemos encontrado casos donde entra en funciones un funcionario estatal, un funcionario municipal, o una administración estatal y una administración municipal, y contratan empresas que se crearon, literalmente, tenemos casos con días de anticipación”, detalló.
También expuso que el año pasado, los Estados reportaron información de casi 100 mil contratos de adquisiciones, casi 8 mil contactos de obra pública y más de un millón 200 mil facturas de gastos diversos.
Finalmente, señaló que el monto por aclarar del gasto federalizado es de 40 mil 801 millones de pesos: 22 mil 797 millones de pesos a las entidades federativas; 15 mil 835 millones de pesos a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México; 1 mil 217 millones de pesos a las dependencias de la Administración Pública Federal; 611 millones de pesos a universidades públicas estatales; y 122 millones de pesos a institutos tecnológicos.