Posteriormente, el 18 de junio de 1991, Pemex firmó un convenio de adhesión al fideicomiso 5239-3, en el cual Banca Serfín era la responsable de ejercer los derechos del cobro de peaje, administrar las utilidades del proyecto y recibir los recursos para la construcción y mantenimiento.
La construcción de la Autopista del Sol concluyó en 1993; fue inaugurada por Carlos Salinas de Gortari y su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, gobernador de Guerrero. Pero la inyección de dinero de Pemex a esta obra privada, que cobra uno de los peajes más caros del mundo, no generó ninguna ganancia a la paraestatal. Por el contrario, poco después de que se puso en marcha, el 22 de junio de 1994, Pemex y el Ficolavi firmaron un convenio de cesión de derechos. Todas las operaciones descritas se hicieron en absoluto secretismo.
En 1997, tras el decreto oficial del rescate carretero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de ese año, las constructoras asociadas en la Autopista del Sol fueron incluidas en el padrón de beneficiarios; nunca se habló del capital accionario de Pemex.
Durante su gestión como director Corporativo de Finanzas, Juan José Suárez Coppel recibió la instrucción de la contraloría interna para gestionar la reincorporación de esa inversión a los fondos de Pemex, y de muchas otras adquisiciones o acciones en similares fondos carreteros. Nunca lo hizo, incluso, la SFP recibió denuncias en su contra por tal incumplimiento (expediente SO/043/07).En cambio, Banca Serfín emprendió un litigio contra la paraestatal por incumplimiento de las reglas del fideicomiso. Bajo el argumento litigioso, Suárez Coppel blindó por 12 años toda la información relacionada con la participación de Pemex en el F-5239-3.Durante la expropiación del gobierno para el rescate carretero, la banca privilegió los derechos de GMD y sus socios ICA y Triturados Basálticos, y dejó fuera a Pemex a pesar de ser una de las principales accionistas en la Autopista del Sol. Tan sólo por esta inversión, las pérdidas estimadas ascienden a más de 1 mil 300 millones de pesos.
Ana Lilia Pérez/Contralínea
