Autocensura para sobrevivir: el periodismo que no se publica en el centro de México

Borrar el nombre de una organización criminal, retrasar una publicación, evitar transmitir en vivo desde una escena o decidir no acudir a un hallazgo: mujeres periodistas que trabajan en Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Los Altos de Jalisco describieron a la investigadora Myrna Susana Gómez una serie de modificaciones sistemáticas a su trabajo que no responden a criterios editoriales sino al cálculo del riesgo personal. La investigación fue publicada el 2 de octubre de 2026.

Las periodistas entrevistadas —identificadas con seudónimos por razones de seguridad— no pertenecen a una misma redacción ni operan en territorios con niveles idénticos de violencia, pero describieron patrones coincidentes: dejaron de transmitir ciertos eventos en vivo, evitan acudir solas a zonas de riesgo, esperan horas antes de publicar información delicada, sustituyen nombres específicos de grupos criminales por expresiones genéricas y reciben materiales de manera anónima en lugar de desplazarse a las escenas. Algunas notas dejaron de llevar firma. Existen investigaciones que nunca fueron publicadas.

El costo invisible: información que no llega a la sociedad

La investigación sostiene que este fenómeno —que la autora prefiere llamar "adaptación editorial bajo coerción" antes que autocensura, pues el término puede sugerir una decisión tomada en libertad— produce una consecuencia que los registros de agresiones difícilmente capturan: la historia que dejó de hacerse. Cuando una reportera deja de acudir a una ejecución, desaparece un testigo independiente. Cuando elimina el nombre de una organización criminal para protegerse, se pierde una pieza que podría ayudar a reconstruir públicamente la evolución de la violencia. El vacío resultante suele ser llenado por comunicados institucionales y fotografías oficiales, convirtiendo la versión de la Fiscalía en la única reconstrucción disponible de un hecho.

ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México durante 2025 y advierte de estructuras que generan un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión, señalando que la violencia no proviene exclusivamente de actores criminales: también intervienen autoridades, poderes políticos y económicos. La misma organización documentó, en mayo de 2026, un escalamiento de hostigamientos y amenazas contra Samuel Roa Botello, periodista y director de un medio en la Huasteca potosina, con participación de actores políticos y empresariales, y señaló haber registrado 16 indicadores de censura en San Luis Potosí durante 2025.

Asesinatos que enseñan sin necesidad de sentencia

La investigación reconstruye casos concretos que, según las periodistas entrevistadas, se incorporaron como conocimiento práctico al oficio. El 9 de noviembre de 2020, Israel Vázquez Rangel, reportero de El Salmantino, fue asesinado en Salamanca cuando se disponía a iniciar una transmisión en vivo para cubrir el reporte de restos humanos; ARTICLE 19 documentó que recibió alrededor de diez impactos de bala. Una semana antes, el 1 de noviembre de 2020, había desaparecido Víctor Manuel Jiménez Campos; sus restos fueron identificados en junio de 2024 dentro de un pozo abandonado en Villagrán. El 4 de agosto de 2024, Alejandro Martínez Noguez fue asesinado a balazos en Villagrán mientras regresaba de cubrir un accidente vial, acompañado por elementos municipales asignados a su protección; los escoltas resultaron heridos. ARTICLE 19 había documentado en noviembre de 2022 que un hombre armado llegó al domicilio de Martínez preguntando por él, episodio tras el cual el periodista tuvo contacto con el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La autora precisa que el hecho de que una víctima sea periodista no permite establecer automáticamente que una agresión estuvo relacionada con su profesión —esa relación debe investigarse—, pero señala que entre quienes continúan reporteando el efecto preventivo aparece incluso antes de que exista una sentencia que establezca el móvil.

En ciudades pequeñas, el agresor puede vivir a tres calles

"Sacrificas la inmediatez, pero te mantienes viva para tu familia." — Natalia, periodista de Celaya (seudónimo)

Los Altos de Jalisco presentan una dinámica distinta a la de los grandes centros urbanos: la persona sobre la que se escribe puede conocer dónde vive la reportera, qué vehículo utiliza y cuáles son sus recorridos cotidianos. El estudio Periodismo y Derechos Humanos en Jalisco: el desafío autoritario, publicado como parte de la Colección de Estudios en Derechos Humanos, documentó un caso en Lagos de Moreno en el que un empleado del gobierno municipal pidió por WhatsApp a una reportera que dejara de investigar y publicar información que perjudicaba al presidente municipal. El análisis advierte que en ciudades pequeñas la proximidad entre periodistas y quienes ejercen presión favorece procesos de autorregulación y censura. La periodista involucrada terminó dejando de publicar información relacionada con el hostigamiento.

Género como factor adicional de riesgo

Las periodistas entrevistadas describieron violencias que no pueden entenderse únicamente desde su profesión. María Martínez, periodista de investigación de Aguascalientes con más de dos décadas de trayectoria, relata que investigaciones suyas dejaron de aparecer bajo su nombre con el argumento de protegerla: "Muchas veces mis notas de investigación ni siquiera fueron firmadas porque me decían: 'Eres mujer y te puede pasar algo'. Mi historia fue borrada por ser mujer". Posteriormente, mientras investigaba posibles vínculos entre autoridades y delincuencia organizada, describe amenazas que escalaron hasta un secuestro exprés, incursiones armadas y, finalmente, desplazamiento forzado. "Abandonar a tu familia es el dolor más grande", declaró.

La autora también forma parte del mapa

Myrna Susana Gómez Vázquez, autora de la investigación, revela que en 2019 ejercía el periodismo en Guanajuato y ese año recibió amenazas y sufrió agresiones vinculadas con su labor informativa. CIMAC documentó amenazas, actos de intimidación, allanamiento a su domicilio y un ataque armado atribuido a integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima; los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. El Mecanismo Federal de Protección determinó su extracción del estado y su reubicación en San Luis Potosí junto con sus dos hijas. En junio de 2022 fue retirado el alojamiento que formaba parte de sus medidas de protección; CIMAC documentó que durante aproximadamente un año no existió seguimiento efectivo a distintas medidas acordadas. El conflicto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el amparo en revisión 394/2025 cuestionó el plazo legal utilizado para desechar un recurso de inconformidad mediante el cual buscaba revisar decisiones del Mecanismo. El 9 de julio de 2026, el Pleno de la Suprema Corte resolvió mantener la constitucionalidad de ese plazo y estableció que las personas periodistas pueden solicitar nuevamente la revisión de sus medidas y una evaluación de riesgo cuando cambien sus circunstancias. Para entonces habían transcurrido casi siete años desde las agresiones que provocaron su desplazamiento.

La investigación concluye que el indicador más difícil de medir no es el número de periodistas agredidos, sino la historia que la sociedad nunca supo que pudo haber conocido. Cuando una periodista debe escoger entre la información que podría obtener y la posibilidad de regresar viva con su familia, el fenómeno deja de poder describirse únicamente como inseguridad: se convierte en una restricción material a la libertad de expresión.

#TomaNota

• ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra periodistas y medios en México durante 2025.
• La organización registró 16 indicadores de censura en San Luis Potosí durante 2025.
• El 9 de julio de 2026, la Suprema Corte resolvió el amparo en revisión 394/2025 sobre el Mecanismo Federal de Protección a periodistas.
• Los restos del periodista Víctor Manuel Jiménez Campos, desaparecido el 1 de noviembre de 2020, fueron identificados en junio de 2024 en Villagrán, Guanajuato.