LA BARRENA

Los recientes acontecimientos de violencia suscitados el pasado 26 de septiembre en las inmediaciones de Iguala, en el estado de Guerrero, donde estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, fueron agredidos por un grupo de policías municipales, en coordinación con personas vestidas de civil, dejando como saldo 7 personas muertas, 25 heridas y 43 desaparecidos.
    El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, y las autoridades estatales permitieron que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el director de Seguridad Pública, Francisco Salgado Valladares, huyeran del estado para no enfrentar a la justicia. El PRD tardó “una semana” en expulsar de sus filas al presidente municipal y solo pidió una “disculpa” por no haberlo investigado antes, a pesar de tener conocimiento de sus vínculos con la delincuencia organizada desde que fue designado candidato en 2012. Ahora, como chivos expiatorios, han sido detenidos 22 policías municipales, quienes presuntamente participaron en la matanza y desaparición de los estudiantes y con este acto de heroísmo, el gobierno pretende dar carpetazo al asunto.
    Estos lamentables hechos han despertado el hartazgo de la sociedad mexicana, ante un Estado deteriorado y desmembrado por la impunidad de los gobernantes y sus grupos de poder.
    La fórmula que ha caracterizado al Estado mexicano cuando alguien opina diferente a él, ha sido siempre responder con la violencia para que nadie cuestione su mandato.
    A continuación recordemos algunos lamentables hechos que han marcado la historia de nuestro país:
    46 años de la Matanza de estudiantes perpetrada por elementos del ejército mexicano, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
    43 años del “Halconazo”, en la matanza de estudiantes a manos de paramilitares, ocurrida el 10 de junio de 1971 en la ciudad de México, en el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez.
    19 años de la matanza de 17 campesinos, el 28 de junio de 1995, a manos de elementos de la policía estatal motorizada, en Aguas Blancas, Guerrero. En tiempos del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
    17 años de la masacre de 45 personas en el poblado de Acteal, en el estado de Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.  Donde hace unos días a Ernesto Zedillo se le brindo total inmunidad en Estado Unidos debido a su carácter de exjefe de Estado.
    5 años de la muerte de 49 niñas y niños, y 76 heridos como saldo por el incendio en la Guardería ABC en Sonora, el 5 de junio de 2009. Provocado para quemar papeles que comprobaban el desvío de recursos del exgobernador Eduardo Bours.
    3 años de la masacre de 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas. Encontrados en fosas clandestinas en abril del 2011.
    Tenemos un Estado mexicano que exonera al ex presidente del PRI en el Distrito Federal -Cuauhtémoc Gutiérrez-, por encabezar una Red de Prostitución; mientras que el pasado 27 de junio detuvo al Vocero de las Autodefensas michoacanas -Dr. José Manuel Mireles Valverde-, a quien un Juez Penal Federal le dictó auto de formal prisión, por el “grave” delito de defender a su familia y a su  pueblo.
    Llevamos 3 años de que un Senador de la Republica promoviera la recomendación 061/2011, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que el gobierno de Tabasco, ocho municipios, Pemex y Conagua, repararán los daños y afectaciones provocadas por las inundaciones en Tabasco. El entonces Senador y ahora gobernador del estado, junto con las dependencias involucradas, hasta la fecha han omitido acatar dicha recomendación.
    La memoria de las y los mexicanos no puede Perdonar ni Olvidar esta masacre, así como las que a lo largo de la lucha, por la reconstrucción de un tejido social desgarrado en nuestro país, han dejado un camino lleno de dolor, sangre y sufrimiento a quienes hoy exigimos:
¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!