En las primeras horas del 19 de Febrero de 2006 se produjo una enorme explosión en las entrañas de la mina de carbón de Pasta de Conchos de Grupo México, en Coahuila, que provocó un hundimiento a lo largo de 2,8 km del pozo número ocho, atrapando a 65 mineros a centenares de metros bajo tierra.
Después de tan sólo cinco días de rescate, cuando las familias se encontraban a pocos metros de distancia de sus seres queridos atrapados. Grupo México y el Gobierno mexicano no únicamente detuvieron las operaciones de rescate, desconectando la electricidad e imposibilitando así toda búsqueda, sino que también impidieron realizar una investigación adecuada de la causa del hundimiento de la mina, que en opinión de muchos se debió a condiciones de seguridad ilegales.
Casi cinco años después, los cuerpos de 63 de los 65 mineros que murieron en Pasta de Conchos siguen sepultados, y el Gobierno mexicano no ha investigado ni perseguido judicialmente a los responsables. Y no se ha indemnizado debidamente a sus viudas ni a sus familias.
Desde 2006, el Gobierno mexicano ha intensificado sus ataques ilegales y violentos contra el Sindicato de Mineros mexicano (SNTMMSRM/Los Mineros), el sindicato que pidió justicia por el “homicidio industrial” en Pasta de Conchos y la recuperación de los cuerpos de los mineros.
Desde febrero de 2006, el Gobierno mexicano ha violado sistemática y reiteradamente la ley mexicana y las normas internacionales, en un intento de aplastar al Sindicato de Mineros mexicano. El secretario general del sindicato, elegido democráticamente, ha sido obligado a dirigir el sindicato Los Mineros desde el exilio en Canadá, pues el Gobierno mexicano y Grupo México continúan una parodia de proceso legal contra él. El dirigente sindical de Los Mineros Juan Linares está encarcelado desde diciembre del 2008; se le ha ofrecido liberarle inmediatamente a cambio de denunciar a su sindicato y al secretario general. Y el Sindicato de Mineros mexicano no es el único. Los otros pocos sindicatos independientes que tratan de mejorar la vida de los trabajadores mexicanos también son atacados cada vez más. En octubre de 2009, el presidente Calderón utilizó un decreto del ejecutivo para disolver el segundo distribuidor más importante de energía eléctrica del país, con lo que también despidió a sus 44.000 trabajadores, y disolvió el sindicato creado 95 años antes, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Los opresores de los 30.000 empleados técnicos y profesionales de PEMEX, la compañía petrolera estatal, sacaron con violencia de sus lugares a todo el comité ejecutivo de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros (UNTyPP), que había logrado el reconocimiento sindical oficial el 19 de noviembre de 2009, tras varios años de lucha. Después de esa exitosa batalla jurídica, la dirección de la compañía informó a los miembros del nuevo sindicato que si querían conservar sus empleos tendrían que firmar dos documentos: uno solicitando la anulación del registro del sindicato, y otro renunciando al sindicato.El Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tyre de México (SNTGTM) se ha enfrentado a fuertes esfuerzos antisindicales de Continental Tire, quien trabajo con las autoridades laborales para imponer un sindicato de empresa. Los trabajadores de locutorios dirigidos por Atento (propiedad de Telefónica) enfrentaron en Julio una represión violenta de parte de matones de empresa y policías cuando intentaron botar fuera el sindicato de empresa y afiliarse al Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana (STRM). La intervención del Gobierno, utilizando a la policía contra el Sindicato de Telefonistas (STRM-UNT) cuando trató de organizar a los trabajadores en una compañía de telemarketing, Atento, es otro caso de clara violación de los derechos de los trabajadores y de ataques a un sindicato independiente y democrático en México.
Después de tan sólo cinco días de rescate, cuando las familias se encontraban a pocos metros de distancia de sus seres queridos atrapados. Grupo México y el Gobierno mexicano no únicamente detuvieron las operaciones de rescate, desconectando la electricidad e imposibilitando así toda búsqueda, sino que también impidieron realizar una investigación adecuada de la causa del hundimiento de la mina, que en opinión de muchos se debió a condiciones de seguridad ilegales.
