González García señaló que la principal aportación en la materia serán las sanciones y penalidades que se impondrán a los servidores públicos que violen los tabuladores aprobados por el Congreso. (Foto: Tomás Rivas)
La legisladora del PRI, dijo que se procurará que en enero del próximo año esté listo el proyecto de ley para que baje al pleno el 15 de febrero, fecha en que inicia el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo.
En marzo, cuando se aprobó la reforma constitucional en materia de salarios, el Congreso se había comprometido a sacar la ley reglamentaria en este mes, pero eso ya no ocurrió.
González García señaló que la principal aportación en la materia serán las sanciones y penalidades que se impondrán a los servidores públicos que violen los tabuladores aprobados por el Congreso.
“Estamos poniéndonos de acuerdo sobre el grado de las sanciones y de las penas. Algunos consideran que deben ir al Código Penal, otros que no, que deben estar en el cuerpo de la ley, y nosotros creemos que, si nos ponemos de acuerdo, en enero debemos tener el proyecto y bajarlo el 15 de febrero.”
En ese sentido, manifestó que ningún servidor público “se puede servir con la cuchara grande, si alguien se sube el sueldo y cobra diferente a lo que está tabulado, eso significa que será sujeto a sanciones.” Es lo que va a salir, es lo que va a traer la ley, sanciones a quien viole los tabuladores, agregó la legisladora, y aseguró que no hay ningún problema si la ley reglamentaria se apruebe en febrero.
“La reforma consitucional que hicimos en marzo hace que sea vigente este año, no relacionado con los topes de salario, por eso ya los presupuestos traían los tabuladores de salarios”, explicó y que una vez que se apruebe en febrero de inmediato entrará en vigor.
Sobre la percepción salarial que recibirán los consejeros electorales y los magistrados electorales, González García señaló que los entes autónomos y los otros poderes “tienen libertad para asignar esa parte con los parámetros que marcó la Constitución local”. No se trata, aclaró, que el Congreso les haya autorizado un dispendio, sino que ellos tienen facultades por ley para asignarse el salario que tienen dentro de los parámetros que marca la Constitución, nada más que no rebasen el sueldo del gobernador.