Casi cinco años después, los cuerpos de 63 de los 65 mineros que murieron en Pasta de Conchos siguen sepultados, y el Gobierno mexicano no ha investigado ni perseguido judicialmente a los responsables. Y no se ha indemnizado debidamente a sus viudas ni a sus familias.
Desde 2006, el Gobierno mexicano ha intensificado sus ataques ilegales y violentos contra el Sindicato de Mineros mexicano (SNTMMSRM/Los Mineros), el sindicato que pidió justicia por el “homicidio industrial” en Pasta de Conchos y la recuperación de los cuerpos de los mineros.
Desde febrero de 2006, el Gobierno mexicano ha violado sistemática y reiteradamente la ley mexicana y las normas internacionales, en un intento de aplastar al Sindicato de Mineros mexicano. El secretario general del sindicato, elegido democráticamente, ha sido obligado a dirigir el sindicato Los Mineros desde el exilio en Canadá, pues el Gobierno mexicano y Grupo México continúan una parodia de proceso legal contra él. El dirigente sindical de Los Mineros Juan Linares está encarcelado desde diciembre del 2008; se le ha ofrecido liberarle inmediatamente a cambio de denunciar a su sindicato y al secretario general. Y el Sindicato de Mineros mexicano no es el único. Los otros pocos sindicatos independientes que tratan de mejorar la vida de los trabajadores mexicanos también son atacados cada vez más. En octubre de 2009, el presidente Calderón utilizó un decreto del ejecutivo para disolver el segundo distribuidor más importante de energía eléctrica del país, con lo que también despidió a sus 44.000 trabajadores, y disolvió el sindicato creado 95 años antes, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Los opresores de los 30.000 empleados técnicos y profesionales de PEMEX, la compañía petrolera estatal, sacaron con violencia de sus lugares a todo el comité ejecutivo de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros (UNTyPP), que había logrado el reconocimiento sindical oficial el 19 de noviembre de 2009, tras varios años de lucha. Después de esa exitosa batalla jurídica, la dirección de la compañía informó a los miembros del nuevo sindicato que si querían conservar sus empleos tendrían que firmar dos documentos: uno solicitando la anulación del registro del sindicato, y otro renunciando al sindicato.El Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tyre de México (SNTGTM) se ha enfrentado a fuertes esfuerzos antisindicales de Continental Tire, quien trabajo con las autoridades laborales para imponer un sindicato de empresa. Los trabajadores de locutorios dirigidos por Atento (propiedad de Telefónica) enfrentaron en Julio una represión violenta de parte de matones de empresa y policías cuando intentaron botar fuera el sindicato de empresa y afiliarse al Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana (STRM). La intervención del Gobierno, utilizando a la policía contra el Sindicato de Telefonistas (STRM-UNT) cuando trató de organizar a los trabajadores en una compañía de telemarketing, Atento, es otro caso de clara violación de los derechos de los trabajadores y de ataques a un sindicato independiente y democrático en México.
La rabia y la energía de lucha de las masas tunecinas pierden el miedo, al descubrir un poder que ignoraban poseer
Un pueblo inesperado derroca a un tirano
El 17 de diciembre de 2010, la inmolación voluntaria de un vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, quien se prendió porque la policía le había confiscado su carreta y sus productos, da paso a los primeros disturbios. La población de Sidi Bouzid se identifica con aquel drama personal y se subleva.
Los enfrentamientos se extienden a varias regiones y, posteriormente, alcanzan la capital tunecina. La Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) y un colectivo de abogados organizan manifestaciones, sellando así –sin hacerlo a propósito– la alianza entre las clases populares y la burguesía alrededor de una organización estructurada.
El 28 de diciembre, el presidente Ben Ali trata de recuperar el control de la situación. Visita al joven Mohamed Buazizi en el hospital y se dirige esa misma noche a la nación. Pero su discurso televisivo expresa su ceguera. Ben Ali denuncia a los manifestantes como extremistas y agitadores a sueldo y anuncia una represión feroz. Lejos de calmar las cosas, su intervención convierte la revuelta popular en insurrección. El pueblo tunecino ya no denuncia solamente la injusticia social sino el poder político.
En Washington se dan cuenta de que -nuestro agente Ben Ali- ha perdido el control de la situación. En el Consejo de Seguridad Nacional, Jeffrey Feltman y Colin Kahl consideran que es hora de deshacerse del dictador ya desgastado y de organizar la sucesión antes de que la insurrección se convierta en una verdadera revolución, o sea antes de que ponga en tela de juicio el sistema.
Se decide entonces movilizar a los medios de difusión, en Túnez y en el mundo, para limitar la insurrección. Se trata de dirigir la atención de los tunecinos hacia los problemas sociales, la corrupción de la familia Ben Ali y la censura de prensa. Todo con tal de evitar el debate sobre las razones que llevaron a Washington a poner a Ben Ali en el poder hace 23 años y a protegerlo mientras se apoderaba de la economía nacional.
El 30 de diciembre, el canal privado Nessma TV desafía al régimen con la transmisión de reportajes sobre los disturbios y organizando un debate sobre la necesaria transición democrática. Nessma TV es propiedad del grupo italo-tunecino de Tarak Ben Ammar y Silvio Berlusconi. Los indecisos captan inmediatamente el mensaje: el régimen se tambalea.
Simultáneamente, expertos estadounidenses, así como serbios y alemanes, son enviados a Túnez para canalizar la insurrección. Son estos expertos quienes, manipulando las emociones colectivas, tratan de imponer consignas en las manifestaciones. Siguiendo la técnica de las supuestas “revoluciones” de colores, elaborada por la Albert Einstein Institution de Gene Sharp, estos expertos dirigen la atención hacia el dictador para así evitar cualquier debate sobre el futuro político del país. Aparece así la consigna ¡Ben Ali, lárgate!
Bajo la denominación Anonymous, el ciberescuadrón de la CIA –ya utilizado anteriormente contra Zimbabwe e Irán– hackea varios sitios web oficiales tunecinos e introduce en ellos un mensaje de amenaza en inglés.
Los tunecinos siguen desafiando al régimen de forma espontánea, lanzándose masivamente a las calles y quemando estaciones de policía y establecimientos pertenecientes a la familia de Ben Ali. Algunos lo pagarán incluso con su sangre. Desorientado y patético, el dictador sigue sin entender lo que sucede. El 13 de enero, Ben Ali ordena al ejército disparar contra la multitud, pero el jefe del Estado Mayor de las fuerzas terrestres se niega a hacerlo. El general Rachid Ammar, ya en contacto con el general William Ward, comandante del AfriCom, anuncia personalmente al presidente Ben Ali que Washington le ordena huir.
En Francia, el gobierno del presidente Sarkozy no ha sido prevenido de la decisión estadounidense y no ha analizado los diferentes cambios de casaca. La ministra de Relaciones Exteriores, Michele Alliot-Marie, se propone salvar al dictador enviándole consejeros en materia de orden público y equipamiento para que pueda mantenerse en el poder mediante procedimientos más limpios. El viernes 14 se fleta un avión de carga. Cuando terminan en París los trámites de aduana, ya es demasiado tarde. El envío de ayuda ya no es necesario. Ben Ali ha huido.
En Washington y Tel Aviv, en París y en Roma, sus antiguos amigos le niegan el asilo. Va a parar a Riyadh (capital de Arabia Saudita), no sin haberse llevado consigo 1,5 toneladas de oro robado del Tesoro público tunecino.
Te puedes documentar e informar en nuestra página www.cnee-sur.net y enviar tus comentarios y colaboraciones a: [email protected] ó [email protected]
